El Juzgado de Instrucción número 1 de València ha admitido a trámite una querella contra varios agentes de la Brigada Político y Social por un episodio de torturas ocurrido en 1971 y que afectó a 12 militantes del PCE. Todos ellos denunciaron torturas en su momento y seis han acudido de nuevo a la Justicia recientemente.
La justicia de València ha admitido a trámite una querella contra varios policías de la Brigada Política y Social, la policía política del franquismo, por torturas cometidas durante la detención de 12 militantes comunistas en 1971. Concretamente, el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital valenciana ha abierto diligencias para investigar un episodio de torturas en un contexto de crímenes de lesa humanidad protagonizado por, entre otros, los policías Benjamín Solsona, conocido como el Billy el Niño valenciano; Jacinto López Acosta; y Manuel Ballesteros.
«Detuvieron a 19 jóvenes en abril de 1971 en València y los llevaron a la Jefatura Superior de Policía. Allí permanecieron 19 días detenidos, incomunicados, y sufriendo torturas como ‘el pato’, que consistía en atar las manos a los pies a prisioneros y hacerlos andar, o ahogarles en la bañera hasta cerca de perder el conocimiento», explica a Público Aradia Ruiz, miembro de la cooperativa de abogados El Rogle que ha presentado la querella en colaboración con la Asociación Ciudadana contra la Impunidad del franquismo en el País Valenciano, que se integra en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella de Argentina.
Los 12 detenidos acudieron en grupo a comisaría en 1971 tras salir de prisión pros u militancia política para denunciar las torturas sufridas durante su detención. Ahora, seis de ellos han vuelto a acudir a la justicia para volver a denunciar a sus torturadores y la justicia, de momento, ha admitido a trámite una de estas querellas y tiene que pronunciarse sobre las otras cinco. El hecho de que la querella haga referencia a un contexto de crímenes de lesa humanidad es crucial para que las torturas sean consideradas como imprescriptibles y no como un delito común de torturas que ya estaría prescrito.
La resolución del juzgado, que ha sido adelantada por EldiarioCV y confirmada por Público, solicita al Archivo Histórico Nacional que envíe al juzgado todos los documentos que guarden relación con la detención del querellante, que en el momento de los hechos militaba en el Partido Comunista de España.
La admisión a trámite de esta querella supone un hito en la lucha contra la impunidad franquista. Se trata de la primera vez que un juzgado admite a trámite una querella contra agentes de la Brigada Político y Social por delitos de torturas en un contexto de crímenes de lesa humanidad.
«La admisión a trámite de esta querella es un precedente jurídico muy importante en todo el Estado. Es un paso adelante muy positivo, ya que es la primera vez que sucede, y esperamos que anime a otras víctimas a acudir ante los tribunales para reclamar justicia», explica la abogada Aradia Ruiz.
En los últimos meses, víctimas de la dictadura han interpuesto 18 querellas contra miembros de la Brigada Política y Social por delitos de torturas cometidos en el tardofranquismo. Esta es la única que, de momento, ha sido admitida.