Aunque Tom Marino haya retirado su nombre de la nominación de Trump como jefe del control antidrogas, el dinero de la industria farmacéutica corre por las venas del Congreso, y contribuye directamente a la epidemia de opiáceos que mata a miles de estadounidenses cada año
Un frasco de OxyContin, en una farmacia estadounidense. TOBY TALBOT / AP PHOTO.
Donald Trump no estaba equivocado. El presidente habló de la influencia de la industria farmacéutica en el Congreso. «Les dan muchísimo dinero a los políticos. No lo sé, Mitch, quizás incluso a ti», dijo, de pie junto a Mitch McConnell, líder de la mayoría del Senado.
Horas después, su elegido para convertirse en ‘czar de las drogas’, la persona a cargo de la oficina de control de estas sustancias, Tom Marino, retiraraba su postulación, precisamente por su papel en la aprobación de una ley que limita la capacidad de la DEA de perseguir a las distribuidoras farmacéuticas que alimentan la epidemia de opiáceos en Estados Unidos.
Trump tenía razón en las dos cosas. La industria farmacéutica invierte más que ninguna otra industria en influenciar políticos. En la última década, las empresas farmacéuticas han desembolsado más de 2.100 millones de euros para influenciar y ejercer presión en miembros del Congreso.
Cientos de miles de euros han ido al bolsillo de McConnell, aunque no es el único beneficiado. En Estados Unidos, nueve de cada diez diputados y todos los senadores menos tres han recibido aportes de campaña de empresas farmacéuticas que buscan influenciar la legislación para controlar desde el precio de los medicamentos hasta la forma en que se aprueban nuevas drogas.
El nominado por Trump como zar antidrogas, el diputado Tom Marino, se vio obligado a retirar su postulación después de que se conociera un informe realizado por el Washington Post y el programa 60 Minutos, de la cadena CBS, que remarcaba su papel en la aprobación de una ley que recortaba la capacidad de la DEA de perseguir a las distribuidoras farmacéuticas y las farmacias que venden los analgésicos opioides que constituyen el núcleo de una epidemia que se cobra más de 100 vidas cada día.
La nominación de Marino a encabezar la agencia federal que se supone que tiene que luchar contra la crisis opioide se cayó cuando se supo que había aceptado importantes donaciones de las mismas empresas que iba a tener que controlar.
Pero en el Congreso, esto no es nada extraordinario. Los políticos y miembros de grupos de presión (Lobbies) del Capitolio reciben cada año cientos de millones de euros por redactar leyes y normativas que permitan que las empresas farmacéuticas obtengan cada vez más beneficios. La industria farmacéutica, que tiene dos cabilderos por cada miembro del Congreso, pagó 128 millones de euros en 2016 por influenciar legislación, según el Centro para una Política Reactiva. El año pasado, las empresas farmacéuticas también contribuyeron directamente con casi 17 millones de euros a distintas campañas políticas. El 60% del dinero llegó a manos republicanas. Paul Ryan, portavoz del Congreso, fue el que más dinero recibió, con un total de donaciones de la industria farmacéutica de 193.224 euros.
Consecuencias para la salud pública
A menudo el público estadounidense no ve el impacto que tiene todo este dinero de las empresas farmacéuticas corriendo por las venas del Congreso, ya que muchas veces el resultado es, por ejemplo, bloquear posibles competidores de la India que hacen versiones genéricas de los medicamentos contra el VIH/Sida, que son mucho más baratos en los países en desarrollo.
Pero otras veces el impacto es muy visible.
Cuando habló de pie junto a McConnell, Trump dio rienda suelta a sus críticas a una industria farmacéutica que «siempre se van de rositas», cobrando precios más altos en Estados Unidos que en cualquier otro país. Esto es el resultado de una ley de 2003, que en la práctica fue redactada por la propia industria, que impide al gobierno federal pedir presupuestos por la fabricación de drogas y aparatos médicos, un proceso que sí se realiza en otras áreas, como en el gasto de Defensa.
En cambio, las empresas farmacéuticas pueden cobrar lo que quieran por las drogas que le venden a los programas públicos como Medicare y Medicaid, y al gobierno federal no le queda otra opción que pagar.
A su vez, las empresas farmacéuticas dicen que permitir la entrada de drogas importadas podría poner en peligro la calidad y la seguridad de los medicamentos en Estados Unidos. Pero ese argumento empalideció a la vista de la subida en los precios de los medicamentos, muchas veces oportunista, como por ejemplo el aumento del precio de los antídotos EpiPen, para reacciones alérgicas, a 507 euros el año pasado.
La Sanidad británica negoció un precio de unos 59 euros por el mismo producto. Los intentos de algunos diputados de aprobar leyes que bajarían el precio de los medicamentos recetados o que le permitirían a la población comprarlos en Canadá, donde suelen ser más baratos, han fracasado.
Y mientras la presión de la industria ha logrado leyes a su medida, también ha tenido un papel importantísimo en la epidemia de opioides, cuyas muertes se han cuadruplicado entre 1999 y 2015. La industria farmacéutica ha puesto todos sus recursos en culpar a los millones que se vuelven adictos, en vez de en el hecho de que estos poderosos analgésicos se recetan de manera indiscriminada.
Diputados en lucha contra el abuso farmacológico
Un grupo relativamente pequeño de diputados ha luchado contra la epidemia desde varios años antes de que se convirtiera en una cuestión política, y han luchado por aprobar leyes para controlarla.
Los diputados Hal Rogers y Mary Bono han visto cómo sus esfuerzos por aprobar leyes que controlaban la prescripción de analgésicos han fracasado gracias a la acción conjunta de los fabricantes de medicamentos. En 2010, Rogers y Bono fundaron la Liga Legislativa sobre el Abuso de Prescripción de Medicamentos y durante años propusieron varios proyectos de ley.
Bono, que supo de la epidemia de opioides cuando Chesare, su hijo con el fallecido cantante Sonny Bono, se volvió adicto, afirmó que las empresas que se benefician de la epidemia llevan a cabo una falsa pero efectiva campaña para hacer ver cualquier intento de controlar la prescripción masiva de analgésicos como un intento de privar a millones de personas de su derecho a tener tratamiento legítimo contra el dolor crónico.
«La industria nos lo está poniendo muy difícil. La presión que ejercen es mucha y muy bien organizada,» aseguró. «Claro que la sentimos, a veces indirectamente. No teníamos muchas personas de nuestro lado para ayudarnos » .
Parte de la presión la ejercían grupos financiados por la industria farmacéutica, como el Foro para el Tratamiento del Dolor, que en la última década invirtió 625 millones de euros en presionar a Washington y a las asambleas legislativas de cada estado para evitar que se aprueben leyes que controlen la prescripción de opioides y temas similares, según el Centro por la Integridad Pública.
Uno de los políticos que recibió contribuciones de este grupo fue el senador Orrin Hatch, que se llevó más de 300.000 euros. El senador presentó un proyecto de ley que buscaba desviar un proyecto de Rogers y Bono que proponía un estudio federal sobre el tratamiento contra el dolor. Hatch, que en 2018 se presentará otra vez como candidato a senador aunque había dicho que no lo haría, es el político que más donaciones ha recibido de la industria farmacéutica en lo que va del año, con 176.000 euros.
Bono aseguró que la Asociación Médica Estadounidense jugó un importante papel en parar otra ley, la llamada ley Ryan Creedon, que buscaba obligar a médicos a recibir formación específica sobre los riesgos de los opioides. La Asociación dijo que sería una carga muy grande para los profesionales.
Farmacéuticas que financian campañas electorales
Las empresas farmacéuticas aportaron más de 169.000 euros a la campaña de Jason Chaffetz (que dejó el Congreso recientemente), convirtiéndose en los donantes más importantes de su campaña por la re-elección. Chaffetz, como miembro de la junta del comité de supervisión y reforma gubernamental, lideró los esfuerzos contra los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que buscaban reducir la prescripción de opioides recomendando a los médicos que primero ofrecieran tratamientos alternativos contra el dolor crónico.
La industria sanitaria en completo ejerció presión y tuvo un impacto importante en la redacción de la Ley de Cuidado de Salud Asequible de Barack Obama, conocida como Obamacare.
El presidente del comité que redactó esta ley, el senador Max Baucus, fue en ese momento el político que más donaciones recibió de la industria de la salud, con 1,3 millones de euros destinados a su fundación política durante el año anterior. Baucus logró que el comité votara por dejar fuera de la ley a las aseguradoras públicas, algo que las aseguradoras privadas veían como una amenaza a sus beneficios.
Baucus era conocido dentro de la industria de la salud por sus fines de semana de golf y sus viajes de pesca a su estado natal de Montana, a los que los cabilderos pagaban por asistir. Otros miembros del comité también recibieron cientos de miles de euros, incluido el senador Pat Roberts, quien en un momento intento retener el borrador de la ley argumentando que los cabilderos necesitaban tres días para analizarlo. La mayor parte de la redacción de la ley Obamacare fue realizada por el ex vicepresidente de una gran empresa de seguro médico, Wellpoint.
En su ataque al dinero de las empresas farmacéuticas en la política estadounidense, Trump olvidó mencionar que estas mismas empresas fueron unos de los principales donantes de su investidura, junto con empresas petroleras y tabacaleras.
Pfizer, fabricante de Viagra, fue el mayor donante farmacéutico, aportando 844.000 euros.
Traducido por Lucía Balducci
Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/industria-farmaceutica-politicos-alimentan-Unidos_0_698881032.html