Ha sido el mayor golpe para Bush desde que lanzó la guerra contra el terrorismo. Y no se lo ha propinado Al Qaeda por medio de un atentado, sino el Tribunal Supremo de EEUU en un simple documento de 185 páginas. En ese texto, el Supremo declara que todos los prisioneros de EEUU en la […]
Ha sido el mayor golpe para Bush desde que lanzó la guerra contra el terrorismo. Y no se lo ha propinado Al Qaeda por medio de un atentado, sino el Tribunal Supremo de EEUU en un simple documento de 185 páginas. En ese texto, el Supremo declara que todos los prisioneros de EEUU en la guerra contra el terror están bajo la Convención de Ginebra, y afirma que el presidente «se excedió en sus poderes» al crear un nuevo sistema legal para juzgarlos.
La decisión no cuestiona el derecho de EEUU a mantener a los presos en Guantánamo ni en otras cárceles en todo el mundo, pero sí echa por tierra la estrategia legal que la Administración Bush ha puesto en práctica desde el 11-S. Al establecer que los tribunales militares creados ad hoc por la Administración para los presuntos terroristas islámicos no son legales, abre la puerta a la presentación de recursos de habeas corpus -en los que se cuestiona la legalidad de la detención del acusado- en los tribunales de Estados Unidos.
Y al declarar que los presos están bajo la jurisdicción de la Convención de Ginebra, obliga a EEUU a adoptar normas adicionales para mejorar el tratamiento de los detenidos. «Es una gran victoria para los presos, para los defensores y para las organizaciones humanitarias», declaró ayer a este periódico Zachary Katznelson, experto legal de la ONG británica Reprieve, que lleva la defensa de ocho prisioneros de Guantánamo. La sentencia está disponible en Internet en: http://www.supremecourtus.gov/opinions/05pdf/05-184.pdf.
Pero la cuestión es ¿qué va a pasar ahora? Eso no depende de las ONG, sino de la Administración. Y ésta estaba ayer en un estado de confusión total. El portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, dio marcha atrás sobre las declaraciones de Bush en las últimas semanas, en las que afirmaba que quiere cerrar Guantánamo. «El presidente nunca ha dicho que quiera cerrar Guantánamo inmediatamente. Ha dicho que quiere cerrarlo lo antes posible», dijo ayer Snow.
Irritación con la prensa
Bush, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, no ocultó su irritación cuando fue interrogado al respecto. «Gracias por hacerme una pregunta sobre una decisión que literalmente llegó en mitad de mi reunión con el primer ministro y que no he tenido tiempo para examinar en profundidad», dijo, antes de negarse a hablar del eventual cierre de Guantánamo, e insistir en que «el pueblo americano debe saber que esta decisión, a mi entender, no pondrá a asesinos en la calle».
Efectivamente, la sentencia no abre la puerta para que ningún criminal salga a la calle. Lo que dice es que EEUU no puede mantener detenidos a los prisioneros en las condiciones en las que lo ha hecho hasta ahora y que, cuando los juzgue, no podrá hacerlo ante jueces elegidos literalmente a dedo por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, en procesos en los que las declaraciones obtenidas bajo tortura pueden ser aceptables. Y, lo que es más, «establece, aunque no de forma explícita, que el artículo de la Convención de Ginebra que fija unos derechos mínimos para los prisioneros debe ser aplicado a todos los detenidos por terrorismo. Eso afecta no sólo a Guantánamo, sino también a los ‘desaparecidos’ que EEUU mantiene en otros lugares», según ha explicado a EL MUNDO Katherine Newell Bierman, experta en terrorismo del Observatorio de los Derechos Humanos (Human Rights Watch).
Ahora la Administración debe cambiar ese sistema legal, creado tras el 11-S, que daba prioridad a la detención y a la obtención de información sobre las garantías procesales. Así que «el siguiente paso es para el presidente», como dijo ayer el teniente coronel Charles Swift, abogado de oficio de Salim Ahmed Hamdan, el prisionero yemení que ha provocado toda la controversia. Para ello, Bush debe coordinarse con el Congreso, que se ha llevado otro varapalo formidable del Supremo, que indirectamente le acusa de inhibirse de sus funciones al dar a la Casa Blanca un poder del que en realidad carece. Algunos expertos consideran que la sentencia de ayer es la más importante generada por el Supremo desde la época de la lucha contra la discriminación racial, hace 50 años.
Hamdan -presunto chófer y guardaespaldas de Bin Laden- es uno de los 10 presos de Guantánamo formalmente acusados de terrorismo por los tribunales militares. Hace menos de un año, su recurso fue rechazado por el tribunal de apelaciones de Washington. Uno de los jueces que rechazó la demanda fue John Roberts, que poco después sería elegido presidente del Tribunal Supremo. Por esa razón, Roberts se abstuvo ayer, aunque su voto no habría alterado el resultado de la sentencia, que tuvo cinco votos a favor y tres en contra.