Hoy se cumplen 32 años del asesinato a sangre fría de 73 personas indefensas a bordo de un avión de pasajeros de Cubana de Aviación sobre las aguas de Barbados. Treinta y dos años de impunidad para Luis Posada Carriles, el autor intelectual del siniestro acto terrorista que se deleita con la protección de la […]
Hoy se cumplen 32 años del asesinato a sangre fría de 73 personas indefensas a bordo de un avión de pasajeros de Cubana de Aviación sobre las aguas de Barbados. Treinta y dos años de impunidad para Luis Posada Carriles, el autor intelectual del siniestro acto terrorista que se deleita con la protección de la Casa Blanca y anda libre en las calles de Miami, a pesar de la abrumadora evidencia y de la solicitud de extradición presentada por Venezuela.
Otro aniversario se suma a éste. El mes pasado los cinco cubanos que descubrieron en Estados Unidos los detalles de la campaña terrorista dirigida por Posada Carriles contra la isla caribeña cumplieron 10 años de injusta detención en cárceles de alta seguridad. Los Cinco habían penetrado la red de Miami y acumulado la evidencia necesaria para que la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) arrestara a los culpables de las bombas que estallaron en La Habana en 1997. El gobierno cubano proporcionó la evidencia a la FBI, pero en vez de arrestar a los terroristas, el 12 de septiembre de 1998 el Buró Federal arrestó a los Cinco.
En esa fábula oscura dibujada en Washington, los Cinco cubanos son espías, Luis Posada Carriles es un patriota, y Venezuela pertenece, junto a Cuba, al eje del mal. Es una incoherente inversión de la realidad. La Casa Blanca dibuja una fábula mentirosa con el pincel del fiscal.
Manipulados y politizados impropiamente, los fiscales han olvidado que su deber principal es hacer justicia. El propio Departamento de Justicia concluyó hace sólo una semana que el procurador general ilegalmente despidió a varios fiscales en una purga durante 2006, porque éstos se rehusaron a seguir la línea política de sus superiores. Los casos de los Cinco y de Posada son el otro lado de la moneda: aquí unos fieles fiscales bajo las órdenes de la Casa Blanca traicionan la justicia, manipulan el proceso jurídico y encarcelan a los inocentes, mientras protegen al culpable.
La realidad es que no existe evidencia de espionaje contra los Cinco, y hay abundante evidencia de terrorismo contra Posada. Los propios cables que ha desclasificado la CIA dicen que Posada Carriles le adelantó a la Agencia en Caracas un mes antes de la voladura del avión: «vamos a golpear a un avión cubano». Por supuesto, Washington no le advirtió ni a Cuba ni a Venezuela del próximo acto terrorista. Los dos autores materiales, Hernán Ricardo y Freddy Lugo, confesaron. Ricardo admitió que su jefe era Luis Posada Carriles, y que había recibido 25 mil dólares para volar el avión. El cálculo es 342.47 dólares por cada vida segada.
Los Cinco fueron enjuiciados en Miami. Sin evidencia que habían tratado de obtener información secreta del gobierno, un tribunal en Miami condenó a tres de ellos por conspiración para cometer espionaje. Gerardo Hernández recibió una doble cadena perpetua; le imputan también un cargo de conspiración para cometer homicidio, pese a que la propia fiscalía pidió retirar el cargo por falta de evidencia. Antonio Guerrero y Ramón Labañino fueron sentenciados a una cadena perpetua. Fernando González recibió 19 años y René González 15. Miami está tan prejuiciada contra la Revolución cubana que solamente ahí es capaz un tribunal de condenar sin evidencia a cinco personas inocentes.
La fiscalía y la jueza lo saben, y por eso se opusieron vigorosamente al cambio de sede. Ése es el punto principal que la defensa en los próximos días le pedirá a la Corte Suprema que revise. Mientras tanto, los Cinco siguen injustamente presos, y Posada libre.
El terrorista no se mantiene calladito en Miami. Incita a sus seguidores, en público, a levantar «el filo del machete» contra Cuba. Las autoridades, por supuesto, no impiden estos llamamientos a la violencia.
Para entorpecer la extradición a Venezuela, la fiscalía de Estados Unidos lo procesa por mentiroso. No por asesino o terrorista. La estrategia legal es montar un teatro para esquivar los 73 cargos de homicidio pendientes en Caracas. Los fiscales saben que si el tribunal lo condena por fraude inmigratorio, la máxima sentencia que le puede imponer la jueza son 12 meses de prisión. Debido a que Posada estuvo preso 18 meses anteriormente, el gobierno no podría encarcelarlo.
Es el terrorista preferido de la Casa Blanca. La CIA lo entrenó, lo dirigió, le pagó y ahora lo protege.
En su discurso de hace dos semanas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente George W. Bush dijo que ninguna causa puede justificar quitar la vida a las personas inocentes, y que las naciones civilizadas no deben amparar a los terroristas.
Sin embargo, las acciones de Washington son incoherentes con las palabras del presidente. Una guerra contra el terrorismo no puede librarse a la carta. No hay terroristas buenos y terroristas malos.
Al desatender la solicitud de extradi-ción de Luis Posada Carriles, Washington viola el derecho internacional: el tratado de extradición con Venezuela, la Convención sobre Actos Terroristas en contra de la Aviación Civil, y la resolución 1373 de Naciones Unidas que prohíbe a una nación dar albergue a un terrorista.
Al condenar a los Cinco cubanos en Miami sin evidencia alguna, Estados Unidos viola su propia Constitución y los derechos civiles de estas personas. Por su valiente lucha contra el terrorismo, los Cinco merecen ser condecorados: no condenados. Por su cobarde historial de terrorismo, Posada merece ser extraditado y procesado: no protegido.
Venezuela no descansará en esta lucha hasta que Estados Unidos libere a los Cinco. Hasta que extradite a Posada a Caracas. Hasta que respete el derecho internacional. Hasta que respete la soberanía nacional de los demás países. Hasta que cese su filosofía de la explotación, de la guerra y del terror. Hasta que termine este teatro perverso.
* Abogado. Representa al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Su despacho está en Washington, DC.