Una vez derrotada la investidura derechista de Núñez Feijó y comprobado su insuficiente respaldo parlamentario, se ha iniciado el proceso de negociaciones del complejo campo progresista, democrático y plurinacional para la investidura alternativa del socialista Pedro Sánchez para la presidencia del gobierno, junto con un pacto, al menos mínimo, para el inicio de la legislatura bajo un Gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y la coalición electoral Sumar.
Un acuerdo de investidura y gobernabilidad básico y a medio plazo
Dada la composición parlamentaria y el papel determinante de los grupos nacionalistas periféricos, particularmente vascos (PNV y EH-Bildu) y catalanes (ERC y Junts), ha pasado a primer plano político-mediático la crisis territorial y la articulación de la plurinacionalidad, particularmente, la superación de la unilateralidad del procés, mediante una amnistía política, con la desjudicialización del conflicto y el refuerzo de la convivencia, y la posterior negociación sobre el estatus del autogobierno de Catalunya y sus relaciones con el Estado.
Es el campo de la oposición visceral de las derechas del PP y VOX, con el discurso tremendista de que ‘se rompe España’, con el objetivo de impedir y desgastar a un nuevo gobierno de progreso, e intentar recuperar el poder gubernamental mediante unas nuevas elecciones generales. Las negociaciones para ese acuerdo son complicadas, pero el resultado probable es la conformación de un Gobierno de coalición progresista, con la garantía de una gobernabilidad básica, al menos, a medio plazo.
Frente a la involución política y socioeconómica que representan las derechas, existen bases para compartir una gobernanza para toda la legislatura con beneficios para todas las partes y el conjunto del país. No obstante, la estabilidad institucional es frágil y está sometida a las expectativas de Junts por su estrategia para recuperar la hegemonía institucional en el Govern la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas de Cataluña, con un discurso independentista más duro que el de ERC, con la legitimación de su relato.
Por otro lado, el propio Partido Socialista trata de consolidar su estatus de fuerza hegemónica gubernamental y ensanchar su campo electoral. Aparte de contener a las derechas extremas, necesita pactar con los otros dos bloques, nacionalistas y a su izquierda, sin descartar el incremento de su autonomía respecto del primero y sus exigencias soberanistas y reforzar su primacía en relación con Sumar y Podemos y sus demandas transformadoras, para conseguir otros reequilibrios representativos más favorables para su centralidad política y, en su caso, contemplar el agotamiento de la legislatura y adelantar las elecciones generales.
Además, estamos en un contexto de nubarrones económicos, con una tendencia hacia la vuelta a la contención fiscal, la devaluación salarial y el freno a los derechos sociales y laborales, y de empeoramiento de los conflictos geopolíticos -aparte del de Rusia/Ucrania que sigue vivo-, con el inmediato de la desproporcionada venganza del Estado israelí al ataque de Hamás, con una ocupación de Gaza y Palestina, sin respetar el derecho internacional y cometiendo crímenes de guerra y una limpieza étnica, con el peligro de su generalización regional.
Por tanto, descartadas ahora las elecciones anticipadas, existen dos hipótesis sobre el carácter del probable acuerdo parlamentario democrático y plurinacional. Una es un compromiso solo de investidura, con la inestabilidad inmediata sobre la gobernabilidad. Otra, un pacto completo y sólido de legislatura, entre las tres partes -socialista, nacionalista y Sumar/Podemos- que garantice el grueso de las políticas públicas, presupuestarias y de reforma del Estado.
El punto intermedio es el más realista. Existen condiciones positivas e incentivos para las tres partes, aunque estén combinadas con la percepción particular sobre los distintos intereses políticos y la expectativa de los reequilibrios representativos que añaden la dificultad para forjar un compromiso firme y duradero. Así, frente a los augurios de las derechas, no es descartable una gestión razonable del nuevo Gobierno progresista, con presiones y tensiones variadas pero con un apoyo parlamentario suficiente. Al menos hasta que se vayan clarificando las incertidumbres sociopolíticas y económicas, las estrategias de los distintos actores y los procesos de legitimidad social y apoyo cívico a la nueva trayectoria de progreso, a contrastar en las próximas elecciones europeas de primavera y, sobre todo, en las autonómicas, catalanas, vascas y gallegas, del próximo año.
Una reforma sociolaboral ambiciosa
Hace unas semanas, en el artículo “Reforma social y territorial”, exponía las claves y la interacción entre los dos ámbitos, como el desafío político y democrático para afianzar el campo progresista y ganar credibilidad ciudadana. La nueva legislatura es una oportunidad para abordar la reforma democrática y federal del Estado y, en particular, la convivencia y el encaje de Catalunya. Sin embargo, avanzar en esa tarea legítima e histórica no debe oscurecer o relegar el otro reto fundamental para la sociedad, especialmente para las capas populares: una reforma social que, en muchos aspectos, es complementaria del refuerzo de la articulación territorial y sus competencias distributivas y protectoras.
En particular, es imprescindible el refuerzo de la sanidad y la educación públicas y el conjunto de las políticas sociales frente a la vulnerabilidad social. Igualmente, aunque también se hayan dado pasos significativos en la anterior legislatura, se deben mejorar la cantidad y la calidad del empleo -salarios, jornada…- junto con la protección frente al desempleo y el avance en los derechos laborales y sindicales, así como la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población -alimentación, vivienda, transporte, sostenibilidad medioambiental…-
No los detallo, solo aludo a la imprescindible reforma fiscal progresiva para dar suficiencia presupuestaria a ese refuerzo necesario del Estado de bienestar, en su triple función protectora, educativa y distributiva, clave frente a la estrategia neoliberal de las derechas de su privatización, deterioro y segmentación.
Dos aspectos, por su especificidad, caben añadir: la perspectiva de género en la reforma social y laboral, y el tratamiento integrador e intercultural de la inmigración y la diversidad étnica y cultural. Ambos exigen un enfoque multidimensional pero son interdependientes de una reforma social en profundidad.
Respecto de las políticas feministas, en la legislatura pasada se ha avanzado en los derechos para las mujeres y colectivos LGTBI y es preciso consolidarlos e implementarlos, en especial en todas las medidas preventivas y protectoras frente a la violencia machista diseñadas en la ley del ‘solo sí es sí’. También se han aprobado medidas específicas en ámbitos como los permisos laborales y la conciliación familiar o políticas transversales con especial beneficio para las mujeres (e inmigrantes), como la legislación contra la precariedad laboral o el SMI.
Pero hay dos elementos con claras insuficiencias: persiste la segmentación laboral por sexo (y origen étnico), así como el sobreesfuerzo femenino en las tareas de cuidado, agudizado por las deficiencias de servicios públicos -desde escuelas infantiles a ayudas a la dependencia…- junto con desventajas enquistadas respecto de los varones, sin paridad distributiva, de estatus y de reconocimiento.
Esta legislatura debiera constituir un impulso feminista por la igualdad de mujeres y varones, incluso con una nueva normativa global que agrupase y articulase el conjunto de medidas reformadoras en este variado campo igualitario y superase la vigente Ley de Igualdad que ha manifestado sus límites. Por supuesto, se necesitaría la participación del movimiento feminista y una estrategia institucional firme que parece dificultosa si se confirma el traslado del Ministerio de Igualdad al área socialista y su prioridad por un feminismo moderado, que añadiría distancia respecto de la amplia marea feminista de estos años por cambios igualitarios reales.
Riesgos y desafíos para un proyecto de progreso
Ya he mencionado algunas dificultades para la acción progresista del nuevo Gobierno de coalición derivadas de la estrategia de bloqueo y desgaste de las derechas y los poderes fácticos correspondientes y la de un panorama económico, europeo y geopolítico complicado, así como la complejidad de los acuerdos entre las tres partes que configuran la mayoría parlamentaria democrática y plurinacional. Dejando aparte la evolución del conflicto nacional en y con Cataluña y la crisis territorial, comento el principal riesgo de tensión política del proyecto gubernamental que podría conllevar cierta frustración cívica y el posible fracaso electoral venidero para las izquierdas.
Se trata, siguiendo el hilo conductor de esta reflexión, de la falta de impulso transformador en la necesaria reforma social y laboral. El riesgo es el del continuismo impuesto en esta materia por el mayoritario Partido Socialista. Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez ha demostrado suficiente capacidad adaptativa y confrontación con las derechas para incrementar su apoyo social y electoral y definir una dinámica más adecuada y renovada a los desafíos actuales.
No obstante, ya se anuncian los pretextos y los relatos que justificarían esa inacción reformadora. Además de las dificultades antedichas está la insuficiente determinación de la dirección socialista sobre la dimensión transformadora de esta reforma social. Esa inclinación centrista no es nueva. Ya se produjo en la anterior legislatura -y mucho más en la etapa anterior-, amparada en una estrategia socioliberal y la geometría variable de las alianzas políticas con su derecha distanciándose de unas políticas y las alianzas con las izquierdas, incluidas las nacionalistas, incluso con el incumplimiento de aspectos del acuerdo gubernamental con Unidas Podemos.
Esa inclinación continuista conllevaría los intentos de una mayor subordinación de la coalición Sumar y un deterioro de la afinidad gubernamental de sectores de izquierda o, simplemente, frustrados ante la perentoriedad de sus necesidades básicas desatendidas. Y sabemos que la capacidad manipuladora de las derechas extremas puede afianzar esa desafección hacia las fuerzas progresistas.
No basta solo con cierto énfasis retórico sobre la prioridad de este campo sociolaboral, sino que es necesario un plan detallado y ambicioso de cambio social y laboral, desde el propio acuerdo gubernamental y el acceso a la gestión institucional correspondiente. En ese sentido, tiene una gran responsabilidad la coalición Sumar, como referente fundamental, junto con los sindicatos y los grupos y movimientos sociales vinculados con esta diversa problemática, y en colaboración con las izquierdas nacionalistas, para un cambio sustantivo en este ámbito.
Por otra parte, la estrategia de diálogo social, particularmente con la patronal de la CEOE, puede acentuar sus límites para pactar progresos significativos, para lo que habrá que contar con la activación del movimiento sindical y otros agentes sociales y articular las mayorías parlamentarias necesarias. Además, hay que contar con que las derechas nacionalistas (PNV y Junts) deben medir sus pautas neoliberales y avenirse a medidas de progreso ante el fuerte emplazamiento con las izquierdas en sus territorios y la competencia electoral próxima.
Pero, además de la responsabilidad específica para la coalición Sumar -incluido Podemos-, se ventila la credibilidad transformadora, en este campo, de esa izquierda alternativa con un perfil diferenciado y más exigente que el propio Partido Socialista, con una identidad propia capaz de atraer y ensanchar una base social y electoral en disputa. Al mismo tiempo, en el caso de fracasar en esa trayectoria reformadora de progreso, tendría que hacer frente al riesgo de las tendencias de desafección abstencionista o de pasividad en su base social o, simplemente, de desplazamiento electoral hacia el PSOE al no representar una utilidad adicional para avanzar en condiciones vitales y derechos sociales para las mayorías populares, elemento fundamental de su identidad política.
Por tanto, ese continuismo de la política sociolaboral e impotencia transformadora tiene un riesgo mayor de desencanto cívico para la coalición Sumar que para el propio PSOE, amparado por un mayor aparato institucional y mediático. Sería también un factor de incremento de la división interna de la coalición, en particular entre Movimiento Sumar y Podemos, que necesitan lo contrario, firmeza transformadora, esfuerzos unitarios e incremento representativo. Y poder encarar mejor la próxima etapa.
En definitiva, una agenda social ambiciosa y compartida es decisiva para el avance del país, consolidar las fuerzas de progreso y, en particular, reforzar la izquierda transformadora.
Antonio Antón. Sociólogo y politólogo
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