La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) castiga duramente las últimas esperanzas depositadas en el Estatut para aquéllos que todavía las tenían. Paradójicamente el dictamen del TC, que ha tardado cuatro años, ha salido en un periodo donde se están dando por todo el territorio catalán referéndums por la independencia. Estos referéndums están construyendo un movimiento […]
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) castiga duramente las últimas esperanzas depositadas en el Estatut para aquéllos que todavía las tenían. Paradójicamente el dictamen del TC, que ha tardado cuatro años, ha salido en un periodo donde se están dando por todo el territorio catalán referéndums por la independencia. Estos referéndums están construyendo un movimiento de base y popular, que muestra que cada vez son más las personas que quieren tener el derecho democrático de decidir si quieren continuar formando parte del Estado español o quieren la independencia. La contradicción entre el movimiento popular y lo que defiende el tripartito y el Gobierno español no puede ser más clara.
El texto aprobado por el 90% del Parlament de Catalunya y votado en referéndum significaba, por primera vez después del Estatuto del 79, el primer intento serio de avanzar en el autogobierno. A pesar de esta expectación, el Estatut aprobado por el Parlament el 30 de septiembre ya era un texto limitado en sí mismo, ya que no cuestionaba el modelo autonómico prefijado por la Constitución española y no hacía frente a las políticas neoliberales que el tripartit ha estado poniendo en marcha desde el principio de su mandato. Por si eso fuera poco, el parlamento español lo volvió a recortar, haciéndolo, si cabe, todavía más limitado.
La mayoría de la izquierda anticapitalista catalana y la izquierda independentista ya rechazamos este estatuto en su momento, pidiendo el «No» en el referéndum. Pensábamos que un nuevo estatuto tenía que superar, y no adaptarse, al corsé que representa la Constitución del 78. Y sobre todo tenía que poner las bases para poder ejercer el derecho a la autodeterminación que todo pueblo tendría que tener.
También defendimos que el reconocimiento de los derechos nacionales e históricos de Catalunya se tenían que batallar en las calles, ganarlos a través de la movilización; no confiar en una negociación supuestamente bilateral entre Generalitat y Gobierno español. Este modelo negociador, ya muy desprestigiado después de años de tripartit, ha agotado, con la reciente sentencia del TC, sus posibilidades. El marco legislativo actual no tolera ni el más tímido cuestionamiento a la «indisoluble unidad de España». «La España plural» y las promesas federales han resultado ser continuadoras de esta máxima.
No sólo hay que romper con el pacto constitucional, sino que hace falta también romper con el pacto estatutario, que como hemos visto estos días, es una vía totalmente agotada y que sólo llevar a más callejones sin salida. Ni el autonomismo, ni el federalismo son actualmente una solución a la falta de derechos nacionales de Catalunya. Las aspiraciones y reivindicaciones nacionales catalanas necesitan, por lo tanto, superar la legalidad vigente. No tenemos que negociar nuestra situación dentro del Estado español, lo tenemos que definir nosotras mismas en base a la lucha y la movilización desde la base. La realidad no nos deja alternativa. Ya no valen ni estatutos, ni constituciones. La autodeterminación es el único camino.
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