Sospecho que nuestra memoria colectiva se parece demasiado a la que pudiera tener una ameba, sí, sí, una ameba, porque la de pez se nos queda grande.
Hace unos días comenzamos a hablar de un ático. Después se incorporó Ceuta. En breve llegará otro tema. Siempre llega otro tema.
¿Recordáis la pandemia?, aquella que en la primavera de 2020 sembró de muerte el mundo entero y que siguió haciéndolo, casi en silencio, un tiempo después.
Aquella que nos iba a hacer cambiar por completo. Había sido algo tan horrible que nuestro enfoque vital sería otro a partir de esa experiencia. ¿La recordáis?
En la Comunidad de Madrid dejó, además, una cifra que debería resultar difícil de borrar de la memoria: 7.291. Si os suena es porque unos cuantos seguimos manteniéndola en pancartas y titulares. ¿A qué hace referencia ese número? Exactamente a “las personas que murieron en residencias madrileñas durante marzo y abril de 2020 sin haber sido trasladadas previamente a un hospital”. No todas murieron por COVID: la cifra incluye casos confirmados, sospechosos y fallecimientos por otras causas.
Y no, el número no salió de la imaginación de Alberto Reyero, como llegó a sostener cinco años después la Comunidad de Madrid. Los datos procedían de la propia Consejería de Políticas Sociales y salieron a la luz a raíz de una solicitud de transparencia de infoLibre. Reyero explicaría después que su origen «está en la contestación a una solicitud de transparencia y se llegó a ese número mediante el trabajo serio y excepcional de funcionarios» de la Consejería que él dirigía.
7.291 personas. Muertas en una residencia sin haber llegado a un hospital.
¿Recordáis los «protocolos de la vergüenza»?
Hubo, en realidad, cuatro versiones, fechadas los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020. Todas llevaban la firma de Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. Desde esa Dirección General, los documentos fueron remitidos al sistema sanitario madrileño para establecer los criterios que debían regir la coordinación entre hospitales y residencias y, entre otras cuestiones, las derivaciones hospitalarias de quienes vivían en ellas.
Mur sostiene que no fue su redactor. Según ha explicado ante la Justicia, en la elaboración participaron varias personas y ha señalado, entre ellas, a Francisco Javier Martínez Peromingo, geriatra que entonces coordinaba la atención sociosanitaria de varios hospitales madrileños. Peromingo reconoce haber participado, aunque afirma que manifestó su oposición a unos criterios que consideraba discriminatorios.
Quién escribió cada línea, quién introdujo cada criterio y qué responsabilidad corresponde a quienes participaron continúa formando parte, seis años después, de lo que intenta esclarecer la Justicia. Pero que Mur no redactara personalmente aquellos documentos no convierte su firma en un simple trámite: los protocolos llevaban la firma del director general de Coordinación Sociosanitaria y desde el departamento que dirigía fueron trasladados al sistema sanitario madrileño para que sirvieran de criterio en las decisiones sobre la derivación hospitalaria de los residentes.
Aquellos documentos establecían «criterios de exclusión de derivación hospitalaria».
Dicho sin lenguaje administrativo: había residentes enfermos que, aunque empeorasen, no serían trasladados a un hospital.
Por cierto, ¿recordáis a Carlos Mur?
Probablemente no.
Dejó el cargo en mayo de 2020 y acabó en Andorra, donde llegó a dirigir el Servicio de Salud Mental del sistema sanitario público. Actualmente ejerce la psiquiatría en el sector privado. Seis años después, aquellos protocolos volvieron a alcanzarlo: en enero de 2026 declaró por videoconferencia, en calidad de investigado, ante un juzgado madrileño.
¿Y recordáis a Alberto Reyero?
Era el consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Quizá su nombre os resulte familiar por Morirán de forma indigna, el libro en el que intentó contar desde dentro lo ocurrido en las residencias madrileñas durante aquellos meses.
Reyero conoció uno de los protocolos el 21 de marzo de 2020 y al día siguiente escribió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y al propio Carlos Mur para manifestar su oposición. Advirtió de las consecuencias que podían tener aquellos criterios y dejó constancia escrita de lo que estaba ocurriendo.
Se opuso. Advirtió. Lo dejó por escrito.
Pero se quedó.
El 27 de marzo, el Gobierno madrileño retiró a la Consejería de Políticas Sociales las competencias sobre las residencias y las puso bajo el mando de Sanidad. A partir de entonces, Reyero tenía todavía menos capacidad para intervenir directamente en lo que estaba ocurriendo. Pero tampoco dimitió. Permaneció en el Gobierno hasta el 2 de octubre de 2020, más de seis meses después de haber conocido aquellos protocolos.
Él mismo ha reconocido después haberse preguntado muchas veces si podría haber hecho más.
Es una pregunta incómoda. Y quizá por eso sea necesaria.
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quien permanece dentro de un Gobierno cuando sabe lo que está ocurriendo, aunque se oponga a ello?
No tengo la respuesta.
Pero sí otra pregunta.
¿Recordáis?
Porque mientras discutimos quién redactó los protocolos, quién los firmó, quién podía haberlos detenido y quién hizo o dejó de hacer qué, corremos el riesgo de olvidar lo que no debemos olvidar: que murieron y la manera en que murieron. En soledad y de manera indigna.
Han pasado seis años.
Solo seis.
Fuente: https://www.lamarea.com/2026/08/13/7291-memoria-de-amebas/