Un informe de Red Acoge señala que la legislación española empuja a los migrantes a una situación de exclusión social
El 11,4% de la población de España es de nacionalidad extranjera, según datos del padrón. Sin embargo, hay personas que residen en el país sin estar empadronadas, ya que encuentran serias dificultades en el acceso a la vivienda. Se estima que en torno a medio millón de personas estarían residiendo en España en situación administrativa irregular, lo que supone el 0,8% de la población.
Según el informe del relator especial de la ONU Philip Alston, el 56% de la población procedente de fuera de la Unión Europea está en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país. En el caso de los extranjeros de nacionalidad europea, la cifra es del 48%, mientras que para la población de nacionalidad española alcanza el 23%. El mismo informe indica que casi la mitad de los niños con al menos un progenitor migrante sufren riesgo de pobreza y exclusión social.
Un estudio realizado por once federaciones regionales de Red Acoge, una ONG dedicada a promover los derechos de los migrantes, señala que la legislación española en materia de extranjería condiciona el pleno ejercicio de la ciudadanía a unos criterios muy difíciles de cumplir, lo que deja a muchos migrantes sin derechos, en situación de exclusión.
El informe señala cuatro puntos que favorecen esta circunstancia.
En primer lugar, apunta que la tramitación de las solicitudes de trabajo en España desde el país de origen, ya sea individual o colectiva, es ineficaz, y el número de personas que pueden recurrir a esta vía está “en clara disminución”. Por ello, es más frecuente viajar con visado de turista o realizando una travesía peligrosa e intentar obtener la autorización una vez se ha llegado al país.
En segundo lugar, los migrantes en territorio español recurren de forma mayoritaria a la vía del arraigo social para lograr un permiso de residencia. Esta vía exige acreditar al menos tres años de residencia en el país, contar con una oferta de trabajo a jornada completa que cumpla con el salario mínimo y acreditar relaciones familiares o un informe de arraigo. Otra vía posible es la del arraigo laboral, que exige dos años de residencia y la demostración de una relación laboral de al menos seis meses (lo que en la práctica puede requerir demandar al empleador).
El 59% de las personas sin permisos atendidas por Red Acoge afirman que no han llegado a los años necesarios de residencia demostrable, mientras que un 32% no logra obtener una oferta de trabajo adecuada (como mucho, empleos temporales o parciales). Algunos participantes en el estudio han señalado que se les ha exigido el pago de miles de euros a cambio de una oferta de trabajo.
El informe señala que el requisito del tiempo de permanencia obliga a los migrantes a permanecer durante un largo periodo en una situación de desprotección jurídica y social, lo que “alimenta los abusos laborales por parte de los empleadores que se aprovechan”.
En tercer lugar, una vez obtenido el permiso de residencia y trabajo, este debe ser renovado periódicamente, y si la persona ha perdido el empleo o no ha cotizado un mínimo, vuelve a quedar en situación irregular. Esta circunstancia ha sido más frecuente en el contexto de la crisis económica generada por la pandemia. La mitad de las personas atendidas por Red Acoge que debían renovar sus permisos no han podido hacerlo. Para el 70% de ellos, el motivo ha sido la pérdida del empleo.
La crisis sanitaria también ha agravado los retrasos en la tramitación de las autorizaciones. Ha habido serias dificultades para pedir citas. En su informe de 2020, el Defensor del Pueblo afirma que las quejas por este motivo crecieron exponencialmente.
Por último, España es uno de los países de la UE con menores tasas de reconocimiento del derecho de asilo (las solicitudes reconocidas no llegan al 5% de las recibidas, frente al 33% de la media europea). Las personas cuya solicitud de asilo es denegada se quedan sin trabajo y en situación irregular.
El informe señala que esta mecánica favorece la discriminación de una parte de la población, los abusos laborales y el funcionamiento de la economía sumergida.