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Empresarios españoles al asalto del mercado marroquí

La ‘deslocalización’ de los especuladores inmobiliarios

Fuentes: Rebelión

El pasado 22 de noviembre la ministra española de Vivienda, Maria Antonia Trujillo, inauguró en Casablanca junto a su homólogo marroquí, Ahmed Taufiq Hejra, y el Primer Ministro del reino alauita, Driss Jettou, el XI Salón Inmobiliario de la Construcción. El evento, que duró hasta el pasado domingo, contó con la participación de una treintena […]

El pasado 22 de noviembre la ministra española de Vivienda, Maria Antonia Trujillo, inauguró en Casablanca junto a su homólogo marroquí, Ahmed Taufiq Hejra, y el Primer Ministro del reino alauita, Driss Jettou, el XI Salón Inmobiliario de la Construcción. El evento, que duró hasta el pasado domingo, contó con la participación de una treintena de empresas españolas del sector.

Marruecos trata de desarrollar la promoción inmobiliaria, ligada en muchas ocasiones al sector turístico. Y para ello está ofreciendo tan apetitoso bocado a empresas extranjeras, a la cabeza de las cuales se encuentran las constructoras españolas.

El Plan Azur 2010, por ejemplo, contempla para esa fecha la construcción de siete estaciones turísticas en distintas zonas de la costa marroquí, que den alojamiento a los más de 10 millones de turistas que el gobierno de Rabat espera lleguen a su país durante ese año.

Al mismo tiempo, el sector de la construcción en el Estado español comienza a mostrar síntomas de debilitamiento y no faltan expertos que auguran un descenso en picado de los beneficios procedentes de la especulación inmobiliaria. Si a todo esto añadimos las denuncias y procesos judiciales, cada vez más frecuentes y de mayores proporciones, que vienen a dificultar el natural desarrollo del negocio inmobiliario -sustentado en la práctica habitual de la corrupción-, se entiende mejor que las empresas españolas busquen la «deslocalización» de sus inversiones.

Y en este sentido el mercado de Marruecos es un verdadero filón por explotar: los costes de la mano de obra, la legislación laboral y el entramado político y administrativo clientelar sobre el que reposa el poder, son un caldo de cultivo óptimo para los inversores ibéricos.

Marruecos es un país en que las relaciones de poder entre la monarquía, el Estado y las tres ramas del gobierno están enormemente desequilibradas. El rey y su entorno palaciego siguen ostentando de facto un poder casi absoluto sobre los asuntos que afectan al conjunto de la sociedad marroquí. […] Las constantes interferencias de los centros de poder ligados al monarca en el normal funcionamiento de las instituciones del Estado, y especialmente el Gobierno, frenan el desarrollo económico y humano del país […] La corrupción en Marruecos sigue siendo un mal endémico, y está extendida por todo el sistema, bien sea a nivel de la política, la economía, la justicia o la administración. [1]

Evidentemente, nada de esto preocupa ni a los empresarios, ni al gobierno ni a las instituciones españolas. Marruecos es una oportunidad de negocio, y como tal no tiene sentido vincularla a cuestiones como los derechos y las libertades, la justicia social o los índices de desarrollo humano.

El desembarco español

Un estudio sobre el sector, elaborado por la oficina comercial de la embajada española en Rabat, asegura que «la promoción inmobiliaria en Marruecos se articula en torno a tres ejes: el turismo, la promoción de alojamiento social y la vivienda libre». El informe estima en un millón de viviendas el déficit habitacional del país. Sin embargo, los planes del gobierno marroquí llegan únicamente hasta un máximo de 630 mil viviendas de aquí a 2012. Según la propia Agence Nationale de Lutte contre l’Habitat Insalubre (ANHI), aunque actualmente se están construyendo 90 mil viviendas al año, se necesitarían otras 125.000 para hacer frente al aumento de las necesidades y de la población [2]. En 2005, se calculaba que un total de 860 mil familias (más de cuatro millones de personas) vivían en construcciones «insalubres» -chabolas- o edificaciones irregulares o precarias. Como indicador orientativo, baste decir que el coste medio de una vivienda social en Marruecos oscila entre los 13 mil y los 20 mil euros, el de la vivienda libre ronda los 60 mil euros, y el sueldo medio no pasa de los 160 euros.

El modo en que estos datos se traducen en negocio puede ser calificado de inmoral en un país con tan acuciantes problemas de vivienda. Y es en este terreno en el que las empresas españolas se preparan para obtener sus beneficios.

La compañía Mixta África, propiedad de la Fundación Renta Corporación (49%) y de Renta Corporación (47%), proyectan la construcción de 524 viviendas económicas en la ciudad de Tánger y un complejo residencial en Tetuan con un total de 4.200 viviendas. La inversión rondará los 80 millones de euros, sus beneficios cuadruplicarán esta cifra. Renta Corporación es una empresa catalana especializada en la rehabilitación y compraventa de edificios, y en cuyo consejo y directiva se encuentran varios ex altos cargos políticos. Apuestan abiertamente por la especulación, como muy bien explicó José María Farré, Consejero Delegado de la compañía, «[una de sus unidades de negocio] es la transformación de suelo: adquirimos terrenos con vistas a su futura recalificación. Hemos decidido potenciar este último apartado y estamos llevando a cabo operaciones importantes» [3].

Otro grupo de empresarios, interesados en la vivienda pública, operarán a través de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC). Según su presidente, Juan Eloy Durá, la desaceleración que, según prevén, sufrirá el sector en España ‘en dos o tres años’, les anima a pasar a Marruecos. Los empresarios valencianos, con amplia experiencia especulativa, construirán casi 20.000 viviendas en la zona de Casablanca y contarán con subvenciones a fondo perdido de hasta un 20 por ciento de la inversión y suelo gratis para edificar.

De la mano de Fadesa -cuyos trabajos van desde las estaciones de Saidia y Kabila, hasta la rehabilitación de la zona del puerto de Tánger- otras empresas están introduciéndose en un mercado casi virgen. Con alguna comparte proyectos (Anjoca), otras se hallan estudiando opciones (como Medgroup) y algunas se encuentran ya instaladas (el caso de Urbas). Precisamente de Urbas se sabe que construirán 1.600 viviendas sociales en Tánger y otras 250 de alto standing, que irán acompañadas por tiendas comerciales y oficinas en el centro de la misma ciudad. Su apuesta no queda ahí: la compañía quiere desarrollar un proyecto turístico con hoteles y un campo de golf; participar en un proyecto residencial junto al aeropuerto de Tánger en colaboración con una sociedad dependiente del Ministerio de Vivienda marroquí; y, también, adquirir un hotel en Agadir.

Experiencia no les falta. Fadesa está implicada en el reciente caso de corrupción protagonizado por el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, y acumula procesos judiciales por todo el Estado español, entre los que destacan los vinculados a las urbanizaciones de Anácara (Miño) y Guadalmina (Marbella). El mayor protagonismo de Medgroup proviene de la denuncia por la construcción, sobre terrenos públicos y junto a la playa protegida de Macenas (Mojácar), de un sinfín de viviendas, apartamentos, un hotel de 5 estrellas con campo de golf, instalaciones deportivas, zonas comerciales… Y Anjoca se enfrenta a la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies por su proyecto de urbanizar 240 mil metros cuadrados, junto al espacio protegido de la Turbera de las Dueñas en Villademar, con 600 viviendas dispuestas en bloques de cuatro alturas y 240 chalets unifamiliares y adosados. Esta concesión incluye la permuta de terrenos de la empresa sin valor inmobiliario por otros de aprovechamiento residencial cuya recalificación está en trámite [4].

Diversas empresas buscan hacer negocio en territorio marroquí, pero con la vista puesta en inversores extranjeros. Es el caso de Alfa Inmobiliaria que, a través de un acuerdo de colaboración con la sociedad Inmo Hispano Árabe, prevé inaugurar un mínimo de 5 nuevos establecimientos franquiciados por año hasta alcanzar los 25 en el 2010. Según Rafael Ordozgoiti, director de Alfa Internacional, «se trata de un mercado en auge tanto para inversores como para personas que buscan una segunda vivienda vacacional, debido a la excelente relación calidad-precio de esta zona».

Todo ello está ocasionando una especulación creciente en todo el país. Rabat, Tánger, Marraquech y Casablanca han visto como en poco tiempo se disparaba el precio del suelo. En concreto en esta última ciudad, este importe se ha duplicado en apenas tres años.

Los empresarios tratarán de exportar el modelo depredador de la costa española. Frente a ellos, algunas voces consecuentes ya se han levantado contra la conveniencia de convertir la costa de Marruecos, especialmente la del norte, en una nueva edición de lo ocurrido en la península, con todo lo que significa de descontrol urbanístico, desprecio por el medio ambiente y fomento de la corrupción en los poderes públicos.

El primer aviso ya está dado, recientemente se conoció que el mítico bosque diplomático de Tánger iba a desaparecer bajo los planos de un complejo turístico promovido, casualmente, por una empresa española. Se abre la veda.

Notas:

[1] El Marruecos que no despega, Haizam Amirah. (http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/579.asp)

[2] Los riesgos del chabolismo en Marruecos, Iván Martín. (http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/705.asp)

[3] http://www.megabolsa.com/cierres/opv/rentacor.php

[4] Destrucción a toda costa: Informe sobre la situación del litoral español. Greenpeace, julio 2006.
(http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/destrucci-n-a-toda-costa-2006-3.pdf)