Desde el derrame de petróleo crudo en el Golfo de México hasta los ultrajes perpetrados contra los inmigrantes en Arizona, el gobierno de los Estados Unidos parece estar sumido en una emergencia tras otra. Pero las dos crisis tienen sus raíces en las estructuras fundamentales de nuestra sociedad, estructuras que han sido transformadas por la […]
Desde el derrame de petróleo crudo en el Golfo de México hasta los ultrajes perpetrados contra los inmigrantes en Arizona, el gobierno de los Estados Unidos parece estar sumido en una emergencia tras otra. Pero las dos crisis tienen sus raíces en las estructuras fundamentales de nuestra sociedad, estructuras que han sido transformadas por la globalización.
La explosión de una plataforma de perforación submarina, que ocurrió el 20 de abril a unas 80 kilómetros de la costa de Luisiana, ocasionó el peor derrame de petróleo de la historia de los Estados Unidos. Unos tres días antes, la gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, firmó el proyecto de ley SB 1070, la cual dispone que los policías locales deben pedir documentos de residencia a cualquier persona de la que sopechen que está indocumentada. Aunque parezcan hechos que no tienen relación, es importante considerar la manera en que los dos están intrínsicamente conectados en un sistema que valora la acumulación del capital por encima del sustento y la sobrevivencia del pueblo y el medio ambiente.
El sociólogo Leslie Sklair ha identificado dos crisis centrales en la era de la globalización: (1) una, la crisis de la polarización de clases que aumenta al mismo tiempo la pobreza y la riqueza dentro de y entre las comunidades y las sociedades; y (2) una crisis ecológica insostenible.
En el año 2010 hemos visto claramente estas desastrosas consecuencias, en un tiempo de crisis financiera, que en Arizona se manifiestan en la xenofobia y el nacionalismo contra los más pobres y vulnerables. En el Golfo, en vez de montar un esfuerzo nacional para parar la fuga de petróleo, las élites del Gobierno, siguiendo las prácticas e ideologías del capitalismo global, han dejado la protección del mar a las corporaciones transnacionales.
Durante el Gobierno de George W. Bush, la agencia encargada del gas natural, el petróleo y otros recursos minerales en la plataforma continental (U.S. Minerals Management Service), declaró que las empresas petroleras estaban en la mejor posición para determinar los peligros para el medio ambiente que podría acarrear la perforación submarina en aguas profundas, una política que fue continuada por el Gobierno de Obama.
Ira Leifer, un investigador del Marine Science Institute de la Universidad de California, Santa Bárbara, al que el Gobierno ha encargado investigar la cantidad de petróleo que se ha fugado, ahora estima que el desastre ha respondido a los peores pronósticos de BP, de que el pozo podría arrojar 100.000 barriles por día en caso de un derrame.
Ahora, una mancha que mide unos 16 kilómetros avanza por las corrientes complejas del Golfo, con la posibilidad de contaminar otras costas y áreas submarinas. Las marismas de las costas de Louisiana, un medioambiente rico en diversidad biológica, pueden ser destruidas. Cinco de las siete especies de tortugas marinas, varias especies de tiburones, delfines, moluscos, un pelícano y aproximadamente unas 96 especies de aves migratorias pueden sucumbir a la extinción.
La nación atakapa-ishak, una comunidad indígena que se ha sostenido por siglos en el Gran Pantano de Luisiana, ha visto degradado su medio ambiente por la búsqueda del petróleo. La Parroquia de Plaquemines, una comunidad afroamericana dedicada a la pesquería, penas estaba adquiriendo estabilidad unos cinco años después del Huracán Katrina, que destruyó varios hogares. Ahora, esta comunidad está luchando para sostenerse, ya que el Gobierno ha declarado un moratorio contra la pesquería. En otra comunidad, la Parroquia de St. Bernard, las autoridades federales han montado retenes para hostigar a los inmigrantes que trabajan en la limpieza del petróleo derramado.
Mientras en el Golfo de México las petroleras transnacionales, con el apoyo de los gobiernos estatales, han ganado acceso a extensas áreas del lecho marino para su explotación, en territorio mexicano las transnacionales agrícolas, con el beneplácito del Gobierno mexicano, se han quedado con los terrenos despojados a los campesinos por el caballo de Troya que fue el NAFTA.
Enfrentando una creciente taza de desempleo y violencia política en su país, muchos optan por viajar a las ‘ciudades globales’, donde, según la socióloga Saskia Sassen, los inmigrantes proporcionan la mano de obra necesaria para las industrias de fabricación y de servicio que, a la misma vez, subvencionan los niveles de consumo de la clase media.
Esta doble crisis se genera en los procesos de producción transnacionales de la época actual del capitalismo global. BP es una empresa verdaderamente transnacional, tanto en sus redes de producción como en su cartera financiera. El hecho de que sea una empresa global significa que muchas veces puede evitar ser regulada por los gobiernos nacionales. También es un proceso transnacional la flexibilización y regulación de la clase trabajadora. En Arizona, los inmigrantes son explotados por su fuerza laboral pero también para fines políticos, para demostrar a los trabajadores estadounidenses que no están tan mal, si hay una clase todavía más despreciada y mal pagada que ellos, que son los inmigrantes latinoamericanos. El fenómeno de la inmigración y el uso de estas poblaciones desprotegidas para inculcar el miedo se está dando en muchos países, y esto es consecuencia del capitalismo global.
En los Estados Unidos, la intensa cobertura de los medios de comunicación ha revelado una explosión de rabia popular contra BP. De todos modos, esto no ha disminuido el uso de los inmigrantes en el discurso político nacional, donde se les echa la culpa por todos los males económicos y sociales.
La campaña oportunista de xenofobia parece haber surtido efecto, tal como indica un sondeo nacional realizado por Gallup en abril. En Arizona, otro sondeo registró un amplio apoyo para la ley SB 1070 (esto en un Estado donde en 2004 se les impidió votar). La ley SB 1070 no sólo intenta seguir marginando a los inmigrantes indocumentados, sino que también puede privar a todos los latinoamericanos de sus derechos civiles y exponerlos a la discriminación racial.
El senador Russell Pearce (republicano de Arizona), quien promovió el proyecto de ley SB 1070, ahora está trabajando en otro proyecto de ley que propone denegar la ciudadanía a las personas que nacen en el Estado de Arizona si sus padres no tienen documentos. La ciudadanía para todos los que nacen en el país es un derecho conferido por la XIV Enmienda de la Constitución, aprobada en 1868 para subsanar el legado de la esclavitud en los Estados Unidos. El senador habló en la CNN sobre su proyecto de ley, el cual crearía un programa para los trabajadores migrantes que estaría bien,vigilado -algo parecido al Programa Bracero-. Pearce explicó: «Los cultivos se tienen que cosechar, pero no necesito a un hombre para lavar mi coche, para cortar el césped, ni tengo que sentarme a comer en un restaurante de comida rápida… [El programa] no tiene que conceder la ciudadanía, no debe conferir ningún estatus jurídico permanente. Ellos no podrían traer familiares, no podrían venir aquí y traer a sus bebés, no podrían venir a ser una carga para los contribuyentes estadounidenses, que vengan no más a trabajar, ganar su sueldo y regresar a su hogar». El periodista de la CNN que entrevistaba a Pearce, calificó el proyecto de ley como de «trabajo sin trabajadores».
Mientras tanto, el Partido Demócrata sigue dejándose llevar más y más a la derecha. El senador Chuck Schumer (demócrata de Nueva York), autor de un nuevo plan de inmigración patrocinado por su partido, fustigó a los de su partido que se referían a los inmigrantes como «trabajadores indocumentados» en lugar de «inmigrantes ilegales». Algunos sectores conservadores del movimiento pro-inmigrante que se han acercado al Gobierno de Obama quieren hablar por y en nombre del movimiento popular.
Desde el Golfo hasta la Universidad de Arizona hay personas a las que se ha mandado callar. Los pescadores de Grand Isle en el Golfo, denuncian que fueron obligados a firmar contractos con BP como condición para recibir reparación por sus daños y perjuicios. Estos contratos les prohíben hablar públicamente sobre el desastre. En Arizona, acabaron el programa de estudios étnicos en la Universidad de Arizona, por las disposiciones de la ley HB 2281. Cuando en una ceremonia de graduación la profesora Sandra Soto condenó las tantas medidas antiinmigrantes, la audiencia la contestó con burlas y abucheos.
Sin embargo, hay resistencia a estos atropellos. En los últimos días de mayo, cien mil personas se manifestaron en Phoenix, Arizona, contra la SB 1070. Cuatro estudiantes indocumentados, que ahora están sujetos a la deportación, tomaron la oficina del senador John McCain (republicano de Arizona), donde hicieron un plantón. Varios estudiantes y activistas de la comunidad han realizado actos de desobediencia civil en diferentes ciudades del suroeste de los Estados Unidos. La gente del Golfo, como de la Parroquia de Plaquemines, se está organizando y creando comunidades autónomas. Una pescadora de Texas, Diane Wilson, hasta se empapó con petróleo crudo durante una junta del Senado sobre la energía, en protesta contra el aliado de las industrias petroleras y secretario del Interior, Ken Salazar.
Salazar, el presidente Obama y la gerencia de BP hablan a menudo sobre el tema del cambio, pero la situación grave de los trabajadores inmigrantes y la crisis ecológica revelan que la globalización capitalista es una máquina que produce tantas víctimas como ganancias.
Cesar Rodriguez y Jeb Sprague son estudiantes de posgrado en el programa doctoral de Sociología en la Universidad de California, Santa Bárbara.
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