Desde el momento en que se comunicaron los resultados definitivos de las elecciones vascas del 1-M, la mayor parte de los medios de comunicación se pusieron manos a la obra, con esfuerzo enconado, para transmitir la idea de que los «nacionalistas», habían dejado de ser mayoría en el País Vasco. La posibilidad de que PP […]
Desde el momento en que se comunicaron los resultados definitivos de las elecciones vascas del 1-M, la mayor parte de los medios de comunicación se pusieron manos a la obra, con esfuerzo enconado, para transmitir la idea de que los «nacionalistas», habían dejado de ser mayoría en el País Vasco. La posibilidad de que PP y PSE pudieran formar gobierno apresuraba sus ansias, para el logro de las cuales no dudaron en multiplicar sus energías para expandir su perpetuo interés en confundir al personal intentando demostrar connivencias con ETA por parte de quienes no apoyan las tesituras que aúnan al bloque que se autodenomina «constitucionalista». Y como no las tenían todas consigo, ante la imperiosa necesidad, se han visto abocados a descubrir una presunta confabulación abertzale independentista afanada en la deslegitimación de un resultado que cuestionaría el pregonado cambio como logro democrático.
En la inmensa mayoría de los casos, las reflexiones, los análisis, las consideraciones, los comentarios y las disquisiciones realizadas por ese personal, no se han parado lo más mínimo en tener en cuenta que la superioridad de los intitulados «constitucionalistas» se produce como resultado de una componenda que, ciertamente, han conseguido dotar de «legalidad», por desatinada y aberrante que pueda parecernos.
A cualquier estudio o razonamiento medianamente serio de los resultados electorales no se le puede escapar que lo que se está produciendo se debe al escamoteo táctico de más de cien mil votos de la izquierda abertzale ilegalizada. Con los 100.924 votos nulos que se produjeron en los comicios del 1-M, el 8,84% del total, la mayor parte de los cuales nadie duda que correspondían a las papeletas de D3M y Askatasuna, hubieran obtenido siete escaños en el Parlamento Vasco. Lo cual nos dice, en primer lugar, que la opción política apartada del debate electoral y demonizada por la mayor parte de los medios, seis años después de la primera ilegalización -aunque hayan obtenido 50.000 votos menos que en 2005-, ha seguido consiguiendo que más de cien mil personas continúen yendo a votar cuando se les reclama, a pesar de que sepan a ciencia cierta que su voto no va a servir para nada. Y en segundo lugar que los derechos de estos ciudadanos que se sitúan en los sectores cercanos a las candidaturas ilegalizadas, han sido vulnerados con una privación comportada, aún a regañadientes, por el gobierno vasco del tripartito. Es verdad, y por eso cabe señalarlo que los partidos integrados en el gobierno de Ibarretxe se han desgañitado con sus continuas manifestaciones de rechazo por la aplicación de la «Ley de partidos». No obstante creemos que ahora pagan las consecuencias de no haber hecho algo más ante una ley concebida y respaldada por el bloque autodenominado «constitucionalista», que no ha dudado, amparándose en la lucha antiterrorista, en utilizar a su antojo, pervirtiéndolas, las características fundamentales de un Estado de Derecho.
Con estas premisas ¿quién se puede sorprender porque se pueda pensar que la exclusión electoral ha servido para incrementar, los ya de por si, amplios sectores de la sociedad vasca que tienen y manifiestan sus dudas respecto a la legitimidad de las instituciones que saldrán del 1-M?. ¿Acaso no se ha dado pie a que estas gentes se pregunten si unas elecciones dónde no se permite presentar a una parte del espectro político vasco pueden ser verdaderamente democráticas?, o ¿si un Parlamento resultado de esta mutilación puede representar la voluntad popular?.
Queramos o no, nos guste o no, más allá de su cuestionada «legitimidad» la elección de Patxi López como lehendakari está marcando y sin duda marcará un punto y aparte en la trayectoria seguida en este país desde que Carlos Garaicoetxea fuera elegido presidente del gobierno vasco en 1980. El resultado electoral del 1-M lo ha propiciado.
La primera muestra de esos derroteros no se entretuvo en llegar. Enfrascados en la lucha por alcanzar el poder a toda costa, al parecer no tardaron en sucederse vertiginosamente las propuestas del PNV ofreciéndole una coalición al PSE de la que Patxi López no quiso hablar, y de éste ofreciendo la mayoría de las carteras al PNV con la condición de que él fuera elegido presidente del gobierno vasco, con lo que obtuvo el rechazo de los nacionalistas, produciéndose después la del PNV proponiéndole al PP su colaboración parlamentaria o un gobierno de coalición, obteniendo como respuesta de los populares que ni siquiera se diera pie al planteamiento. En definitiva, un verdadero culebrón materializado con los diversos intentos iniciales de negociación a todas las bandas que nos ofrece alguna luz sobre la integridad de unos postulados que no se demoran en disolverse y la coherencia de unos postulantes que se fractura ante la más mínima posibilidad de alcanzar el poder.
Desde bases ideológicas supuestamente distintas, socialistas y populares, suscribieron el pacto, por escrito y firmado (porque según Iturgáiz los socialistas y a la cabeza López por su reunión con Arnaldo Otegi no son de fiar), con el fin de concretar los objetivos del interés que comparten, una vez predispuestos e inducidos para llegar a un acuerdo por la consideración de que son muchas las cosas que les unen. Porque les une el sentimiento de creerse únicos objetivos de ETA y del entorno de la izquierda abertzale histórica, así como su disposición a «combatir y aniquilar» el terrorismo etarra en todos los frentes hasta el exterminio de sus bases, al coste que sea. A ese victimismo se le une la predisposición para concretar cambios en las cuestiones programáticas, porque están en sintonía sus planteamientos en lo relativo a la economía, la convivencia, la educación y la sanidad. Desde el PP se ha hablado de alcanzar un compromiso de cambios en las áreas más importantes, como por ejemplo en la Ertzaintza, en la Televisión vasca (sobre todo en lo referente al mapa del tiempo y el discurso del rey) y en educación, de manera que no se mantendrán los actuales modelos educativos. Así pues socialistas y conservadores vascos han aparcado y consensuado las diferencias superficiales que les separan y no han dudado en escenificar su comunión en lo fundamental, de la misma manera que lo hacen en Madrid PP y PSOE a pesar de las melodramáticas representaciones de enfrentamientos sobre lo trivial que se encargan de bombardear desde sus medios.
El PP sabiéndose indispensable en la satisfacción de los deseos de López por alcanzar la presidencia del gobierno vasco, a pesar de haber perdido dos escaños respecto a 2005, ha podido sacar pecho con la intención de implementar sus postulados. Para los populares en Euskadi se vive una verdadera emergencia nacional, por ello buscan todas las fórmulas posibles para un cambio que propicie que el entorno de la izquierda abertzale no pueda participar en la vida política y social del país. El frentismo radical de los populares respecto a los nacionalistas vascos defiende un modelo de solución al conflicto vasco fundamentado en la exclusión, la ausencia de diálogo y el recorte de libertades, de manera que choca con el deseado por la mayor parte de la población de Euskadi que apuesta por el final de la violencia, el diálogo y el acuerdo. De ahí que la posibilidad de que puedan decidir aspectos importantes de la política vasca cause recelo entre quienes buscan soluciones al conflicto.
Ante esta tesitura los socialistas, ansiosos por tocar poder, han optado por blindarse y cerrar flancos, de manera que no introducirán nada, tanto en Madrid como en Vitoria, que les pueda asegurar una bronca con la eterna trifulca alimentada por el PP. De ahí que para vencer las resistencias al pacto, el PSE ponga sus esfuerzos en intentar presentar un mensaje de normalidad democrática, tranquilidad y estabilidad que no consigue hacer llegar a la sociedad vasca, ante quien fracasa dada su escasa credibilidad.
Mientras tanto al PNV le quedan las lamentaciones, mucho le costará asimilar su sustitución en «Ajuria Enea» después de tantos años monopolizando el poder político vasco. A Ibarretxe, candidato a lehendakari por el partido más votado, no obstante se sienta respaldado por la sociedad vasca para formar gobierno por ochenta mil razones más que Patxi López, le queda el papel de conformarse como referencia de cambio ante un eventual fracaso de la coalición.
El pinchazo en la elecciones del 1-M de las coaliciones de la izquierda vasca que participaban en el gobierno tripartito tuvo algo que ver con la polarización de la campaña entre López e Ibarretxe, haciendo perder relevancia tanto a EA como a EB. Pero quizás, lo que influyó sobremanera, fue su papel de comparsas en el gobierno de Ibarretxe y, sin duda, los problemas internos y sus diferentes opciones han tenido que ver con sus resultados. En el caso de EA la decisión de acudir en solitario. Para EB la incapacidad de defender el trabajo realizado durante la legislatura.
EB perdió un 40 de votos respecto a 2005 provocando la dimisión de Madrazo, que ahora ha sido ascendido a presidente, y su sustitución por Mikel Arana, primer coordinador general no afiliado al PCE. No obstante los cambios continúa la sangría con la separación de Oscar Matute y Alternativa Eraikitzen, respondiendo a la demostrada falta de voluntad para asumir responsabilidades que permitan la regeneración de un proyecto descalabrado y abandonado por la sociedad.
Aralar, beneficiándose inequívocamente de la ilegalización de D3M y Askatasuna recogió, además de los sectores cercanos a los ilegalizados que han repudiado la violencia, el entorno de Elkarri y a los desencantados de Esker Batua. Por eso con sus 62.000 votos y cuatro escaños, se sienten autorizados para dirigir una llamada hacia la agrupación de las fuerzas de la izquierda abertzale.
De la izquierda abertzale ilegalizada cabría esperar una reconsideración de su papel en la política vasca, planteando algún paso más que la mera resistencia, sin embargo la presión del estado en la órbita etarra con el endurecimiento de la persecución ejercida por los aparatos policial y judicial han provocado su reacción uniendo líneas que rechazan poner fin a la lucha armada mientras no se detenga la represión de su entorno. Y todo ello, en clara manifestación de debilidad, aún requiriendo hechos al tiempo que muestran su disposición a pactar la solución democrática al conflicto y un compromiso y una estrategia para el cambio político que incluya la autodeterminación. Al parecer la mayoría quiere el final de la violencia, pero el problema está en convencer a ETA de que cambie su actitud irreductible o en conseguir de su mundo la condena de los atentados que cometa la organización terrorista.
De momento la ilegalización de los partidos de la izquierda abertzale histórica y su exclusión de las instituciones han situado al borde de un precipicio el debate sobre el fin de la violencia, obstaculizando la búsqueda de salidas al conflicto vasco. Poco margen de actuación les queda a quienes apuestan por abrir el cauce de la política.
A resultas de todo, en el País Vasco se conformará próximamente el gobierno más minoritario y alejado de la masa social que se ha instalado en Gazteiz desde los inicios de la democracia.
Así las cosas, la cuestionada «legitimidad» de Patxi y el acordado gobierno de los autodenominados «constitucionalistas», no pueden más que augurar una época de luchas enconadas con un frente nacionalista acostumbrado a contemplar la situación desde el poder. Ese frentismo también es alimentado por ETA, que de la misma manera que la mayoría de los medios de información entiende que existen dos únicos proyectos posibles que colisionan: el independentista y el patrocinado por Madrid, aunque en lucha desigual. Con lo cual, irremediablemente Euskadi se dirige hacia una política de bloques enfrentados y el hartazgo de los sectores no alineados que son ninguneados negándoles la posibilidad de desarrollar un proyecto político intermedio.
En este momento, más que nunca, dando respuesta a la difícil situación que propicia la elección de López, en Euskadi tiene sentido el impulso de una referencia política que se sitúe con claridad en ese espacio político no predeterminado por la dicotomía que presentan los bloques contrapuestos y los griteríos de sus servidores.
¿Tendrá alguien capacidad para desarrollarla?.