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El gran dominio de las fuerzas conservadoras en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, explica que España tenga un bienestar muy insuficiente y una democracia muy incompleta. Esto último se refleja en un subdesarrollo muy notable de los recursos disponibles a nivel de los municipios, el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía, y que las encuestas señalan como el más popular, o el menos impopular, según se diseñen las encuestas. Se dirá con razón que un paso muy importante y positivo durante estos años de democracia ha sido la transferencia de responsabilidades del gobierno central a los gobiernos de las CCAA, de manera tal que éstas ya gestionan más del 90% del gasto público social que financia la gran mayoría de servicios públicos del estado de bienestar, tales como sanidad, servicios sociales, educación, vivienda social y muchos otros. Ahora bien, esta transferencia se ha parado ahí, en el nivel autonómico, con escasa delegación de responsabilidades a los municipios, los cuales, sin embargo, recogen las quejas de los ciudadanos por hechos que, en ocasiones, no son de su responsabilidad. Un ejemplo de ello fue el caso Carmel, cuyas mayores responsabilidades recaían en la Generalitat de Catalunya, y muy en especial, en el gobierno conservador anterior, durante cuyo mandato se tomaron las decisiones más importantes que llevaron a aquel desastre y drama humano. Las encuestas señalaron, sin embargo, que la mayoría de la ciudadanía atribuía erróneamente la responsabilidad mayor por aquel hecho al Ayuntamiento de Barcelona, percepción promovida por los medios de información y persuasión conservadores.
Los municipios en España son las cenicientas de nuestra democracia. He vivido en varios países -Suecia, Gran Bretaña y EEUU- y, en comparación, es sorprendente los pocos recursos normativos y sancionadores que los municipios españoles tienen. Un ejemplo es la vivienda, sin lugar a dudas un problema enorme en España. No así en otros lugares como varios países escandinavos, y ello es debido a que sus municipios tienen el poder de resolver este problema. En muchas ciudades escandinavas, un piso no puede estar vacío, a no ser que su propietario haya proveído razones convincentes que justifiquen mantenerlo vacío. En caso de que estas razones no sean justificadas, el ayuntamiento le exige que ponga el piso en el mercado, bien en régimen de alquiler, o bien a la venta. En caso de que no lo haga, el municipio abre el piso y lo alquila al precio del mercado. No hay prácticamente apartamentos vacíos en tales ciudades. En Barcelona, sin embargo, hay alrededor de 90.000 pisos vacíos. Su forzosa incorporación al mercado contribuiría en gran manera a aliviar la situación de la vivienda. Ahora bien, el gobierno municipal de Barcelona no podría hacerlo, aun cuando lo deseara. Cuando el entonces conseller Milá intentó tomar medidas en esta dirección las derechas y los poderes inmobiliarios que representan se opusieron a dar tales responsabilidades a las autoridades públicas.
Otro ejemplo de este escaso poder de resolución es su limitada capacidad de intervención para corregir comportamientos incívicos que están deteriorando la convivencia por la que Barcelona es conocida. Se pide, con razón, más contundencia en contra de las personas que son incívicas. Pero se ignora que el Ayuntamiento no tiene potestad para declarar tales actividades como delictivas, lo que significaría que aquellos que se comportaran incívicamente pudieran considerarse delincuentes, cayendo sobre ellos el peso de la justicia, actuando así con intervenciones disuasorias. Lo máximo que las ordenanzas del Ayuntamiento pueden hacer es poner multas (frecuentemente ignoradas o al menos de difícil recaudación). Lo que se requiere es un sistema penal y jurídico más próximo al ciudadano, con unos tribunales cercanos a la ciudadanía, con más policías (no guardias urbanos) en las calles que consideren el comportamiento incívico como delito. Sé que algunos sectores de izquierdas protestarán por esta llamada a una mayor dureza, pero creo que es un error considerar los temas de seguridad como patrimonio de las derechas, (como también fue un error considerar la defensa de la familia como un tema del patrimonio conservador). Los barrios más afectados por la inseguridad y el comportamiento incívico no son los barrios pudientes, sino los barrios de las clases populares. Ser «blandos» en temas de seguridad es no entender la frustración que existe en los barrios populares con la inseguridad y el comportamiento incívico. La incoherencia de las derechas, hoy en la oposición en Barcelona, es que siendo hoy las portavoces de pedir más dureza, han sido las que sistemáticamente se han opuesto más a que el Ayuntamiento de Barcelona tuviera más poder para resolver muchos de los problemas de los que ahora se lamentan. Las derechas que gobernaron Cataluña y España han sido los responsables del gran retraso de la implementación de la Carta Municipal, oponiéndose al establecimiento de un gobierno regional urbano, que siempre vieron (las derechas nacionalistas catalanas) como alternativa al poder autonómico que controlaban. Propuestas en la Carta Municipal sobre Tribunales de Proximidad han sido diluidas considerablemente debido a la influencia de las derechas catalanas y españolas. Otro indicador de incoherencia es que estas mismas derechas se presenten ahora como defensores de la ciudadanía barcelonesa cuando están oponiéndose a una reforma del sistema electoral en Cataluña, que corregiría el insulto democrático que significa que el voto de un barcelonés en las elecciones autonómicas valga sólo la mitad que el voto rural.
* Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra.