La apuesta municipalista: ¿revisión o abandono?

Han pasado tres años desde que, en forma y escala masivas, se pusieran en marcha las candidaturas municipalistas, las mismas que condujeron a los éxitos (siempre a medias) de las elecciones de mayo de 2015. A grandes rasgos, las claves del municipalismo -término hoy ya excesivamente manido- se podían resumir en unos pocos numerales.

1. Una política vinculada a la experiencia del 15M, especialmente a la crítica de la representación y a la vinculación orgánica con las dimensiones de movimiento, y que Podemos había condenado con su hipótesis de «guerra relámpago».

2. La entrada en los ayuntamientos como nivel institucional elemental, menos problemático que otros, en tanto experimento de formas de democracia desde abajo. Aunque de forma muy tentativa, la idea recuperaba claves del republicanismo federal, del municipalismo libertario e incluso del movimiento vecinal.

3. Una prueba política política específica que consistía en ensayar qué impacto institucional podría tener una agenda construida por los movimientos sociales locales. Por lo general, esta agenda-programa compartía los siguientes elementos: la auditoría de la deuda como mecanismo de crítica práctica a la corrupción institucional y a la dictadura financiera; la remunicipalización de servicios como procedimiento inmediato para revertir el expolio de los servicios públicos; la democratización institucional, que debía ir más allá de los mecanismos de encuesta-participación, y que apuntaba a un proceso constituyente capaz de transmitir una onda de descentralización real del Estado sobre la base de la autonomía municipal.

Ningún proceso político, al menos cuando adquiere una dimensión masiva y compleja, puede pretender una fidelidad absoluta a la pureza de sus premisas. En el caso del municipalismo -y me refiero al «realmente existente»- el balance, no obstante, apenas admite una comparación con los presupuestos de partida. Respecto al primer punto, en prácticamente todas las grandes ciudades la autonomización de la candidatura respecto a las raíces políticas y de movimiento, que marcaron sus orígenes, se completó en los primeros meses. Son escasísimas las candidaturas en las que el equipo municipal todavía guarda una relación fluida con las asambleas territoriales, caso de que estas existan. En lo que se refiere al segundo, la adaptación institucional -a los lenguajes, los ritos y, en definitiva, a la ideología propia de las instituciones de Estado- ha sido también sorprendente. De forma que todavía resulta paradójico, en las llamadas «ciudades del cambio», que los gobiernos municipales/municipalistas han competido en «lealtad institucional», «gobernar para todos», «compromiso y responsabilidad», con los gobiernos más legalistas de la historia del país.

Por lo que respecta al tercer punto, destaca en ocasiones el continuismo político (es el caso de Madrid) y en otras una suerte de retórica del cambio, que podríamos calificar con el término «progre», que bien podría haber sido mejor asumido por gobiernos socialistas. El programa mínimo basado en las remunicipalizaciones, la auditoría de la deuda y el combate a las políticas austericidas, que comportaba necesariamente asumir el conflicto institucional, se ha dejado casi siempre de lado. Quien conozca el desparpajo de algunos gobiernos del PP, como los de Esperanza Aguirre, puede comparar el grado de flexibilidad de las instituciones cuando existe una voluntad política decidida y cuando no.

Se podrá decir que, en realidad, la hipótesis municipalista estaba desdibujada desde el principio. La todavía deslumbrante trayectoria de Podemos en 2015 («victoria en 18 meses») vino de la mano de la propia tutela de los morados, que jugaron al chantaje. De otra parte, y casi desde el principio, la propia idea de confluencia, de base democrática (que «participen todos, para ganar»), insertó dentro de las candidaturas lógicas partidarias y fraccionales de cuotas y reparto del poder institucional, que poco tenían que ver con la dimensión democrática y de base que reclamaba el municipalismo. La ausencia, a veces intencionada, de cualquier estructura de organización que sirviera de contrapeso a los equipos municipales hizo el resto.

Merece la pena recordar también que quien pudo ejercer cierta función de liderazgo de las candidaturas municipalistas, concretamente Guanyem Barcelona, luego Barcelona en Comú, fue quien más rápidamente adoptó el lenguaje de época que había impuesto Podemos. Hiperliderazgo mediático, responsabilidad institucional, adaptación al centro político imaginado, confluencia controlada y modulada ademocráticamente en despachos (véase la modalidad de primarias «en bloque» como «equipo de la alcaldesa»), etc. Difícilmente, sobre esas premisas, la candidatura de Colau podía servir como motor político (más allá del marketing electoral) a un movimiento cuya base, en última instancia, era la democracia local. Cada candidatura se habría de desarrollar, por tanto, en una situación atípica de aislamiento, sobre la base de sus propias intuiciones y la imitación cada vez más errática de las experiencias que consideraba más exitosas.

Si en líneas generales esta es la situación ¿qué hacemos? Se trata de una pregunta completamente situada que en cada municipio y en cada territorio se podrá contestar de modos muy distintos. En la ciudad de Madrid, el interrogante flota en los ámbitos de movimiento desde hace ya varios meses. Son mayoría los decepcionados, los desafectos y los desinteresados ante el carácter político de un ayuntamiento que cada pocas semanas nos ofrece un nuevo motivo para criticarlo: caso Zapata, ‘titirigate’, Taller de Precisión de Artillería, Cocheras de Cuatro Caminos, Quinta Torre de Villar Mir, Operación Chamartin, PEF 2018 y presupuestos 2019, cese de Sánchez Mato, Desarrollos del Sureste, etc.

2019 se plantea en términos, cuanto menos, poco estimulantes, pero se plantea, al fin y al cabo, como umbral de una decisión obvia. La disyuntiva se reduce a tratar o no de mantener una posición institucional, que guarde una relación, por compleja que sea, con posiciones de «movimiento». En términos seguramente poco imaginitivos, son tres los escenarios, sin que se descarten transiciones o posibles combinaciones entre ellos.

El primero resulta obvio, y es casi la respuesta automática al desencanto con la nueva política, consiste en abandonar la posiciones institucionales. Estas quedarían, de nuevo, en manos de los «profesionales», de una «izquierda» sujeta a presiones externas, y con la que no habría ningún compromiso. Sería una vuelta asumida a los previos de 2015, pero que tendría que hacer cuentas con que no se haya sido capaz de extraer ninguna consecuencia positiva del llamado asalto institucional: la política electoral se habría demostrado con una trampa imposible de rodear. Al mismo tiempo, habría que asumir la pinza representada, de una parte, por la debilidad de la alternativa organizativa de los movimientos, limitada a la hora de afrontar escalas no especializadas (un campo, una lucha concreta). Y también, de otra, por el hecho de que Ahora Madrid, como experimento político tiene cierto grado de irreversibilidad.

La vuelta a 2015 no es un simple descuento de tres años en el reloj político. Valga decir: los nuevos profesionales de la representación -cada quien ponga sus nombres favoritos- solo tienen posibilidad de legitimarse por medio de una política de guiños y cooptación de lo que llaman su «base social». Ahora Madrid cuenta con una masa crítica de oportunistas suficiente para que el dinero público llueva con generosidad sobre los movimientos, también de la peor manera posible: liberados, asesores, contratación de militantes en el ámbito de la «intervención social», cesión de espacios «sociales» siempre con contrapartidas políticas, crecimiento de un tejido económico completamente dependiente de la administración, etc. En este sentido, uno de los problemas fundamentales de la institucionalización -el de la articulación de un clientelismo político en los márgenes de la institución- se puede dar por descontado también para 2019.

El segundo escenario, todavía más modesto en sus aspiraciones, consistiría en llegar a las componendas internas necesarias como para repetir la forma y composición del actual Ahora Madrid. Se trataría simplemente de colocar un número no muy grande de «concejales críticos» que asumieran su subordinación a la agenda política de los movimientos, expresada en el programa original de la candidatura. Nada, por el momento, parece anunciar, sin embargo, que la repetición de Ahora Madrid (primarias proporcionales y programa participado) vaya a ser posible en 2019. La decisión de la alcaldesa de repetir en 2019 se transmitirá casi necesariamente en dos movimientos: 1) cualquier programa colegiado o participado será papel mojado, o en sus propias palabras una lista de «recomendaciones y sugerencias»; 2) Carmena no aceptará un equipo que no esté controlado y subordinado a sus propios apetitos. El cierre de Podemos alrededor de la alcadesa, convertida en el único activo institucional que todavía responde a su fracasada «hipótesis victoria», confirma la posición de monopolio de Carmena. La «solución de palacio» -la negociación interna para colocar a algunos concejales- tiene además otros inconvenientes: supondría repetir la fragmentación y pluralidad de la candidatura, que en ocasiones ha servido de ventaja para multiplicar los efectos públicos de algunas batallas locales. Pero también se reproduciría la misma posición de debilidad y subordinación pública a un consistorio definido en primera y última instancia por la figura de la alcaldesa.

La tercera opción, la más ambiciosa, pasaría por la construcción de un proyecto político propio capaz de asumir también la formación de una candidatura municipal, pero en el que las expectativas estuvieran puestas en el medio-largo plazo. El contexto es propicio para una alternativa de este tipo. La nueva política está en sus estertores. La credibilidad de Podemos se aproxima a su grado cero, al tiempo que su voto potencial vuelve rápido a la abstención o a la adhesión electoral vergonzante. En términos mucho más generales, la asimilación de la nueva política al estilo y al ethos de la responsabilidad institucional no ha podido sellar la carga de profundidad de desafecto y malestar que se traslada constantemente del ámbito social al campo político. El rápido desgaste de Podemos ha abierto el campo, de nuevo, para expresiones propiamente neofascistas, en el marco de una crisis que tienen todos los visos de proseguir y de estallar en nuevo episodios similares a los de 2007-2008. La búsqueda de una articulación institucional no suprime el peligro de la nueva derecha, pero trata de intervenir como alternativa en el terreno mediático-electoral.

Los riesgos, no obstante, son evidentes. Una candidatura de este tipo, aunque disponga de un buen músculo activista puede no disponer de la capacidad y acierto para saltar de las estrechas dimensiones del nicho político que la promueve. El techo electoral del 5% puede condenar al proyecto al ámbito de extrainstitucional. De hecho, un proyecto de estas características no se podría medir únicamente en los tiempos cortos de 2019. Su utilidad tendría que reconocerse también y de forma primaria en su capacidad para generar los mecanismos de discusión y federación entre los elementos activos en la ciudad. No otro era también el propósito inicial del municipalismo.

Sea como sea, la discusión acerca de la posibilidad o no de sostener una posición institucional en el municipio de Madrid tiene que estar inmediatamente desenganchada de cualquier otra relativa a los argumentos del «cambio». Defender el Ayuntamiento de Carmena por encima de cualquier cosa, seguir con la propaganda de «la mejor alcadesa de la historia», es del todo incompatible con una experimentación política que vaya más allá del turnismo liberal-conservador/liberal progre que caracteriza a la política española y europea. Para eso ya está el PSOE. Y aquí de lo que hablamos es de movimiento, municipalismo y democracia local.

Fuente: http://www.elsaltodiario.com/municipalismo/la-apuesta-municipalista-revision-o-abandono