No es verdad que las cosas ciertas puedan probarse, sentencia con aplomo el tribunal
Han pasado once años desde que se hundió el petrolero Prestige con 77.000 toneladas de fuel en sus bodegas frente a las costas de Galicia. Cerca de 2.000 kilómetros de playas en España, Portugal y Francia quedaron severamente contaminados por la marea negra. La Audiencia Provincial de Coruña ha necesitado diez años de instrucción judicial, nueve meses de juicio y 230.315 folios de sumario, y se ha gastado además en el proceso millón y medio de euros, para concluir ahora que no hay ningún responsable: ni la empresa armadora, Universe Maritime (tapadera de diversos empresarios europeos, aunque el fuel era propiedad de una empresa con sede en Suiza), ni la multinacional estadounidense ABS (American Bureau of Shipping) encargada de la inspección técnica y del correspondiente permiso de navegación, ni el ministerio de Fomento cuyo director general de la marina mercante dio la orden de alejar el buque, ni siquiera el capitán del buque o el jefe de máquinas. Un caso claro de prestidigitación… jurídica.
En una cínica afirmación que puede leerse en los fundamentos de derecho de la sentencia, los magistrados declaran sin rubor: «No debe ser verdad que hasta las cosas ciertas puedan probarse (!), porque en este procedimiento (…) no se ha podido probar aspectos sustanciales del caso» 1. Los jueces dominarán quizá el derecho pero andan escasos de conocimientos filosóficos. En efecto, la certeza objetiva de algo depende de la claridad y distinción con la que lo percibimos, como afirmó hace siglos Descartes. Demostrar o probar lo evidente lo hace cualquiera con frecuencia, incluso sin haber aprobado las oposiciones a judicatura. Lo difícil es demostrar lo que no es evidente, lo que está oculto, y para eso precisamente, entre otras cosas, están los jueces en un proceso. Ya en el siglo XII el filósofo andalusí Averroes dedujo con profunda lógica lo contrario que la Audiencia de Coruña: «Aquellas cosas cuyas causas no son percibidas, son aún desconocidas y deben ser investigadas precisamente porque sus causas no son percibidas; y puesto que todas aquellas cosas cuyas causas no se perciben son aún desconocidas por naturaleza y deben ser investigadas, se sigue necesariamente que lo que no es desconocido tiene causas que son percibidas» (Tahafut al-tahafut o Incoherencia de la incoherencia, cursiva mía).
Resumiendo el profundo pensamiento escéptico de sus señorías: el Prestige iba soltando fuel y amenazaba hundirse hasta partirse en dos, no porque estuviera ya para la chatarra, sino porque se le ocurrió; se alejó de la costa no por orden de José Luis López-Sort sino porque le vino en gana. Y «se hundió porque quiso», como concluye con ira contenida Manuel Rivas.
Hay además en la sentencia algunos juicios de valor que la harán famosa por su benevolencia con los distintos responsables de la catástrofe. Veamos unos ejemplos.
Sobre el exdirector general que decidió alejar el barco a alta mar «hasta que se hunda», según sus propias palabras: tras llamarle «víctima y afectado del desastre», califica su calamitosa decisión como «consciente, meditada y en gran parte eficaz». Sobre la causa por la que el barco se partió en dos antes desaparecer de la superficie: «nadie puede negar el fallo estructural, pero nadie puede decir por qué se registró», ni tampoco cuál fue el decisivo fallo estructural. Sobre la bandera que llevaba el buque, la de Bahamas, aunque la compañía propietaria tenía su sede en Liberia: no procede calificarla de bandera de conveniencia porque tiene igual prestigio que la bandera marítima de España e incluso más que ésta.
Ninguna responsabilidad civil: nadie tiene que pagar los enormes daños
No hubo responsabilidades políticas asumidas por el gobierno de Aznar, en especial por el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos. Se censuró la información, se engañó sobre la terrible contaminación medioambiental 2 y se miró para otro lado. Por eso, ahora el gobierno de Rajoy (entonces vicepresidente) está muy satisfecho con la sentencia, porque, como declaró por radio el director general de la guardia civil, «ha demostrado que todo se hizo conforme a la ley». La Audiencia no ve motivos de censura política al gobierno de entonces, aunque señala algunos pequeños defectos en su gestión. Tampoco admite responsabilidades penales. ¿Y de los enormes daños causados por el vertido tóxico? Los peritos, en un trabajo meritorio, los evaluaron con precisión en 4.328 millones de euros. Según la estrafalaria sentencia, tampoco hay responsabilidad civil. Es decir, aquí no paga nadie de los encausados privados o públicos.
En Francia los propietarios del buque Erika fueron condenados a 200 millones de euros. La contaminación provocada por el Exxon Valdez en Alaska obligó a pagar al gobierno de los EEUU 500 millones de dólares. Y el más reciente derrame de petróleo en el Golfo de México provocado por la compañía British Petroleum (BP) ha traído como consecuencia una condena ejemplar fijada por los tribunales norteamericanos en 14.000 millones de dólares.
Sabíamos desde la época de Fraga (fundador del PP) que Spain is different. Ahora con la Marca España confirmamos que sigue siendo different. Nuestros políticos se enorgullecen de pisotear lo público y a algunos tribunales como la Audiencia Provincial de Coruña les trae al fresco defender lo público, exigir que quien contamine, al menos pague. Esos 4.328 millones en daños los pagarán, como siempre, las clases populares, las mismas que está pagando con sangre el rescate a los bancos.
Tenemos un parlamento que legisla de espaldas al pueblo por no decir sobre sus espaldas, un gobierno que se apoya en un partido enfangado en la corrupción mientras liquida los derechos sociales y protege a los bancos, una monarquía hundida en el desprestigio a pesar de la opacidad que la protege desde su restauración y una justicia que mostraba con frecuencia dos varas de medir. Ahora, tras la sentencia del Prestige, ciega y sorda ante la mayor catástrofe ecológica que haya sufrido el país, ésta se tambalea como quien está a punto de caer. ¿Qué queda en pie del régimen de la transición sin que lo haya contaminado el poder económico de la oligarquía y el despotismo de la casta política dominante?
Dos testimonios gallegos contra la impunidad
En estos momentos de amargura y de vergüenza nacional, me quedo con dos voces del pueblo gallego, dejado una vez más desamparado a su suerte. Natxo Castro, gerente de la cofradía de pescadores de Muxía: «El fallo era previsible en una sociedad en la que las élites están protegidas y el pueblo desprotegido». Xosé Manuel Beiras, portavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE): «la sentencia demuestra la impunidad del poder, cometa los crímenes que cometa».
Notas
1. Arsenio Fernández de Mesa, actual director general de la guardia civil y exdelegado del gobierno en Galicia en la época del Prestige se adelantó a la actual sofistería jurídica con esta clarividente frase: «Hay una cifra clara, y es que la cantidad de petróleo que se ha vertido no se sabe».
2. «La rápida actuación de las autoridades españolas ha evitado una verdadera catástrofe pesquera y ecológica»: Miguel Arias Cañete, entonces ministro de agricultura y pesca, y que ahora ostenta el mismo cargo en el gobierno, en declaraciones a la prensa de fecha 16 de noviembre de 2002.
Fuente: http://www.webislam.com/articulos/91876-la_justicia_se_tambalea.html