Los 175 sindicatos adheridos a la Confederación General del Trabajo debaten una veintena de ponencias sobre la reversión del proceso de privatizaciones sufrido por el sector público. La Confederación General del Trabajo (CGT) celebrará su VI Congreso Extraordinario en la ciudad de Pamplona durante los días 15 y 16 de abril. Bajo el lema de […]
Los 175 sindicatos adheridos a la Confederación General del Trabajo debaten una veintena de ponencias sobre la reversión del proceso de privatizaciones sufrido por el sector público.
La Confederación General del Trabajo (CGT) celebrará su VI Congreso Extraordinario en la ciudad de Pamplona durante los días 15 y 16 de abril. Bajo el lema de «Apostamos por lo público», las delegaciones de todos los sindicatos territoriales federados en la CGT acudirán a la capital navarra para debatir sobre un único punto: la remunicipalización o internalización de los servicios públicos, la recuperación de las empresas públicas privatizadas por los últimos gobiernos locales, autonómicos y estatales, y la defensa e incremento de los empleos en los sectores públicos en condiciones estables y dignas.
Como corresponde a la forma de decidir en el anarcosindicalismo, son las asambleas de los sindicatos las que debaten, toman acuerdos y eligen la representación que se envía al Congreso para trasladar y defender dichos acuerdos. Las veintidós propuestas presentadas por sindicatos, secciones sindicales o militantes en forma de ponencias han sido conocidas y valoradas durante las últimas semanas en los sindicatos de cada localidad. Desde el Secretariado Permanente de la CGT se confía en que, fruto de este proceso, la organización alcance unos acuerdos que sean útiles para la clase trabajadora de este país y para la ciudadanía en general.
Aunque la CGT siempre ha defendido la existencia de unos servicios públicos de calidad, universales y gestionados con la participación de usuarios y plantillas, el creciente proceso de privatizaciones que ha sufrido el país con los gobiernos del PP y el PSOE y el rechazo que tales privatizaciones tienen en la mayoría de la sociedad, junto a la grave amenaza que para el sector público representan el TTIP y más concretamente su versión para la gestión privada de los servicios (el TISA) que se negocian entre la UE y los EEUU, hacían necesario que nuestros sindicatos pusieran en común las distintas posibilidades y dificultades que plantean la reversión al sector público de las empresas privatizadas o externalizadas.
Hay que tener en cuenta que aunque se suele hablar más habitualmente de la propia administración, de la enseñanza y de la sanidad, no podemos olvidar que otros muchos servicios también se han visto afectados por las privatizaciones: aguas, transporte, guarderías, residencias para mayores, limpieza viaria, jardines municipales, polideportivos, etc. Como puede verse son miles y miles los puestos de trabajo que se ven afectados, y prácticamente toda la ciudadanía la que sufre el encarecimiento y el deterioro que representa convertir en negocio privado lo que nació como servicio público.
Otra necesidad que los 175 sindicatos adheridos a la Confederación General del Trabajo sienten es la de dar una respuesta unitaria y flexible al mismo tiempo a las diferentes situaciones que se dan en las empresas privatizadas, puesto que el sector nos podemos encontrar con personal subcontratado, interinos, funcionarios, laborales y temporales. La voluntad de CGT es que todo este personal se integre en las plantillas públicas de forma estable y sin sufrir merma o discriminación en salarios, derechos o condiciones laborales. Esta es una preocupación candente, visto el frenazo que han experimentado los proyectos de remunicipalización que habían anunciado los nuevos gobiernos locales de Madrid, Barcelona, Zaragoza y otras grandes ciudades.
La CGT considera que nuestro país no puede seguir por la vía de las privatizaciones, cuando vemos que otros países europeos (como Alemania o el Reino Unido) se plantean recuperar sectores que habían privatizado y ahora están mucho peor y son más costosos. En España tenemos el caso de León, donde se han vuelto a municipalizar la limpieza y la recogida de basuras y, además de mejorar el servicio, se ha reducido su costo en 8´75 millones de euros anuales.