La guerra y la clase trabajadora

Este Gobierno trata a sus soldados del mismo modo que la mayoría de grandes empresas trata a su fuerza de trabajo: como un medio invisible, despreciado y desechable para conseguir un fin que va en contra de los intereses de los trabajadores. Los miembros de las Fuerzas Armadas provienen en su mayor parte y de manera desproporcionada de la clase trabajadora y de zonas rurales y pequeñas ciudades de Estados Unidos, en las que las oportunidades no abundan. El reclutamiento económico permite, en efecto, incorporar a filas a jóvenes de estas comunidades movidos por su deseo de conseguir la capacitación profesional, la experiencia y las oportunidades educativas que no tienen en su vida civil.

Una serie de experiencias similares pone en planos paralelos las vidas de los soldados con las de los civiles de la clase obrera, más allá de la común disciplina ante las órdenes recibidas. Tomemos por ejemplo la llamada stop-loss. Bajo este concepto, los militares se reservan el derecho de ampliar el periodo de despliegue y servicio activo de cada soldado, más allá de los plazos prescritos en su contrato de alistamiento y sus documentos de movilización. La mayoría de los soldados desconocían esto cuando la guerra de Iraq comenzó a intensificarse, pero a comienzos de 2006 los militares habían aplicado ya esta medida de stop-loss a 50.000 de ellos. Indignados soldados y sus familias recurrieron estas ampliaciones del servicio ante los tribunales, pero sus querellas no fueron admitidas a trámite.

Entretanto, en la economía civil, uno de cada cinco empleados a tiempo completo trabaja obligatoriamente horas extraordinarias (stop-loss), es decir, la dirección de la empresa exige al trabajador que permanezca en su puesto de trabajo más allá de la hora establecida de finalización de su jornada. Muchos trabajadores desean realizar horas extraordinarias por el dinero que perciben por ello, pero generalmente están en contra de que se les obligue a trabajarlas, especialmente cuando perturban su vida familiar o ponen a prueba su salud mental o física. Si bien las consecuencias del stop-loss militar tienen mayores repercusiones, el principio es el mismo. En ambos casos no se respetan las necesidades de los trabajadores y se anulan las expectativas que éstos puedan tener de llevar una vida propia fuera del control de sus empresarios.

Las actividades de oposición al reclutamiento son un importante elemento del movimiento contra la guerra de Iraq, y son una respuesta a los métodos que utilizan los encargados del reclutamiento, que ofrecen a los potenciales reclutas garantías que en realidad el Ejército no está obligado a respetar, y prometen beneficios que al final no se hacen realidad. Se trata de un patrón de comportamiento que tiene muchos paralelismos en la vida civil de la clase obrera. Es habitual que entre los estímulos equívocos haya ofertas de formación que pueden conducir, más tarde en la vida civil, al disfrute de buenos empleos; o primas para educación que permiten pagar los costes de los estudios; e incluso primas de enganche de 10.000 dólares o más, que pueden parecer una fortuna para los chicos que se acercan a las oficinas de reclutamiento. El caso más impresentable de retirada de los beneficios incluidos en el contrato de reclutamiento es cuando un soldado debe abandonar el Ejército antes de la totalización del periodo acordado, debido a heridas graves recibidas en combate. Haciendo valer el hecho de que los beneficios están supeditados a una salida honorable tras haber completado un periodo completo en filas, los militares proceden a recuperar las primas de enganche ya percibidas por los soldados que no consiguen completar su periodo de servicio. Para luchar contra estas prácticas, los jóvenes, a menudo acompañados por veteranos que han pasado ya por estas experiencias, hacen frente a los reclutadores militares en los institutos de secundaria, centros comerciales y otros lugares en que éstos buscan voluntarios para cubrir sus cuotas asignadas. Por otra parte, los intentos realizados por parlamentarios del Congreso para acabar con estos abusos no han tenido hasta la fecha ningún éxito.

Estas prácticas destinadas a hacer picar el cebo recuerdan las maneras de las grandes empresas cuando exigen a las autoridades locales y estatales que les den subvenciones para instalar sus oficinas y fábricas en comunidades deprimidas desesperadamente necesitadas de puestos de trabajo. Estas empresas prometen buenos puestos y estabilidad económica a largo plazo si las comunidades locales se comprometen a construirles carreteras y otras infraestructuras, si les conceden exenciones fiscales a la propiedad y los beneficios empresariales, y en algunos casos incluso si les hacen entrega de subvenciones en efectivo. Demasiado a menudo, la empresa cobra las subvenciones pero no cumple su parte del trato. No crea los puestos de trabajo prometidos y se marcha de la comunidad cuando las subvenciones terminan, dejando a los trabajadores locales y a su gobierno con las arcas vacías y a menudo empantanados en juicios que casi nunca ganan.

Cuando desaparecen los empleos, se supone que los trabajadores podrán cobrar compensaciones por desempleo, un programa iniciado en la época del New Deal y que es un elemento esencial de la red de seguridad social. Pero en los últimos 35 años, los programas de compensaciones por desempleo han sido recortados y se han hecho más difíciles de acceder. Hoy, sólo un 35% de los trabajadores desempleados cobra realmente estas subvenciones.

Por otra parte, en el Ejército vemos también los problemas relativos a la cantidad y calidad de los beneficios de que disfrutan los soldados desmovilizados. El escándalo del año pasado en el hospital Walter Reed Army Medical Center (1) sacudió a todo el país, pero las organizaciones estatales de veteranos se ven habitualmente obligadas a soslayar los recortes propuestos. Del mismo modo que los empresarios luchan contra las reclamaciones de sus trabajadores de compensaciones por lesiones sufridas, los militares se resisten a proporcionar tratamiento adecuado a las discapacidades relacionadas con actos en servicio, como por ejemplo el daño psicológico conocido como trastorno de estrés post traumático, o los efectos secundarios del agente naranja en la época de Vietnam.

En Estados Unidos tenemos una legítima tradición de control civil sobre los militares. Nuestras fuerzas armadas no son entidades independientes, y están desplegadas para defender y promover intereses de la mayor importancia para el liderazgo civil que guía el país en su conjunto. Así, no es ninguna sorpresa que las prioridades básicas que rigen nuestras operaciones militares en ultramar correspondan a las de aquellos que dominan nuestra sociedad dentro del país. No son buenas noticias para los trabajadores, ni aquí ni allá.

En Iraq, la administración de ocupación, dirigida por Paul Bremer, borró todas las anteriores políticas económicas… con una excepción: mantuvo vigente un decreto de Saddam Hussein, de 1987, que retiraba todo tipo de protección legal a los sindicatos representativos de la función pública, que constituían una gran parte de la fuerza de trabajo. A pesar del reconocimiento formal de los derechos sindicales en la nueva Constitución iraquí, el Parlamento no ha introducido ninguna legislación de protección de los sindicatos o los trabajadores que los promuevan. Ahora bien, los sindicatos de la función pública son también ilegales en Carolina del Norte y muchos otros Estados de la Unión. En su toma de posesión tras su reelección de 2006, los gobernadores republicanos de Missouri e Indiana suspendieron inmediatamente todos los acuerdos alcanzados mediante negociaciones colectivas entre los poderes públicos de estos Estados y los funcionarios estatales, a la vez que ponían fin al derecho a la negociación colectiva. Cuando el Congreso y el gobierno de Bush crearon el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) (Department of Homeland Security) en 2002, retiraron todo derecho a la negociación colectiva a los trabajadores de éste, e incluso a aquellos trabajadores que disfrutaban de estos derechos en sus anteriores organismos. Para ello, establecieron que la protección sindical es contraria a la seguridad nacional. Tras más de cinco años de litigios y decidida oposición, el National Treasury Employees Union (Sindicato estatal de los trabajadores de Hacienda), que representa a 22.000 de estos trabajadores, obligó recientemente al DSN a renunciar a sus poderes anti sindicales y aceptar el principio de negociación colectiva y de protección civil de sus trabajadores.

El gobierno de Bush ha dejado claro que espera que el Parlamento iraquí apruebe una legislación que ponga en manos de las grandes corporaciones estadounidenses del sector las reservas petrolíferas iraquíes, además de una ley de reparto de los ingresos por el petróleo entre las regiones. El Congreso ha hecho de la citada legislación el marco de referencia de todos sus intentos de vincular la financiación de la guerra a los progresos políticos en Iraq. Sin embargo, no ha impuesto un marco de referencia en relación con los derechos de la mujer (la nueva Constitución iraquí impone la ley islámica en el ámbito de las relaciones familiares.) ni, por supuesto, en relación con los derechos laborales. La política estadounidense en Iraq reproduce la misma insistencia en la privatización y la potenciación del poder corporativo que sufren nuestros trabajadores aquí, junto al desmantelamiento de nuestro sector público y sus servicios.

Haciendo hincapié en estos paralelismos y en el hecho de que la mejor solidaridad que podemos ofrecer a nuestros soldados es traerlos de vuelta a casa, ha ido creciendo un movimiento contra la guerra en el seno de los sindicatos estadounidenses. Las federaciones sindicales de los Estados de Connecticut, Maryland/DC, Carolina del Sur, Vermont y Wisconsin se han sumado a la organización US Labor Against the War (USLAW, www.uslaboragainstwar.org ) (Sindicatos de EE UU contra la guerra), primera organización nacional contra la guerra de amplia base entre los trabajadores y sus sindicatos (y de la que, para información, formo parte de su Comisión directiva). USLAW es una coalición de más de 150 sedes sindicales, consejos centrales de trabajadores, federaciones estatales y otras organizaciones sindicales, que coordina sus actividades con Military Families Speak Out, Iraq Veterans Against the War y otras organizaciones de veteranos que apoyan a las tropas exigiendo su inmediato regreso. Por su parte, la AFL-CIO (2) ha pedido la rápida retirada de todas las fuerzas estadounidenses de Iraq. Asimismo, el ILWU Longshore Caucus (Sindicato de estibadores portuarios) sigue con su tradición de realizar interrupciones del trabajo por razones políticas, y convoca al cierre de todos los puertos de la costa Oeste el 1o de Mayo, en protesta por la guerra, un paro laborar que espera que se amplíe a otras ramas.

La oposición de los sindicatos a la guerra surge en parte del costo económico de la guerra, contabilizado no sólo en dólares sino también en todo lo que se hubiera podido adquirir con ese dinero. Hasta ahora la guerra ha costado más de 522.000 millones de dólares (sin contar los pagos por intereses sobre los empréstitos contraídos y el costo de los servicios a largo plazo para los veteranos.) Sólo los contribuyentes del estado de Louisiana han pagado ya 4.000 millones de dólares, suma con la que se hubieran podido crear más de 47.000 unidades de habitación asequibles, además de los puestos de trabajo ligados a esta construcción. (En su sitio Internet www.nationalpriorities.org, el Proyecto de prioridades nacionales contabiliza en detalle los costos reales que la guerra ha impuesto a Estados y comunidades de todo el país.)

El movimiento organizado por los trabajadores y sus sindicatos apoya a los soldados mediante la exigencia de inmediato regreso y garantía de plenos beneficios por los servicios prestados. Además, promueve la asignación de los recursos de la guerra a la cobertura de necesidades humanas. Y expresa su solidaridad con los trabajadores iraquíes y su movimiento sindical. Si, llegado el caso, un nuevo Gobierno demócrata decidiese continuar la ocupación iraquí y ofreciese, a la vez, satisfacer algunas de las demandas sindicales como parte de su programa nacional, el apoyo al actual movimiento exigirá un nuevo análisis y una nueva resolución.

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(1) En febrero de 2007, el Washington Post publicó una serie de artículos de investigación que desvelaron numerosas negligencias en este hospital (deterioro físico, burocratismo, etc.), denunciadas por soldados y familiares de éstos. Este escándalo motivó una serie de despidos del personal responsable (entre otros, el teniente general a cargo del hospital) y una larga investigación del Congreso (N. del t.)

(2) AFL-CIO: American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations. Gran federación de sindicatos de diferentes ramas y ámbito federal (N. del t.)

S. Seguí pertenece a los colectivos de Rebelión y Cubadebate. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, el traductor y la fuente.

http://www.thenation.com/doc/20080331/zweig