Uno de los argumentos más insólitos que se manejan en relación a la justicia dominicana para aplaudir la dejación de nuestra soberanía, es aquel que plantea que, como nosotros no somos capaces, bien está que su administración quede en manos de los Estados Unidos. Y me parece insólito el argumento que, igualmente, sirve para aplicárselo […]
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Uno de los argumentos más insólitos que se manejan en relación a la justicia dominicana para aplaudir la dejación de nuestra soberanía, es aquel que plantea que, como nosotros no somos capaces, bien está que su administración quede en manos de los Estados Unidos. Y me parece insólito el argumento que, igualmente, sirve para aplicárselo a cualquier país latinoamericano porque así nuestra justicia no sea confiable, aún lo es menos la justicia en los Estados Unidos.
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Al margen del cine «jolibudense» en el que los abogados del Diablo siempre acaban en el Infierno y el crimen paga sus culpas, las «películas» de la vida real suelen tener muy distintos resultados.
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Mal puede servir de ejemplo una justicia clasista y racista en la que un negro (a no ser que se apellide Simpson) tiene diez veces más posibilidades de salir condenado por un mismo delito que un blanco de apellido anglosajón, como no puede servirnos de guía una justicia que respalda la pena de muerte y la aplica, incluso, a menores de edad y retrasados mentales, casi siempre negros o latinos.
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Ya me dirán qué credibilidad puede merecer una justicia que tolera el asesinato de su presidente y remite a 66 años vista el esclarecimiento de un magnicidio que sirvió para desconocer la «sagrada» voluntad popular en un encubierto golpe de Estado. Expediente, por cierto, repetido hasta la saciedad en un país que siempre ha enterrado a sus presidentes asesinados bajo la misma lápida: «muerto a manos de un hombre perturbado, que actuaba solo, al servicio de nadie». Ni la blanqueada página de Balaguer en el caso del crimen de Orlando Martínez puede competir en blancura con la nívea página de Kennedy.
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Mal puede servirnos de ejemplo una justicia que respalda y aplaude la tortura, que condecora a los torturadores, que se cree en el derecho de pasar por encima de las justicias de otros soberanos países y que no tolera que los principios jurídicos a aplicar a cualquier ciudadano del mundo, sirvan para enjuiciar a sus ciudadanos y militares.
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Una justicia que condena a 30 años a cinco cubanos empeñados en prevenir el terrorismo que Estados Unidos practica contra Cuba, mientras tenía paseándose por las calle de Miami a terroristas como Luis Posada Carriles, capaz de volar un avión de pasajeros y provocar la muerte de 74 personas, y a quien, finalmente, parece que va a encausar por un delito de migración. ¿De qué justicia entónces hablan? ¿De la que se vale y avala supuestos acuerdos nacionales con países ocupados y presidentes títeres, para seguir disponiendo de territorios como Guantánamo en base a un acuerdo a «perpetuidad» efectuado hace más de un siglo? ¿De la que sigue sin esclarecer el asesinato del escritor James Hatfield, autor de una biografia sobre Bush y cuyo cadáver apareció tirado en su apartamento tras su supuesto suicidio? ¿Del asesinato del periodista (premio Pulitzer) Gary Webb, que había denunciado el escándalo conocido como Irán-Contras y cuyo cadáver apareció con dos tiros en el rostro tras su supuesto suicidio?
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Y todavía hay algún idiota que se cree el cuento de la bondad de la justicia estadounidense porque una pensionada de Cincinati demandó con éxito a su alcalde por resbalar en una calle de esa ciudad luego de pisar una cáscara de guineo y romperse la cadera.
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