El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha procesado a 40 militares del Gobierno ruandés por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo. El magistrado acusa a los procesados, contra los que ha dictado órdenes de detención internacional, de tomar el poder por la fuerza […]
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha procesado a 40 militares del Gobierno ruandés por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo. El magistrado acusa a los procesados, contra los que ha dictado órdenes de detención internacional, de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de terror en el país realizando «horrendos crímenes» contra la población civil.
El actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, no ha sido procesado porque como jefe de Estado tiene inmunidad de jurisdicción y de ejecución. A pesar de ello, el magistrado destaca que existen «indicios racionales de criminalidad» en su contra como responsable del Ejército ruandés. El principal testimonio que le incrimina fue aportado por un testigo que integraba un grupo de 11 militares encargados de la protección del presidente.
El testigo relató cómo, el propio Kagame, ametralló a entre 30 y 40 civiles después de que alguien advirtiera por radio de que un grupo de personas que circulaban por una carretera podían ser paramilitares. El actual presidente ruandés bajó del vehículo en el que viajaba y «sin mediar palabra» disparó una ráfaga que mató a las citadas personas.
En su auto de procesamiento, hecho público hoy, el juez indica que en la década de los 90 más de 4 millones de ruandeses fueron asesinados o desaparecieron «en el marco de un plan de exterminio por razones étnicas y políticas. Esta estrategia culminó con la invasión y conquista de la República Democrática del Congo. Las víctimas –dice el magistrado– eran su mayoría refugiados hutus ruandeses y población civil congoleña, también la misma etnia.
Entre las víctimas del genocidio se encuentran nueve españoles, víctimas de las matanzas que se prolongaron desde 1994 hasta el año 2000. Sus muertes se produjeron en campos de refugiados, donde trabajaban y «denunciaban los abusos sufrían los desplazados de guerra», especifica el auto. Seis de las víctimas eran religiosos y el resto trabajaba para la ONG Médicos del Mundo. Todos ellos murieron a manos de miembros de la organización político/militar APR/FPR.
El juez describe el caso del misionero Joaquín Vallmajó que había denunciado por escrito que los tutsi, etnia dominante, habían iniciado «una campaña mundial de desinformación para hacer creer que los asesinos son las víctimas y las víctimas los asesinos». Un día antes de su desaparición fue interceptado en un control militar donde le advirtieron «que pagaría por ello».
MUERTE «ESPELUZNANTE»
Andreu describe como «espeluznante» la muerte del padre Servando García y otros tres religiosos maristas que se encargaban en un campo de refugiados financiado por ACNUR de ofrecer enseñanaza primaria de 5.000 niños congoleños. Una vez retirada la ayuda económica por parte del Alto Comisionado –con objeto de que los refugiados comenzaran a regresar a su país– los misioneros permanecieron junto a los refugiados «a pesar de que los rebeldes militares se acercaban y que ya no había comida en el campo».
El padre Servando pidió ayuda a través de la Cadena Cope en octubre de 1996. Diez días más tarde los cuerpos sin vida de los cuatro maristas aparecieron junto a su casa. «Habían sido torturados, tenían impactos de bala y machetazos», indica el juez.
Los rebeldes del APR también asesinaron a tres civiles españoles, miembros de Médicos del Mundo, que distribuían medicamentos en las localidades vecinas a la localidad de Mugunga. Fueron testigos de más de 50 muertes y descubrieron una fosa común con cientos de cadáveres. «Los rebeldes militares sabían ya que los cooperantes habían sido testigos incómodos –dice el magistrado– días más tarde unos 10 hombres armados irrumpieron en su residencia». Recibieron una ráfaga de disparos que les causó la muerte.
Andreu añade que, según las declaraciones prestadas en los últimos meses por testigos protegidos en su Juzgado, se puede deducir que para asesinar a personas de raza blanca «era necesaria una orden de los altos cargos militares». En el caso de la muerte de los cooperantes, el asesinato se decidió en una reunión en la que participo una persona que ahora ha declarado bajo protección, revela el auto.
RESPONSABILIDADES DE ACNUR.
El juez denuncia en su escrito el papel jugado en la masacre por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que puso en marcha a partir de 1996 un programa de repatriación forzosa «obligando a cientos de miles de persona a subir a sus camiones».
Ante las dificultades para reunir a los refugiados ruandeses repartidos en los distintos países limítrofes el personal del Alto Comisionado llegó a pagar 10 dólares a los congoleños por cada refugiado ruandés de entregaran. «Ello originó una auténtica caza al refugiado», dice Andreu que describe como la estrategia facilitó matanzas masivas tras la retiradas de los europeos.
A lo largo de estos meses Andreu ha interrogado a 22 testigos que actualmente viven en su mayoría en Europa. «Casi todos han cambiado su identidad pero no han perdido la memoria», describe el magistrado. El procesamiento es la respuesta a la querella presentada en febrero de 2005 por el Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos.