Ocho meses después de que el ministro lo anticipara y una vez pasada la marcha de Bilbo, el Estado ejecuta su amenaza: castiga la solidaridad económica con los presos con una redada que alcanza a dieciséis personas, doce de ellas abogados. A las acusaciones habituales se suman otras de tipo fiscal, pero lo único seguro […]
Ocho meses después de que el ministro lo anticipara y una vez pasada la marcha de Bilbo, el Estado ejecuta su amenaza: castiga la solidaridad económica con los presos con una redada que alcanza a dieciséis personas, doce de ellas abogados. A las acusaciones habituales se suman otras de tipo fiscal, pero lo único seguro es que la Guardia Civil se lleva más de 90.000 euros, que incluyen lo recolectado el sábado.
La intención del Estado de atacar el apoyo al sustento de los presos vascos afectados por la dispersión era conocida desde tiempo atrás. El propio ministro de Interior se encargó de pregonarla a periodistas cercanos, como recogió GARA ya en junio bajo el titular «Madrid prepara una redada contra la solidaridad económica con los presos». Se materializó ayer, apenas 36 horas después de la marcha multitudinaria de Bilbo, con una redada que intentó dar imagen de fortaleza saltándose todos los límites del sentido común.
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