A pesar de que la prensa recogía ayer la noticia como un logro de las tesis ecologistas, lo cierto es que el anuncio del derribo de la construcción ilegal en el Parque Natural del Cabo de Gata oculta muchas sombras sobre esta operación especulativa. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anunció el […]
A pesar de que la prensa recogía ayer la noticia como un logro de las tesis ecologistas, lo cierto es que el anuncio del derribo de la construcción ilegal en el Parque Natural del Cabo de Gata oculta muchas sombras sobre esta operación especulativa.
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anunció el miércoles que la Administración autonómica comprará la finca donde se sitúa el hotel El Algarrobico, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata, y en la cual la empresa Azata construía el edificio de 21 plantas.
El objetivo de la compra, según Chaves, es que el paraje «quede como ante de las obras» y resaltó que desaparecerá «un símbolo de la destrucción del litoral andaluz». La empresa ya ha planteado que recurrirá a los tribunales.
La posible demolición del edificio, emplazado a apenas 50 metros de la orilla del mar y en la entrada del Parque Natural, necesitará recorrer un largo camino ante la decisión de Azata de recurrir a la vía judicial.
A finales de este mes o principios del próximo se consignará el dinero para hacer efectiva su compra, fijada en un total de 2,3 millones de euros (1,412 millones de euros para la del hotel y 901.000 euros para la colindante).
Escepticismo ante la medida y amenazas urbanísticas
Pese a que algunos grupos ecologistas han celebrado la medida (Greenpeace y Los Verdes, adscritos al Grupo Socialista), lo cierto es que la actuación de las administraciones públicas andaluzas deja en la sombra muchos y graves motivos de preocupación.
Greenpeace, que llevaba mucho tiempo denunciando la ilegalidad del hotel y pidiendo su demolición, se alegra ahora de la medida y abandona su exigencia de responsabilidades al gobierno autónomo que es el causante de la situación actual.
En este sentido, Ecologistas en Acción-Almería ha recordado que las operaciones especulativas no se pueden zanjar a costa de comprar terrenos privados con dinero público. En todo caso, deberían ser los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Carboneras, que dieron con su firma el visto bueno al proyecto y la correspondiente licencia, los que paguen este desaguisado.
Además, esta organización advierte de que en la zona existen tres sectores urbanizables y que junto al Hotel de El Algarrobico hay en proyecto otros 8 hoteles, 1500 viviendas y un campo de golf. La amenaza especulativa continuará intacta mientras no se declaren estos tres sectores como suelo rústico no urbanizable.
Otro grupo ecologista, Salvemos Mojácar, aporta más datos sobre las fincas ubicadas junto al hotel, y propiedad del mismo grupo inmobiliario. En estos terrenos, la constructora Azata pretende urbanizar más de 500 hectáreas (5 millones de metros cuadrados), lo que significa cubrir de hormigón un espacio 30 veces mayor del que ocupa el actual hotel. Ante la presión social, hace unos meses la Junta de Andalucía anunció la compra de estos terrenos pero hasta el momento no se ha firmado documento alguno ni, consecuentemente, se ha pagado un solo euro por las mismas.
Si se tiene en cuenta que desde la Consejería de Medio Ambiente se llegó incluso a falsificar planos [1], no es descabellado pensar que el anuncio de Chaves es únicamente un plan de marketing político. Conviene recordar en este sentido que, hasta el miércoles, la Junta de Andalucía había defendido la legalidad del Hotel de El Algarrobico. Y que de hecho, ni siquiera reconocía que la construcción se encontrara en su totalidad dentro de los terrenos protegidos por el Parque Natural.
Responsabilidades políticas en el caso
También han sido ocultadas las responsabilidades políticas de las personas que ocupaban cargos en las Consejerías de Medio ambiente y en la Consejería de Obras Públicas, y que en su día no cumplieron con sus obligaciones frenando una actuación ilegal en sus inicios. Esta connivencia, cuando no complicidad, con quienes actuaron al margen de la ley llega al Presidente autonómico, pues como mandatario del PSOE de Andalucía debería actuar contra los concejales de su partido en Carboneras, quienes desde el Ayuntamiento defendieron los intereses económicos de una promotora inmobiliaria y los de ellos mismos, utilizando para ello medios públicos con el fin de engañar y manipular a la ciudadanía.
El caso de Carboneras es sólo un caso más de corrupción urbanística dentro del Parque Natural del Cabo de Gata. Otros proyectos ilegales figuran en la lista negra, como son las urbanizaciones de Marinas de Aguamarga (48 has. en el municipio de Níjar) y la Fabriquilla (junto a las Salinas de Cabo de Gata). Hasta que el gobierno andaluz no actúe contra todas las operaciones especulativas en el Parque, no se restablecerá la confianza en las instituciones y en sus responsables políticos por parte de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas.
Nota:
[1] Al declarar ahora que los terrenos donde se ubica el hotel no son urbanizables la Consejería queda en entredicho y reconoce implícitamente esta falsificación, pues en los planos que obraban en su poder la finca aparece como suelo urbanizable. (Ver nota de prensa de Salvemos Mojácar)