Traducido por Caty R.
Actualmente se vive un momento de optimismo en cuanto a las perspectivas del desarrollo de África. Efectivamente, algunos analistas no dudan en hablar de «milagro económico» para calificar los resultados del crecimiento registrado por el continente desde el año 2000: casi el 5% por término medio. El FMI incluso prevé un crecimiento del 6,1% en 2007 y del 6,8% en 2008 (1).
Sin embargo, una gran nube negra relativiza el optimismo generado por este embellecimiento económico: el crecimiento no ha mejorado el nivel de vida de las poblaciones africanas. En el informe de 2005 sobre el estado del desarrollo humano, el PNUD señala que, en efecto, más de un tercio de la población del África subsahariana, es decir 240 millones de personas, viven en países cuyo IDH (Índice de Desarrollo Humano, N. de T.) ha descendido (2).
Entre los múltiples factores que explican la continua degradación de las condiciones de vida en África, el peso de la deuda externa desempeña un papel determinante. En efecto, según la CNUCED (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, N. de T.), aunque el África subsahariana recibió entre 1970 y 2002 aproximadamente 294.000 millones de dólares y ya ha reembolsado cerca de 268.000 millones de dólares en pago de la deuda, aún sigue siendo deudora de aproximadamente 210.000 millones de dólares (3). La constatación es definitiva: hay una gran transferencia inversa de recursos procedentes del continente más pobre del mundo.
Estas cifras demuestran por sí solas el fracaso de la iniciativa de alivio de la deuda a los «países pobres muy endeudados» (PPTE) lanzada por los países industrializados en 1996 y reforzada en 1999. El G8 de Gleneagles de 2005 intentó responder a este fiasco con el anuncio, a bombo y platillo, de la anulación «del 100%» de la deuda multilateral de los países que entraban en la calificación de la iniciativa PPTE, lo que representa actualmente un máximo veintinueve países pobres muy endeudados (dieciocho en el momento de la decisión). Dos años después del lanzamiento de esa medida -bautizada como «Iniciativa de alivio de la deuda multilateral» (IADM)- los resultados son amargos: los 18 países del África subsahariana beneficiarios del IADM han visto su deuda (con el FMI, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo) reducida solamente en un 64,4% por término medio, en vez del 100% prometido por el G8 en 2005 (4). Además este alivio se extiende por un período de más de cuarenta años y bajo condiciones (5).
Pero lo más grave es que la IADM sigue eludiendo la importante carga política en la que se basa la cuestión de la deuda. Esta iniciativa, efectivamente, encubre la corresponsabilidad de los acreedores en el proceso del endeudamiento de los países pobres: aunque los préstamos concedidos por los gobiernos del norte (de acuerdo con las instituciones económicas internacionales), a menudo se han justificado con razones geopolíticas y han sido utilizados por dictadores para sus fines personales, siguen siendo reembolsados por los gobiernos que les sucedieron.
Precisamente para revelar esta realidad es por lo que el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer mundo (CADTM), así como otras organizaciones de la sociedad civil, defienden desde hace varios años la idea de una auditoría de la deuda pública de los países en desarrollo. Según Hugo Ruiz Diaz y Eric Toussaint, «La auditoría consiste en analizar, uno a uno, todos los préstamos, determinar en qué circunstancias se concedieron, cómo se utilizaron los fondos, cuáles fueron los resultados obtenidos y quién se benefició» (6). Es decir, esta herramienta jurídica permite definir las responsabilidades y detectar las deudas odiosas, nulas o ilegales, abriendo la vía al repudio de la deuda y a la solicitud de reparación tanto a los organismos oficiales que actuaron fuera de sus competencias como a los acreedores que actuaron con conocimiento de causa.
El principio de la auditoría ya se ha utilizado en aplicaciones concretas en Brasil, Argentina y Perú; y desde hace 2 años la dinámica parece intensificarse en este ámbito. En efecto, el 5 de julio de 2007, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, firmó un decreto presidencial instituyendo una Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. Esta comisión, formada por representantes del Estado y de organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana e internacional especializadas en el tema de la deuda (como CADTM), tiene un mandato de un año para señalar las deudas ilegítimas que posteriormente podrían ser objeto de anulación. Los resultados son de una enorme importancia para este país que, en 2005, dedicaba más del 40% del presupuesto al reembolso de la deuda mientras que los gastos de salud y educación sólo sumaban un 15% del presupuesto.
También es alentador constatar que algunos países del norte empiezan a reconocer sus responsabilidades en el proceso del endeudamiento del Tercer Mundo. Es el caso, especialmente, del gobierno noruego, que el 3 de octubre de 2006 tomó la decisión de cancelar, de manera unilateral e incondicional, una parte de sus créditos bilaterales considerados ilegítimos, a 5 países deudores (Ecuador, Egipto, Jamaica, Perú y Sierra Leona). De la misma forma el Senado belga, en marzo de 2007, adoptó una resolución que pedía al gobierno la anulación de la deuda de los países menos avanzados (PMA), así como la puesta en marcha de una auditoría sobre el carácter «odioso» de las deudas de los demás países en desarrollo (7).
Con el fin de rentabilizar estos éxitos, en los que la sociedad civil a menudo ha desempeñado un papel determinante, el CADTM ha desarrollado un programa -apoyado por la CNCD (Comisión Nacional de la Cooperación Descentralizada, N. de T.)- de refuerzo de la capacidad de actuación de sus socios de África central y occidental, donde la cuestión de la auditoría ocupa un lugar central. A tal efecto se celebró un primer seminario, que agrupaba movimientos sociales de África central, en la República Democrática de Congo (RDC) del 23 al 24 de noviembre de 2007. Le siguió un segundo encuentro en Costa de Marfil, a finales de diciembre, consagrado a la red CADTM de África occidental. Estos dos seminarios tenían por objeto, esencialmente, sentar las bases de una auditoría ciudadana de la deuda en los países de las dos regiones.
Como destaca el CADTM en el documento descriptivo de su proyecto, las auditorías ciudadanas no son un fin en sí mismas, sino que básicamente deben servir de herramienta para ejercer presión y/o para ayudar a los gobiernos de África central y occidental a negar su deuda, retomar el control de sus recursos naturales y establecer todas las iniciativas destinadas a recuperar el conjunto de bienes mal adquiridos por las antiguas dictaduras.
Hasta hace muy poco tiempo este programa parecía demasiado ambicioso, pero la evolución reciente del proyecto de la auditoría y la corresponsabilidad de los acreedores en el endeudamiento del Tercer Mundo dan una oportunidad al optimismo.
(1) Olivier Feiertag, «Le fric arrive en Afrique» (La ‘pasta’ llega a África), Libération, 19 de octubre de 2007.
(2) El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es más completo que el indicador del crecimiento porque además mide la cobertura de necesidades sociales fundamentales de las poblaciones (en los ámbitos de la salud y la educación).
(3) Esta cifra incluye toda la deuda externa de África, no sólo la que concierne a los poderes públicos, cuenta también con las deudas contraídas por empresas privadas y no garantizadas por el Estado. Si se tiene en cuenta únicamente la deuda externa pública (es decir, contratada por los poderes públicos o garantizada por ellos), es interesante tener en cuenta que progresó sensiblemente desde 1980, pasando de 45.000 a 175.000 millones de dólares en 2003. «La deuda de África hoy», Damien Millet, marzo de 2005.
(4) «Multilateral debt: one step forward, how many back? Eurodad report on the G8 debt deal 2 years-on» (La deuda multilateral: Un paso adelante ¿Cuántos hacia atrás? Informe de Eurodad sobre el reparto de la deuda del G8 en dos años), Eurodad, 16 de mayo de 2005.
(5) Efectivamente, la iniciativa se basa en el principio según el cual cada dólar de deuda cancelado se compensa con una disminución de la ayuda que se paga al país beneficiario. Pero ese dólar de ayuda sólo se transfiere al país en cuestión si reúne las condiciones fijadas por las instituciones financieras internacionales, especialmente las exigencias en materia de privatización y liberalización.
(6) «L’audit de la dette: un instrument dont les mouvements sociaux devraient se saisir«, (La auditoría de la deuda: un instrumento que los movimientos sociales deberían utilizar), Hugo Ruiz Diaz y Eric Toussaint, julio de 2004.
(7) Se entiende por «deudas odiosas» las contraídas por un régimen no democrático, sin beneficio para las poblaciones locales, con conocimiento de causa de los acreedores.
Texto original en francés: http://www.cadtm.org/spip.php
El CADTM, Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, fundado en Bélgica en Marzo de 1990, es una red internacional formada por miembros de comités locales basados en Europa, América Latina y Asia, que actúa en coordinación con otras organizaciones y movimientos para luchar, desde la problemática de la deuda, para alcanzar la satisfacción universal de las necesidades, las libertades y los derechos humanos fundamentales.
*Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y la fuente.