Miles de sudaneses han tomado durante las últimas semanas las calles de Jartum y otras ciudades del país, después de que el Gobierno suprimiese los subsidios a los carburantes, lo que ha doblado el precio del petróleo y del gas de cocina en un clima de inflación rampante. Ha ardido una veintena de gasolineras y […]
Miles de sudaneses han tomado durante las últimas semanas las calles de Jartum y otras ciudades del país, después de que el Gobierno suprimiese los subsidios a los carburantes, lo que ha doblado el precio del petróleo y del gas de cocina en un clima de inflación rampante.
Ha ardido una veintena de gasolineras y los manifestantes han prendido fuego a varias comisarías de policía. Tras varios días de protestas, en las que se han oído todo tipo de consignas -como la popularizada por la llamada primavera árabe «la gente quiere la caída del régimen»-, el gobierno de Omar al-Bashir ha tomado cartas en el asunto y ha desplegado tropas militares alrededor de gasolineras, instituciones y otros puntos estratégicos.
El resultado: centenares de muertos por los choques violentos con las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional y el Centro Africano para la Paz y la Justicia han denunciado que 50 personas han fallecido en solo dos días tras haber sido disparadas en la cabeza o en el pecho, pero señalan que fuentes locales y activistas elevan esa cifra a más del doble solo en la capital.
Las organizaciones de derechos humanos aseguran que se está disparando a matar y expresan su «profunda preocupación» por los cientos de detenidos y la posibilidad de que sean sometidos a tortura y otros tratos vejatorios.
No es la primera vez que los sudaneses se manifiestan -en julio tuvo lugar la última oleada de protestas por el plan de austeridad anunciado por el Gobierno- y, mucho menos, la primera en la que las fuerzas de al-Bashir utilizan la violencia contra la población pero «esta vez podría ser diferente. La escala de las protestas es mucho más grande y los aumentos de precios son mucho mayores que la última vez», apunta Moez Ali, bloguero y analista político sudanés. «Creo que va a materializarse en algo significativo. Creo que las protestas han comenzado a derribar el régimen», destaca.
El Estado se ahoga
Las cuentas en las arcas sudanesas no salen y la responsabilidad parece apuntar directamente a la corrupción y a la fallida gestión de un presidente autoproclamado dueño y señor del reino.
Al-Bashir eliminó los subsidios al combustible porque «habían alcanzado niveles peligrosos para la economía», como se encargó de explicar el propio presidente sin mencionar nada acerca del agujero que soportan las cuentas del Estado. «Como lleva haciendo durante años, el Gobierno ha administrado mal los fondos estatales y por eso se enfrenta a un déficit que -explica Ali- intenta tapar con la eliminación de los subsidios».
Los analistas señalan como causa fundamental de la crisis económica sudanesa la separación de Sudán del Sur, estado independiente de Jartum desde julio de 2011 que se llevó consigo el 75% de las reservas de crudo y las jugosas rentas que proporcionan (la mayoría de yacimientos petrolíferos están en el sur aunque la mayoría de las refinerías están situadas en el norte).
Sin embargo, la pobreza -azuzada por los conflictos- lleva años instalada entre una población con escasas oportunidades de vida, privada de bienestar y de derechos como la salud o la educación. Sudán se mueve entre los últimos veinte puestos del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); sin embargo, se sitúa en las primeras posiciones (el número 24) de la clasificación del gasto militar en función del PIB (España es el número 116).
«La única salvación para la economía de Sudán era -y hago hincapié en era- la agricultura. Sin embargo, el gobierno -y sus funcionarios- estaban tan ocupados en gastar los ingresos del petróleo de los últimos 10 años, que se olvidaron de mantener la agricultura como una opción viable. Así que ahora, creo que la única solución es vender bonos de hambre a los bancos europeos. La situación no puede ser peor de lo que es ahora», señala Ali.
Resulta sangrante que ante la falta de oportunidades de sus ciudadanos, el gobierno de Omar al-Bashir decida destinar entre el 70% y el 80% del presupuesto estatal a defensa y seguridad frente al 2% y 3% a educación y salud. Pero es directamente criminal que esas 80 de cada 100 libras vayan a parar a un Ejército cuyo cometido y actividad diaria es bombardear a la población en Abyei (en la frontera con Sudán del Sur), en Darfur y en estados como Kordofán y el Nilo Azul, donde el gobierno de Jartum mantiene una lucha con los rebeldes del Frente Revolucionario Sudanés (FRS).
La sistemática marginalización de las poblaciones periféricas ha provocado que en el medio siglo de independencia de Sudán hayan surgido grupos rebeldes contra el Gobierno central tanto en el sur, como en el este y en la región de Darfur. La respuesta brutal del Gobierno ha sumido al país en guerras durante décadas que han golpeado el pasado, el presente y el futuro de generaciones.
«Arquitectos de atrocidades»
Las fuerzas armadas de Sudán llevan años lanzando ataques aéreos «deliberadamente y sin restricciones» sobre la población civil y trabajadores humanitarios, según han denunciado diversas ONG como Médicos Sin Fronteras.
El investigador y analista Eric Reeves lleva años trabajando en el caso sudanés y ha publicado un informe que recoge los más de 2000 ataques «confirmados» llevados a cabo por el Ejército contra la población civil en la última década. Reeves asegura que hay evidencias del uso de armas químicas por parte del régimen de Jartum, confirmadas por MSF, que ha denunciado el uso de bombas de racimo y bombas con agentes químicos en el país. Sin embargo, lamenta, «nunca ha sido debidamente investigado por Naciones Unidas».
«La obscenidad moral que supone el uso de armas químicas contra los civiles en Siria, lamentado por el secretario de Estado estadounidense, John Kerry y otros, no puede ser mayor obscenidad que los continuos y a menudo deliberados ataques que tienen como blanco a la población civil» en Sudán, en opinión de Reeves, que destaca que los cálculos geoestratégicos e intereses de Estados Unidos, la Unión Europea, la Liga Árabe o la Unión Africana garantizan que el régimen de Al-Bashir pueda seguir cometiendo estos crímenes con absoluta impunidad, «incluso aunque el número de ataques denunciados y aquí registrados [en su informe] muestran una sólida evidencia del uso de armas químicas».
La mayor parte de las agresiones que ha documentado se ha producido en Darfur, donde el dolor parece no tener final. Una región golpeada por guerras, enfermedades y hambrunas que ha parido millones de refugiados y que ha matado a otros tantos que no pudieron o no quisieron huir.
Sólo en la primera mitad de este año, 300.000 personas se han sumado a la lista de desplazados, que ya asciende a más de 2 millones, además de los 1,4 millones de refugiados. Además, más de un tercio de la población de este territorio, cruce de caminos entre el desierto y la sabana, precisa de ayuda humanitaria.
El conflicto de Darfur cumple una década. La lucha que mantiene el Gobierno con los rebeldes del SPLM-N (el brazo del norte del SPLM) en Kordofan del Sur y Nilo Azul comenzó mucho después. En 2010. Pero tres años ha sido tiempo más que suficiente para constatar que también en estos territorios las fuerzas armadas de Sudán cometen crímenes de guerra y contra la humanidad, como ha documentado Enough Project en el informe titulado «Arquitectos de atrocidad».
La ayuda humanitaria palia el sufrimiento de la población como puede y, lo que es más relevante, cuando puede porque el Gobierno de Al-Bashir tampoco es muy amigo de las ONG extranjeras y bloquea su trabajo frecuentemente. El mes pasado, sin ir más lejos, denegó el visado a 20 de los 37 trabajadores de ACNUR establecidos en Darfur del Norte.
Casi medio centenar de trabajadores humanitarios han sido asesinados desde 2003 en el país y las dificultades para poner en marcha misiones de ayuda no son pocas. La información es muy escasa y, como denuncia Reeves, «los funcionarios de la ONU son silenciosos o superficiales» respecto a temas como la campaña de violaciones que continúa haciendo estragos en Darfur.
Ni siquiera conocemos realmente a través de datos oficiales, según explica, la cifra de muertos de los últimos años en los conflictos que asolan Darfur: son extrapolaciones de las últimas cifras, de 2005. «La gente continúa muriendo en grandes cantidades, si no en niveles de genocidio de los años anteriores. ¿Cómo se puede seguir sin investigar la mortalidad? La respuesta sigue estando en la intimidación de Jartum a la ONU», destaca Reeves. El chantaje del régimen de Bashir (que insiste en hablar de 10.000 muertos en Darfur -frente a los 500.000 que señalan algunas investigaciones independientes-) ha sido tradicionalmente aceptado por la ONU y «justificado para poder tener acceso constante» a las zonas de conflicto en el país, explica el analista. Todo ello, a pesar del acoso y la obstrucción del trabajo de las ONG que ejerce el régimen de Jartum.
En la última reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrada este mes en Ginebra, uno de los puntos de la agenda fue renovar el mandato del experto independiente enviado para monitorizar y dar cuenta de los avances en el desarrollo del país. Sin embargo, las organizaciones denuncian con dureza que el experto provee de asistencia técnica y fomenta las capacidades de las autoridades pero no tiene un mandato directo para supervisar e informar de la situación de los derechos humanos en un país que, según denuncian, los viola de manera «amplia y sistemática».
La ira supera al miedo
Guerra en tres estados diferentes, restricciones a la libertad de expresión y asociación, arrestos arbitrarios y torturas a activistas y defensores de los derechos humanos… La represión ha sido el arma que ha mantenido a Omar al-Bashir y a su Partido Nacional del Congreso -afiliado al Frente Islámico Nacional- en el poder desde 1989. Ni las atrocidades sufridas por la población ni la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, emitida en 2009, acusándolo de crímenes contra la humanidad, le han apartado del poder. Es difícil creer que lo hará una nueva revuelta ciudadana.
Sin embargo, dice Reeves que ahora el enfado y la ira han superado al miedo entre los sudaneses, «y no puede haber nada más peligroso para un régimen que ha sobrevivido creando miedo a través del Ejército y de sus servicios de seguridad brutales».
En la calle, el precio de la bombona de butano ha pasado de 14 a 25 libras sudanesas y el galón (3,78 litros) de gasolina de 12 a 21. Las protestas, de congregar cientos de personas, a miles en los últimos días, hostigadas por las muertes de decenas de activistas.
El partido gobernante culpa al Frente Revolucionario de Sudán y a los partidos opositores de estar detrás de las manifestaciones y ha ordenado el cierre de canales de televisión Al-Arabiya y Sky News. También ha cortado el acceso a internet en varias ocasiones y ha prohibido la publicación de varios diarios nacionales en fechas concretas, incluso aunque se consideren afines al régimen.
«El error común es creer que las protestas son contra el plan de austeridad, pero no lo son. Los manifestantes piden la caída del régimen. Puede haber sido provocado por el plan de austeridad», señala Ali, pero indica que es la falta de oportunidades y de libertad lo que lleva a los sudaneses a desear la salida de Al-Bashir.
«Los sistemas de educación y salud en Sudán son prácticamente inexistentes. No hay infraestructuras, no existe un sistema legal, no hay plan económico de ningún tipo y, por último, pero no menos importante, no hay libertad de expresión», explica. «A todos los efectos, Sudán es un Estado fallido».
Ali cree que «Sudán no recibe la cobertura de los medios que se merece» y si nos fiamos de la tendencia marcada en el interior del país y la respuesta desde el exterior, esta no será más que otra protesta silenciada. Occidente está -y se hace- el tuerto pero no es la primera vez, ni Sudán el único lugar, en el que la hipocresía de la diplomacia y de la comunidad internacional queda en evidencia.
Como tampoco es la primera vez -y ahí reside la esperanza que verbalizan algunos activistas- que el pueblo derroca a un régimen dictador y corrupto. Dos vecinos de Sudán lo han hecho -Libia y Egipto- por eso Bashir, muy atento a lo ocurrido en esos países, ha desplegado todo su aparato represor antes de que se descontrolen las cosas en la calle y se precipiten los acontecimientos. La pregunta ahora es si la represión se volverá o no contra el represor.