La Marea Básica contra el Paro y la Precariedad, que reivindica el derecho a una renta básica «individual», «incondicional» y «suficiente», ha lanzado una campaña para denunciar el incumplimiento por parte del Estado español de la Carta Social Europea, en el punto de garantizar las condiciones mínimas de supervivencia a los ciudadanos. La Marea Básica […]
La Marea Básica contra el Paro y la Precariedad, que reivindica el derecho a una renta básica «individual», «incondicional» y «suficiente», ha lanzado una campaña para denunciar el incumplimiento por parte del Estado español de la Carta Social Europea, en el punto de garantizar las condiciones mínimas de supervivencia a los ciudadanos. La Marea Básica califica de «ínfimas» las rentas mínimas que actualmente pagan las administraciones públicas en España, pues no alcanzan -denuncian los promotores- el umbral de la pobreza que según los criterios de Eurostat se situaría en torno a los 663,5 euros (dato de 2014). La iniciativa «#ReclamaCartaSocial» apela a que las personas que perciban prestaciones o subsidios por debajo de esta cantidad, o quieran solidarizarse «para que la pobreza y la precariedad dejen de criminalizarse», presenten reclamaciones por la vía jurídico-administrativa.
La Marea contra el paro y la precariedad ha abierto una cuenta digital para captar donaciones https://www.goteo.org/invest/
La Carta Social Europea fue suscrita el 18 de octubre de 1961 en Turín por los Estados miembros del Consejo de Europa. Estos se comprometían, según el documento, a «garantizar a sus pueblos los derechos sociales especificados en estos instrumentos, con objeto de mejorar su nivel de vida y promover su bienestar social». El Estado español firmó y ratificó esta primera versión, así como el Protocolo adicional de 1988; sin embargo, la Carta revisada de 1996 fue suscrita pero no ratificada por España. Además del «enorme gasto por la burocratización» del actual sistema de rentas mínimas en España y la «criminalización de los más empobrecidos», portavoces de la Marea Básica denuncian que el Estado español incumple «de manera manifiesta» los acuerdos y tratados suscritos.
Así lo pone de manifiesto un informe del Comité Europeo de Derechos Sociales hecho público en enero de 2016, que señala el incumplimiento de seis preceptos de la Carta Social Europea por parte del Reino de España, en relación con la infancia, las familias y las personas migrantes. Elaborado por 15 expertos y centrado en los años 2010-2013, el documento apunta que el Estado español no estaría reconociendo el derecho de los jóvenes trabajadores y aprendices a un salario justo u otra remuneración adecuada, según informó Europa Press. Tampoco el derecho a la protección de la vida familiar, por medios como prestaciones sociales y familiares, beneficios fiscales, provisión de vivienda y otras medidas. El apartado de la Carta Social Europea que más se estaría contraviniendo, según el informe, es el relacionado con el derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia.
El estudio de la Fundación Foessa «Expulsión Social y Recuperación Económica» (2016) pone de manifiesto algunos efectos de la crisis. Por ejemplo, los ingresos de los hogares españoles han caído en un 10,6% desde el inicio de la gran recesión. Además, la tasa que marca el riesgo de pobreza aumentó un 58,1% en cinco años (del 19,8% en 2009 al 31,3% en 2014). Respecto a la privación material severa, Foessa recoge los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que indica un aumento del 29,7% entre 2009 y 2015, al pasar del 4,5% al 6,4%. A ello se agrega el índice de hogares con todos los miembros activos en paro, que apunta un incremento del 41,4% entre el año 2009 -cuando se situaba en el 6,1%- y 2016 (8,7%). Particularmente grave es la situación de los parados de larga duración, que en 14 autonomías afecta a más del 40% de los desempleados. El informe de Intermón Oxfam «Bajan los salarios, crece la desigualdad» (noviembre de 2016) informa de una profunda brecha en la sociedad española; mientras en 2006 el 10% más rico de la población disfrutaba de una renta diez veces superior a la del 10% más pobre, en 2015 la diferencia fue de 15 veces. Pero mucho mayor es la barrera que separa a los altos directivos del IBEX 35 de sus empleados: ganan una cantidad 96 veces superior.
«Las personas más empobrecidas están siendo sistemáticamente criminalizadas; además, cada vez más hogares viven a diario situaciones de desesperación», destacan portavoces del movimiento contra el paro y la precariedad. «No pueden hacer frente a los gastos elementales para la supervivencia, y se ven incapacitados para vivir de manera digna», añaden. A estas denuncias ha puesto cara y nombre Paco Vega, dirigente de Alternativa Socialista y miembro del colectivo ciudadano Renta Básica, que inició el pasado dos de noviembre una huelga de hambre indefinida en Málaga. Esa fecha se cumplía una década de la aprobación del Estatuto de Autonomía andaluz por parte del Congreso de los Diputados, explica el activista en un comunicado. El Estatuto de Andalucía recoge el derecho a la renta básica, alega, «ya es hora de que se cumpla». «No se trata de caridad». El pasado 29 de septiembre dirigió dos escritos recordatorios a la presidenta del Gobierno de Andalucía, Susana Díaz, y al defensor del pueblo de esta comunidad autónoma. Mientras espera respuesta, cada día laborable, entre las 10 y las 13 horas, Paco Vega se planta en la puerta de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
Otro ejemplo es el de Luis Javier Carro, de 65 años y vecino de León, que el pasado mes de agosto reivindicó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, una prestación de al menos 650 euros. Este jubilado fundamentó su reclamación en el contenido de la Carta Social Europea, que el Estado español estaría incumpliendo. Previamente planteó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de León. En aquel momento expuso las circunstancias vitales que le llevaron a reclamar: cobraba una pensión de 367 euros mensuales, con la que tenía que pagar un alquiler de 180 euros en un quinto sin ascensor, y malvivir sin energía eléctrica ni calefacción. El afectado y los colectivos que le prestan apoyo anunciaron el tres de noviembre que, pese a la situación de pobreza crónica de Luis Javier Carro, el alto tribunal europeo había desestimado la denuncia. Los activistas señalaron como principal barrera ante la justicia comunitaria que el Estado español no se hubiera adherido a la Carta Social Europea.
A mediados de septiembre los afectados comenzaron a presentar las primeras reclamaciones -con el apoyo de la Marea Básica- contra los escuálidos subsidios que se pagan en los servicios estatales de empleo (SEPE), las muy mermadas prestaciones por hijo a cargo y las rentas mínimas. Una de las convocatorias tuvo lugar el tres de noviembre, en la puerta del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para plantear siete reclamaciones y así hacer visible el incumplimiento de la Carta Social Europea por parte del Estado español. La casuística de las pagas, prestaciones y subsidios que motivaron las reclamaciones fueron calificados de este modo: «indignantes» y «ridículos». Cuatro subsidios de 426 euros, otros dos por agotamiento de la prestación (por una cantidad todavía menor) y una prestación por hijo a cargo (250 euros semestrales, condicionados hasta que el perceptor encuentre empleo). La Marea Básica contra el Paro y la Precariedad nació tras la campaña de recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la Renta Básica, desplegada en 2014. Se alcanzó la cifra de 150.000 firmas en papel. La Iniciativa Ciudadana Europea por la Renta Básica, que tenía como objetivo lograr un debate en el parlamento comunitario, sumó cerca de 300.000 firmas electrónicas en 2013. Representó otro hito el Encuentro Internacional del Movimiento Europeo por la Renta Básica, celebrado los días 15 y 16 de octubre en Madrid.
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