Los enfrentamientos y hostigamientos en la guerra silenciada del Sáhara se han recrudecido en las últimas fechas. Fuentes saharauis reconocieron cuatro militares fallecidos, tras un ataque que concluyó con un número indeterminado de soldados marroquíes muertos, al menos siete, cerca del muro, en la zona de Hauza.
Los saharauis afirmaron haber destruido una base y tras su destrucción, un ataque aéreo causó la muerte de los militares del Frente Polisario.
Mientras, se ha confirmado el desplazamiento de tropas en el Sáhara que controla Marruecos, cuya prensa, que no aborda los enfrentamientos, afirmó que hubo explosiones cerca de la zona de Smara, pero las achaca a causas fortuitas que provocaron dos militares muertos.
El ejército saharaui ha hecho público un total de trescientos partes de guerra diarios desde que se rompió el alto el fuego en noviembre de 2020 tras la ruptura del acuerdo de alto el fuego de 1991 por parte de Marruecos al salir del muro, para controlar la franja de cinco kilómetros hacia Mauritania, en el Guerguerat, donde el ejército marroquí ha minado la zona recientemente.
Mientras, en el territorio del Sáhara, la represión de Marruecos se ha recrudecido contra los activistas saharauis, siendo el caso más simbólico el de Sultana Jaya en Bojador, donde está aislada en arresto domiciliario desde hace trescientos días y no se le permite salir, a pesar de que no hay ninguna orden judicial al respecto.
Ha denunciado maltrato físico y psicológico, incluso violaciones, así como distintos ataques a ella y sus familiares, uno último que le ha provocado la infección del coronavirus por lo que se encuentra en muy mal estado de salud, junto a su hermana. No le permiten visitas de miembros de organizaciones saharauis.
De hecho, dos senadores españoles, Carles Mulet de Compromís y Vicenç Vidal de Más por Mallorca, ya han dirigido preguntas al Gobierno sobre lo ocurrido, solicitando que se interese por la situación de la activista saharaui. La Delegación saharaui en España también ha pedido una intervención de acuerdo con el Derecho Internacional humanitario.
En el Reino Unido un total de 31 parlamentarios también promueven una moción para condenar la represión marroquí en el Sáhara.
Del mismo modo, se ha denunciado la situación de los presos de las protestas de Gdeim Izik, por parte de sus familiares, señalando que no pueden visitarles desde hace casi dos años ya que las autoridades marroquíes se escudan en la situación de pandemia. Algunos están encarcelados en total aislamiento y en prisiones muy alejadas a la residencia de sus familiares en el Sáhara.
Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará el próximo 29 de septiembre con dos sentencias sobre la legalidad de los nuevos acuerdos UE-Marruecos.
Hay que recordar que en diciembre de 2016, el TJUE ya dictaminó que el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Marruecos no se aplicaba al Sáhara porque el territorio saharaui tiene un estatus separado y distinto de Marruecos.
A través de una serie de tres sentencias dictadas en 2018 y 2019, los tribunales europeos generalizaron este dictamen a todos los acuerdos Unión Europea-Marruecos, excluyendo al Sáhara Occidental del alcance del acuerdo de pesca y de aviación.
Ahora se prevé que las sentencias puedan ir en el mismo sentido.