La Justicia tunecina ha abierto 18 causas contra Zine El Abidine Ben Ali y trabaja para lograr la extradición del expresidente, que huyó el pasado 14 de febrero a raíz de la primera revuelta popular que ha sacudido el mundo árabe en los últimos meses. Entre los delitos de los que se acusa al hombre […]
La Justicia tunecina ha abierto 18 causas contra Zine El Abidine Ben Ali y trabaja para lograr la extradición del expresidente, que huyó el pasado 14 de febrero a raíz de la primera revuelta popular que ha sacudido el mundo árabe en los últimos meses.
Entre los delitos de los que se acusa al hombre que gobernó Túnez durante 23 años figuran «complot contra la seguridad del Estado» y «homicidio voluntario», reveló el ministro tunecino de Justicia, Lazhar Karubi Chebbi, en una entrevista divulgada anoche en la televisión tunecina.
El titular de Justicia añadió que se han abierto otras 26 causas judiciales contra la familia Ben Ali, su clan y algunos de sus ministros, al tiempo que confirmó que se han emitido mandatos internacionales para congelar los fondos de la familia a través de Interpol.
Chebbi explicó que una delegación gubernamental viajará a la localidad francesa de Lyon, sede de la Interpol, para acelerar la ejecución de los mandatos, tras precisar que el personal de su Ministerio ya había mantenido reuniones con delegaciones de Canadá, Suiza y Estados Unidos.
El ministro subrayó la voluntad de las autoridades tunecinas de recuperar los fondos de Ben Ali en el extranjero y ejecutar los mandatos internacionales, a través de las convenciones bilaterales de ayuda judicial o las convenciones internacionales.
Chebbi destacó asimismo los esfuerzos que se han desplegado para constituir un informe jurídico que permita la extradición de Ben Ali, que vive actualmente en Arabia Saudí.
También afirmó que la Interpol busca a los demás miembros de su familia y allegados que huyeron del país para detenerlos.
Respecto a la propiedad de los bienes del presidente depuesto, sus familiares y allegados, el ministro recordó el decreto ley adoptado recientemente y que obliga que todos los bienes incautados sean transferidos al Estado.
De hecho, precisó que los 360 títulos inmobiliarios pertenecientes a los Ben Alí son ya propiedad estatal en virtud de esa nueva legislación.