Esta fue la opinión predominante durante un seminario organizado el lunes en esta ciudad sudafricana por el Centro para Resolución de Conflictos, grupo que tiene como misión promover la paz, la justicia y la salida de situaciones críticas en África a través de la instrucción, el desarrollo de políticas, la investigación y la construcción de […]
Esta fue la opinión predominante durante un seminario organizado el lunes en esta ciudad sudafricana por el Centro para Resolución de Conflictos, grupo que tiene como misión promover la paz, la justicia y la salida de situaciones críticas en África a través de la instrucción, el desarrollo de políticas, la investigación y la construcción de capacidades.
«Parece que la CPI usa al continente como un caso para realizar pruebas, para determinar en qué manera el derecho internacional puede obtener más legitimidad en el terreno», sostuvo el investigador Charles Villa-Vicencio, uno de los ponentes.
«La CPI se concentra en la debilidad económica y política de países vulnerables, y en naciones que no son capaces o no están dispuestas a juzgar a perpetradores de crímenes contra la humanidad. Muchos países africanos entran en este criterio», sostuvo.
Villa-Vicencio, ex director ejecutivo del Instituto para la Justicia y la Reconciliación, sostuvo que es necesario pensar en forma crítica no sólo sobre el propósito de la CPI como institución de justicia, sino también sobre las implicaciones de la forma en que opera.
«Tenemos que preguntarnos si el castigo es un disuasivo suficiente para aquellos que violan los derechos humanos. ¿La intervención de la CPI es suficiente para detener crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en África o en cualquier parte del mundo?», preguntó.
La CPI fue creada en 1998 por el Estatuto de Roma. El tribunal, con sede en La Haya, fue inaugurado en julio de 2002 tras la ratificación del documento por 60 países. La CPI actualmente tiene 106 miembros, incluyendo 30 africanos.
Actualmente la CPI trata varios casos relacionados con África presentados por Uganda, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana, todas naciones signatarias del Estatuto de Roma. Además, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) remitió al tribunal la situación en la occidental zona sudanesa de Darfur, aunque Sudán no es estado miembro.
Vincent Nmehielle, ex defensor principal del Tribunal Especial para Sierra Leona, añadió que la CPI tiene una agenda política.
«El tribunal tendría que hacer responsables a todos los tiranos, pero esto no ocurre. Hasta ahora, la mayoría de los acusados son africanos. Los poderosos, como por ejemplo Estados Unidos, nunca serán llevados a juicio», sostuvo, en alusión al hecho de que Washington no reconoce a la CPI.
«Rusia probablemente no será juzgada por lo que está pasando en Georgia. Y lo mismo pasa con China», añadió.
Villa-Vicencio sostuvo que las acusaciones contra tiranos no es necesariamente la mejor vía de acción. La comunidad internacional debe pensar sobre las posibles consecuencias de detener a perpetradores de crímenes contra la humanidad, afirmó.
«¿Debemos presentar un juicio contra (el presidente zimbabwense Robert) Mugabe, a pesar de que esto podría deteriorar aun más la situación en Zimbabwe, o debemos darle la posibilidad de salir (del gobierno), lo cual contribuiría a una situación más estable?», se preguntó. «No estoy muy en contra de esto último, pues traería paz y estabilidad a Zimbabwe».
Claudia Perdomo, portavoz en funciones del CPI, respondió a las críticas y dijo a IPS que el tribunal no está usando a África como un laboratorio. «No es un experimento. La CPI es permanente, llegó para quedarse, y no trata a ninguna parte del mundo como un experimento», afirmó.
«El hecho es que África jugó un papel increíble en la creación del tribunal», subrayó Perdomo.
«Los casos que investiga la CPI en este momento fueron presentados por los propios estados parte, excepto el de Darfur, que fue remitido por el Consejo de Seguridad de la ONU. Por tanto, no es verdad que el tribunal esté concentrado solamente en África, pues la Oficina del Fiscal ha anunciado públicamente que sigue de cerca la situación en otras partes del mundo, por ejemplo en Colombia y en Afganistán», añadió.
Según Perdomo, es un error afirmar que individuos de países que no reconocen la CPI, como Estados Unidos, no pueden ser acusados. «Si alguien de un estado no parte comete crímenes contra la humanidad dentro del territorio de un estado miembro, esta persona puede ser juzgada. Es posible», afirmó.