En diciembre de 2005 las calles de El Cairo fueron testigo de la muerte de 28 inmigrantes sudaneses a manos de la policía egipcia, mientras exigían ser reconocidos como refugiados frente a unas oficinas de la ONU. 15 meses después, ni se han depurado responsabilidades ni ha cambiado la situación de los inmigrantes sudaneses. Durante […]
En diciembre de 2005 las calles de El Cairo fueron testigo de la muerte de 28 inmigrantes sudaneses a manos de la policía egipcia, mientras exigían ser reconocidos como refugiados frente a unas oficinas de la ONU. 15 meses después, ni se han depurado responsabilidades ni ha cambiado la situación de los inmigrantes sudaneses.
Durante los últimos tres meses de 2005, un grupo de 2.000 inmigrantes sudaneses mantuvo un campamento frente a las oficinas del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR) en El Cairo, para exigir su reconocimiento como refugiados políticos y poder ser enviados posteriormente a algún país europeo. El 30 de diciembre, la policía acabó con la protesta de manera expeditiva, con una rápida intervención nocturna, pero delante de cámaras de televisión y viandantes, que dejó como resultado 28 personas muertas, según fuentes gubernamentales. Organizaciones no gubernamentales hablaron de casi cien muertos. 2.174 personas fueron detenidas y, según relataron algunas de ellas, torturadas. La masacre, uno de los episodios más negros en la historia reciente de Egipto, puso frente a los ojos de la opinión pública internacional, por primera vez, la situación de extrema precariedad y de falta de perspectiva que sufren los casi cuatro millones de sudaneses residentes en Egipto. Tras la matanza, asociaciones de derechos humanos denunciaron la pasividad de ACNUR.
Desde el inicio del campamento, la dirección del organismo de Naciones Unidas en Egipto acusó a los acampados de «comportarse de manera infantil, pensando que podían hacer lo que quisieran», en palabras de la portavoz de ACNUR en El Cairo, Astrid van Genderen Stort. Un mes después, en noviembre de 2005, el organismo decidía cerrar sus oficinas, alegando que los acampados estaban presionando para suspender su trabajo con otros refugiados. Las presiones policiales aumentaron sobre los acampados, al tiempo que lo hacían las criticas sobre ACNUR, ya que el cierre de sus oficinas fue considerado una invitación indirecta para la intervención policial, en un país donde se prohíbe la reunión de más de cinco personas en la calle.
15 meses después de la masacre, ni las autoridades egipcias ni los organismos internacionales han depurado ninguna responsabilidad. El Ministerio del Interior egipcio ha declarado que los culpables eran únicamente los acampados, ya que la policía intervino para reprimir una concentración ilegal. Por su parte ACNUR ha seguido achacando a los propios migrantes un comportamiento irresponsable.
Un informe de la ONU de 2004 indicaba que hay 89.000 refugiados reconocidos por ACNUR en Egipto. Si bien el Comité de Refugiados de EE UU cifraba en unos cuatro millones los sudaneses que han llegado a Egipto huyendo de conflictos en su país, a lo que hay que unir refugiados de otras 36 nacionalidades. Aunque a comienzos de 2005 se firmaba la paz que ponía fin a dos años de guerra en el sur del país, el número de refugiados sudaneses no para de aumentar, especialmente procedentes de la región de Darfur. Gracias a un acuerdo firmado en 2004 entre las autoridades de ambos países, los ciudadanos sudaneses pueden entrar y circular libremente por Egipto.
Pero en el país norteafricano hay además refugiados de numerosas nacionalidades. Un informe del Comité de Refugiados de EE UU estimaba que eran unos 50.000 los palestinos con estatus de refugiados
Buscando alternativas
Pese a la dureza de sus condiciones de vida, en los últimos años los propios refugiados han puesto en pie varias iniciativas para mejorar su situación en el país norteafricano. A finales de 2005, nació la Asociación de Refugiados Sudaneses Unidos (USSRA), un colectivo de migrantes sudaneses que tiene por objeto «ofrecer a los refugiados la oportunidad de recibir una educación que en Egipto resulta casi imposible para ellos», afirma Yoko Buri, el coordinados de la escuela. En un pequeño local situado en una populosa barriada de El Cairo, un reducido grupo de personas de diversas nacionalidades imparten diariamente clases para niños y adultos refugiados. en Egipto, la mayor parte de los cuales llegaron tras su expulsión de los territorios ocupados en 1948. Si bien en un principio contaron con plenos derechos, debido a su condición de refugiados, desde 1980 son tratados como cualquier extranjero. Asimismo, la Universidad Americana en El Cairo calcula que el número de iraquíes llegados desde el comienzo de la invasión en 2003 se sitúa entre 120.000 y 150.000 personas, de las cuales apenas 4.700 son reconocidas como refugiados por ACNUR. La mayor parte de ellas se encuentran en situación de ilegalidad.