El pasado 15 de Noviembre, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto por el cual se abría la posibilidad de que ciertos grupos sociales, bajo unas condiciones económicas, accedieran a una moratoria de dos años que impidiese el lanzamiento de sus hipotecas. Antes de analizar su efecto, repasemos qué ha ocurrido para […]
El pasado 15 de Noviembre, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto por el cual se abría la posibilidad de que ciertos grupos sociales, bajo unas condiciones económicas, accedieran a una moratoria de dos años que impidiese el lanzamiento de sus hipotecas. Antes de analizar su efecto, repasemos qué ha ocurrido para llegar a esto.
Como todxs sabemos, en 2008 sucedió algo que nadie esperaba, o que al menos, no nos anunciaban los medios de comunicación: explotó la burbuja inmobiliaria. Esta explosión se llevó muchas cosas por delante: la posibilidad de tener un trabajo digno (si es que los de entonces lo eran), aumentó la tasa de morosidad y comenzaron los recortes bajo un paradigma que hasta entonces nadie se había planteado: ¡lo prioritario es pagar la deuda!
Esta deuda, en muchos casos ilegítima, sirvió de excusa para imponer una política económica de austeridad (excluyendo las ayudas a la banca) que hizo que el paro fuese aumentando: del 14% en 2008 al 26% en 2012. Paralelamente, otra tasa fue aumentando: la de desahucios, llegando a tener 400.000 en nuestro haber.
Dentro de este huracán que devoraba todo, se crearon las PAHs, con el objetivo de parar estos desahucios. Primero fue la de Barcelona, después la de Murcia y así fueron surgiendo, en gran parte con la ayuda del 15M. Actualmente estas plataformas existen a lo largo y ancho del país. Con constancia y los pocos medios con los que contaban, las PAHs han conseguido parar cerca de 500 desahucios. Pero ese no ha sido su único logro: también han conseguido que los medios de comunicación atiendan tanto la problemática en sí de los desahucios como la situación de lxs afectadxs.
Ante el impacto mediático y social logrado por #stopdesahucios, el gobierno no tuvo más remedio que moverse, y llevó a cabo dos acciones. La primera fue el Código de Buenas Conductas, o «ético», del Ministro De Guindos. Un código que anima a los bancos, mediante beneficios fiscales, a dar daciones en pago a cierto grupo de afectados, muy pocos según la opinión de la PAH. Cabe decir que esto no es una ley, es un pequeño estímulo para que, voluntariamente, los bancos decidan conceder Daciones en Pago. Algo claramente insuficiente para la situación que estamos viviendo.
La otra medida que tomó, en la misma dirección, pero en sentido contrario, fue la creación de un Banco Malo. Un banco que compraría los activos tóxicos (entre ellos, las hipotecas en riesgo de impago) de las entidades bancarias en problemas, para así sanearlas. Cabe decir que para crear este Banco Malo se estima que el gobierno tendrá que aportar aproximadamente 45.000 millones de euros (algo menos del 50% de su coste total), lo cual repercutirá directamente sobre el déficit público, y por tanto sobre esa deuda que hay que pagar antes que la sanidad, la educación, etc. El efecto que ha tenido este Banco Malo es que se han agilizado los desahucios que tenían pendientes algunas entidades bancarias, para así poder vender cuanto antes esas hipotecas a este nuevo banco, gracias al dinero público inyectado.
Las PAHs seguíamos parando desahucio tras desahucio, cuando de repente sucedió algo catastrófico: tres personas que iban a ser inminentemente desahuciadas intentaron suicidarse, dos de ellas con fatídico final.
La agitación en los medios fue tal que el PP y el PSOE hicieron lo que solo habían hecho por mandato de Angela Merkel: sentarse juntos para resolver un problema, en este caso, el de los desahucios.
Tras días de reuniones, ignorando las propuestas recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular que impulsaba las PAHs, y generando una pequeña esperanza de que fueran a imponer una moratoria real a los desahucios, llegó el Real Decreto del 15 de noviembre, del que el PSOE se apartó tras no llegar a un acuerdo con el PP. Este RD articula una moratoria de dos años para los colectivos sociales que cumplan ciertas condiciones económicas. Analicémoslo.
El Real Decreto 27/2012 «impide que se proceda al lanzamiento que culminará con el desalojo de las personas», «con carácter excepcional y temporal», añadiendo que «para que un deudor hipotecario se encuentre en este ámbito de aplicación será necesario el cumplimiento de dos tipos de requisitos», por un lado, que forme parte de unos colectivos sociales, y por otro, deberán cumplir unas circunstancias económicas.
¿A qué colectivos sociales va dirigida esta moratoria? A familias numerosas, unidades familiares monoparentales con dos hijos a cargo, unidades familiares con un menor de tres años o con algunos de sus miembros con una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para realizar una actividad laboral. Además, se pueden acoger familias en las que deudor hipotecario se encuentre en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo, o en las que exista una víctima de violencia de género.
Estos colectivos, aunque fuertemente afectados por el problema de los desahucios, no recogen la amplia horquilla de grupos sociales que están ahogados por su deuda hipotecaria. Por ejemplo, estos criterios dejan fuera una familia con dos hijos mayores de cuatro años, o una unidad familiar cuyo deudor le queden seis meses de paro, pero tenga que gastárselo en pagar la hipoteca antes que en comer. La experiencia que tenemos en la PAH nos dice que estos otros perfiles son abundantes y están igual de afectados; pero no se podrán acoger a esta moratoria.
Y ahí no queda todo: además de haber pasado los criterios que establece el RD, también se deben cumplir los cuatro siguientes condiciones económicas: el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no puede superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (19.200 € para 2012); la cuota hipotecaria no debe superar el 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar; que la hipoteca recaiga sobre una única vivienda y esté concebida para la adquisición de la misma (¿os acordáis cuando los bancos animaban a avalar o a comprarte un coche con el dinero de la hipoteca?); y la proporción que supone la cuota hipotecaria sobre la renta familiar haya aumentado un 50%.
Ante estas circunstancias, la PAH se pregunta, ¿por qué no se le concede esta moratoria, a todas las personas deudoras de buena fe? Es decir, a todas aquellas que han dejado de pagar la hipoteca por causas ajenas a su voluntad. ¿Por qué no se le concede esta moratoria a todxs los afectadxs que han dejado de pagar su hipoteca simplemente porque ha explotado una crisis económica mundial producida por la avaricia de unos pocos y que les ha dejado sin posibilidad de salir adelante? ¿Por qué no simplemente se le concede esta moratoria a los que se ven obligados a ganarse la vida en la economía sumergida, si es verdad que esto solo lo vamos a solucionar entre todxs?, ¿Podremos salir de la crisis si la población se ve expulsada a la economía sumergida?
Además, hay un tema clave que no aborda este Real Decreto: esta moratoria no es retroactiva. No supone una solución para los 400.000 desahucios que ya se han llevado a cabo. Esta moratoria deja en la calle a la gente que ya ha sido desahuciada.
Ya se ha comentado que el PSOE se apartó de esta moratoria por considerarla «un parche». Hay que recordar que cuando estalló el problema de los desahucios, el PSOE estaba en el gobierno y podría haber hecho algo. Sin embargo, lo único que dijo es que no se podía hacer nada porque la población tenía que saber que hay que pagar las deudas y «no se podían cambiar las reglas del juego a mitad de partido». Parece ser que desde la oposición el problema de los desahucios se ve de una manera distinta.
Aun con todo esto, el quinto párrafo de este RD comienza con una frase que llama a la esperanza: «Sin necesidad de de abordar una reforma más en profundidad del marco jurídico de tratamiento a las personas físicas en situación de sobreendeudamiento (…) en este momento se requiere una intervención pública…». La ILP por la Dación en Pago (con carácter Retroactivo), Paralización de los Desahucios (de vivienda habitual) y Creación del Alquiler Social llegará al Congreso. Llegará la solución que aporta el movimiento social que ha puesto en la escena pública el drama de los desahucios. En ese momento, tendremos que hacer mucho ruido para que se acuerden de esa frase, aprueben una solución que, de verdad, proporcione una solución a la injusticia de los desahucios. O por lo menos, tengan la poca vergüenza de decir que no lo harán porque afecta a los bancos, sus amigos. Entonces, todxs saldremos a la calle.
*: versión del artículo publicado en el periódico Madrid15M, nº 9 (diciembre de 2012).