Diversas informaciones recientes están dejando en evidencia el control que está ejerciendo la administración Bush sobre el sistema judicial estadounidense. El pasado viernes 19 de enero la cadena de televisión independiente Democracy Now informaba que funcionarios del Departamento de Justicia estaban presionando a la fiscal de San Diego, Carol Lam, para que renuncie. La televisión […]
Diversas informaciones recientes están dejando en evidencia el control que está ejerciendo la administración Bush sobre el sistema judicial estadounidense. El pasado viernes 19 de enero la cadena de televisión independiente Democracy Now informaba que funcionarios del Departamento de Justicia estaban presionando a la fiscal de San Diego, Carol Lam, para que renuncie. La televisión señala que expertos legales dicen que esta acción es inaudita, ya que Lam nunca fue acusada de mala conducta mientras desempeñó su cargo. Se da la circunstancia de que Lam estuvo a cargo del proceso por corrupción contra Duke Cunningham, el ex congresista republicano que fue encarcelado. Lam se centró en la corrupción pública y los crímenes corporativos. Según la agencia Associated Press al menos once fiscales estadounidenses han renunciado desde el año pasado, cuando se desarrolló una disposición de la Ley Patriota de Estados Unidos que autoriza al Fiscal General estadounidense a designar nuevos sustitutos sin la confirmación del Senado.
La injerencia del gobierno en el sistema judicial ha llegado incluso a que el fiscal general Alberto Gonzáles, llegase a afirmar que los jueces federales no están cualificados para emitir fallos sobre asuntos relacionados con la política de seguridad nacional y siempre deben acatar la voluntad del gobierno y del Congreso cuando presiden casos de este tipo. Gonzáles hizoestas afirmaciones en un discurso dirigido al Instituto Estadounidense de la Empresa el pasado miércoles 17 de enero.