La agenda social y democratizadora del Ejecutivo y de sus apoyos parlamentarios está bastante estancada. Persisten graves problemas sociales, junto con la reducción y segmentación de los servicios públicos, como la sanidad y la educación, dependientes de la gestión de las CCAA. Y empeoran las condiciones de la vivienda, con un impacto mayor entre la juventud. Causan frustración ciudadana y cierto retraimiento popular, junto con algunas movilizaciones sociales relevantes.
Además, está la concentración de casos de corrupción que afectan al Partido Socialista, algunos con menos (o ninguno) fundamentos (casos Fiscal general del Estado o Begoña Gómez) y otros con indicios reales (casos Ábalos, Cerdán, Rodríguez Zapatero o Leire/Cerdán) que muestran sus deficiencias éticas y democráticas, aparte de su chapucería. Todo ello merece una profunda renovación interna del Partido Socialista, con un impulso político y una reorientación estratégica, ya que necesita credibilidad trasformadora y representativa.
Hay una responsabilidad política colectiva que asumir por la dirección socialista y, probablemente, el electorado la sancione -como se ha empezado a manifestar en el último CIS-, si no comprueba la existencia de una garantía de su ejemplaridad partidista con fuertes convicciones democráticas, como formación consecuente de izquierdas.
Supone la necesidad de integrar los dos planos, la agenda democratizadora, incluido el respeto y la regulación de la plurinacionalidad, que se encuentra paralizada, y la agenda social, también estancada, con un nuevo proyecto de cambio de progreso, más allá del simple emplazamiento a nuevos presupuestos generales o la nueva financiación autonómica, pensados, quizá, como simple reclamo preelectoral. El horizonte del otoño no está claro; los mimbres propuestos no son sólidos, ni convincentes.
Sin embargo, no todo está perdido para las izquierdas y fuerzas progresistas, a pesar de los actuales augurios de los estudios demoscópicos. En esta encrucijada y ante el clima de victoria electoral que, con ansiedad permanente, hacen ostentación las derechas, su autoritarismo, con su deseo de venganza, tiene su fragilidad.
Se trata de la amplia conciencia democrática del conjunto del país, plural y diverso, y su voluntad de frenar la dinámica regresiva, reaccionaria y antipluralista. Depende también del acierto de la gestión y la credibilidad de las izquierdas.
Aquí voy a profundizar en dos aspectos decisivos para definir esta encrucijada, el caso Zapatero y el carácter de la ofensiva política, judicial y mediática de las derechas.
Impacto sociopolítico y ético de caso Zapatero
El expresidente Rodríguez Zapatero ha sido un referente político y moral para la socialdemocracia y el bloque progresista en España (y parte de Latinoamérica). En esta legislatura, desde las elecciones generales de 2023, se ha destacado por su defensa cerrada del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez y su papel articulador del bloque de investidura, así como por su firmeza crítica frente al acoso de las derechas.
El auto judicial conocido sobre el caso de la aerolínea Plus Ultra, junto con los distintos informes policiales publicados, acumulan suficientes indicios para investigar y comprobar posibles hechos delictivos del expresidente y su entorno familiar; a lo que se añade el origen y la fiscalidad de las joyas encontradas. Parecen evidentes dos tipos de actividades fundamentales: la mediación entre intereses particulares y públicos, y la recepción privada de beneficios económicos.
Las fronteras jurídicas entre la actividad (paralegal) de comisionista/lobista, cuya evidencia está clara, y las acusaciones de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal no están muy reguladas y delimitadas en España. Están sujetas a la comprobación de los hechos y la interpretación judicial. Veremos, quizá después de muchos años, la existencia y la gravedad de los delitos, con la sentencia de los tribunales.
Aquí no voy a entrar en esa calificación jurídica, más allá de llamar la atención sobre tres cuestiones fundamentales que afectan a la credibilidad del Estado de derecho: la importancia del precepto de la presunción de inocencia… hasta que no se demuestra la culpabilidad, con plenas garantías procesales; la necesaria rigurosidad de los hechos comprobados por la justicia, más allá de indicios e hipótesis interpretativas a raíz de informes policiales; su imparcialidad investigadora y sancionadora respecto de motivos ideológicos o políticos, cuando en otros casos similares se ha actuado con benevolencia, dando pábulo a la politización y el descrédito de la justicia.
Paralelamente al proceso judicial, el caso Zapatero tiene un hondo significado político, en el marco de la ofensiva derechista para la deslegitimación y el recambio del Gobierno progresista. Me voy a centrar en este ámbito analítico del impacto sociopolítico y la valoración ética de su controvertida actuación. Comienzo por su papel sociohistórico, con sus límites para las izquierdas, para abordar, en segundo lugar, la necesaria respuesta democratizadora y de reafirmación ética, en particular, de las izquierdas transformadoras.
Los claroscuros de Zapatero
Rodríguez Zapatero, tal como adelantaba, ha tenido un papel relevante en esta legislatura, con el refuerzo del Partido Socialista y el apoyo a Pedro Sánchez que, junto con sus aliados nacionalistas y de izquierda, han mantenido su precaria primacía gubernamental frente a unas derechas empeñadas, desde el principio, en desalojar al gobierno progresista.
Vista en su conjunto, la trayectoria de Zapatero presenta diversos claroscuros. Podemos destacar cuatro fases en su gestión política con sus correspondientes procesos de transición. La primera fase (2003/2008), en su primera legislatura y su precedente, es la del ‘No a la guerra’ de Irak, la victoria electoral socialista frente a la derecha, el desarrollo de derechos civiles y democráticos, incluido la pacificación con ETA. Es la etapa de su conformación como faro moral, defensor de los derechos humanos, talante democrático y retórica basada en el republicanismo cívico.
La segunda fase (2010/2011) llega en la segunda legislatura, tras un momento de transición ante la grave crisis socioeconómica, con la implementación de las políticas de austeridad y recortes de derechos sociales (incluidas las pensiones) y el consenso estratégico con la derecha y la Unión Europea, con el incumplimiento de su contrato social y electoral, una amplia desafección popular hacia el Partido Socialista (descenso de más de cuatro millones de votos), con una profunda indignación social progresista y democrática y la constitución de un amplio campo sociopolítico crítico con la socialdemocracia gobernante, como base social de la izquierda alternativa. Termina con su gran derrota electoral ante las derechas y una grave crisis del socialismo.
En la tercera fase (2012/2019/2023) permanece en cierto ostracismo político, en el marco de una profunda pugna interna en el Partido Socialista y su lenta recomposición de la mano del sanchismo, empujado por un amplio conglomerado de izquierdas y nacionalismos periféricos, hasta la formación del primer Gobierno progresista de coalición.
En la cuarta fase (2023 a la actualidad), se olvidan mediáticamente (para las izquierdas) sus controvertidas segunda y tercera fase y ante una frágil estabilidad parlamentaria socialista, recobra una función relevante como impulso político y referencia moral de las izquierdas y los nacionalismos periféricos, así como la firmeza discursiva ante las derechas (y el trumpismo), que no le perdonan su nuevo liderazgo democratizador.
Ahora entramos en la encrucijada del fin de esta cuarta fase que, parece, va a definir el agotamiento de su trayectoria definitiva y su papel de referente en la socialdemocracia española. El problema es el impacto político, moral y electoral para el Partido Socialista, aquejado de graves casos de corrupción de altos dirigentes (Ábalos y Cerdán), que puede ser significativo. Su dimensión inmediata va a depender de la credibilidad de sus élites dirigentes y su capacidad de renovación política y ética.
El envalentonamiento de las derechas se multiplica, con su expectativa de victoria electoral. De momento, parece que no tienen capacidad constitucional de recambio gubernamental, vía moción de censura, o con elecciones anticipadas inmediatas, a lo que se opone Sánchez. Se prolonga la guerra política y mediática de desgaste de las izquierdas… o de confianza en la recuperación electoral.
Para las derechas se ha presentado su última gran ocasión para culminar su ambición de completar su monopolio del poder ejecutivo, acumulado al ya existente en la mayoría de Comunidades Autónomas y en los poderes económicos, mediáticos, estatales y judiciales. De ahí la impaciencia antipluralista y del todo vale para la apropiación y el control del poder del Estado. Las fuerzas progresistas están ante una reacción autoritaria, con riesgos para los derechos sociales, el bienestar público y la democracia, en un marco internacional desfavorable.
El refuerzo de la ética pública
En segundo lugar, quisiera aludir al conflicto ético de fondo que afecta, especialmente, a la legitimidad de las élites políticas. Sin abordarlo, con suficiente credibilidad transformadora, parece difícil que puedan conectar con las aspiraciones democráticas y ejemplarizantes de las mayorías sociales y renovar la base de confianza popular en un nuevo contrato social y político que asegure la victoria electoral de las izquierdas y una nueva etapa progresista.
Me refiero a las dos concepciones básicas de la justicia y de la ética pública, en pugna en los tres últimos siglos. Una, la individualista (neo)liberal, basada en el beneficio privado (el vicio o el egoísmo individual) como motor para la prosperidad pública. Otra, la del bien común como referencia de la sociabilidad, desde el aristotelismo tomista-agustiniano, que precisamente recoge el Papa León XIV, pasando por los derechos humanos kantianos o la ética de la responsabilidad weberiana.
La primera es hegemónica, sobre todo en las derechas, para articular el mercado capitalista y pretende imponerse en muchas de las relaciones sociales. La segunda, casi siempre a la defensiva, tiene cierta influencia en la política y la esfera pública y es fundamental para la cohesión social, la igualdad efectiva y la convivencia cívica, principios que suelen encabezar discursos más o menos retóricos, particularmente de las fuerzas progresistas.
Pues bien, el caso Zapatero y de otros dirigentes políticos deriva de la pretensión de utilizar las capacidades públicas de su trayectoria política para mejorar el beneficio económico privado y su estatus particular de poder.
En el caso de los expresidentes de Gobierno (al igual que otros cargos ministeriales y autonómicos), aparte de distintas ventajas, siguen cobrando del erario una importante asignación de por vida, incluso añadida a la recibida por su función de asesoramiento público en el Consejo de Estado, cosa que prácticamente han renunciado… por la alternativa de la ‘consultoría’ privada a grandes empresas, desde la que reciben cuantiosos ingresos.
Participan (salvo Rajoy) en distintos lobbies, que deberían estar prohibidos para los ex altos cargos públicos, que han acumulado relaciones y experiencia en la gestión política y son susceptibles de transformar en beneficio particular, no en interés general. Supondría la incompatibilidad estricta entre negocios privados y el estatus público de un (ex)dignatario del Estado. Sería el refuerzo de la ética pública y la gestión democrática, la dignificación de la clase política y la administración pública, así como la prevención de su corrupción. Se trata de un fuerte compromiso de regeneración democrática y moral, que ha quedado atascado.
La conclusión es evidente. La coyuntura actual significa un reto mayúsculo para las izquierdas. Por un lado, para el Partido Socialista y el propio sanchismo, que comparte con Zapatero algunas de sus limitaciones, a superar, y mantiene cierta impotencia reformadora de progreso.
Por otro lado, para el conjunto de la izquierda alternativa, incluida la nacionalista, que debiera destacarse por su impulso en la regeneración democrática y la profundización progresista en la justicia social, como opción diferenciadora y transformadora frente a la amenaza derechista, y ante las demandas sociales y democráticas mayoritarias de la sociedad.
El antipluralismo de las derechas
Las derechas españolas, particularmente las élites dirigentes del Partido Popular y de VOX, no tienen una arraigada cultura democrática. Lo que les identifica es su sentido y su práctica de la apropiación del Estado y el poder político-institucional, con una gestión autoritaria. Dan por hecho que son dueños del Estado, de la Ley y del ‘destino de la nación’, con su particular reinterpretación del pacto constitucional y el control del poder judicial y de seguridad.
En los momentos críticos de alternancia gubernamental, muestran su actitud antipluralista y demagógica. No hay tolerancia o concordia, solo crispación deslegitimadora de la opción democrática y de izquierdas. Conocemos el ‘Váyase, sr. González’, del candidato José Mª Aznar, en el periodo 1993/1996, y su posterior cuestionamiento, como jefe del Ejecutivo, contra la victoria electoral de Rodríguez Zapateron, en 2014, ante el descreditado apoyo a la Guerra de Irak y la infame manipulación mediática de los atentados yihadista en Madrid. Se desarrollaron los hechos alternativos, el falseamiento de la verdad y las mentiras evidentes; una degradación ética y democrática.
Finalmente, está toda la estrategia prolongada de acoso y derribo al actual gobierno de coalición progresista, con su agenda social y la amnistía al nacionalismo catalán, desde el mismo día de su constitución democrática y hasta ahora, que redoblan sus esfuerzos judiciales, policiales y mediáticos -muchos ilegítimos-, con los precedentes de la guerra sucia contra la estructura de Podemos y los sectores independentistas.
Su orientación estratégica está clara: ‘el que pueda hacer que haga’; los mecanismos son ‘todos’… y ‘todo es todo’. Los procedimientos constitucionales no los tienen a mano. La mayoría parlamentaria no apoya una moción de censura liderada por el PP, ni siquiera con el engaño de pretender ser solo instrumental para la convocatoria de elecciones generales. Las derechas nacionalistas de Junts, PNV y CC se distancian del Gobierno, pero no comparten esa estrategia derechista, necesariamente dependiente de la ultraderecha.
La tarea de las derechas, por tanto, se centra en utilizar el resto de ‘todos’ los recursos del Estado, políticos, judiciales y mediáticos, para deslegitimar y derribar el Gobierno, incluso meter al presidente Sánchez en la cárcel, y garantizarse la victoria electoral, con una gestión gubernamental prolongada.
Así, ahora, sobredimensionan (o se inventan) los casos de corrupción entre los socialistas, con la hipocresía de tapar su mayor culpabilidad corrupta, así como pretender mostrar, cínicamente, su superioridad moral.
En definitiva, las derechas no tienen un modelo democrático y social para este país de países. Arrastran el conservadurismo tradicional y los grandes intereses neoliberales y centralistas, e incorporan el nuevo trumpismo autoritario y de dependencia estratégica y geopolítica.
La transición política solo supuso para ellas un cambio superficial de esa realidad histórica de poder hegemónico y de las normas y procedimientos para conservarla. No hubo ruptura democrática con esta tradición autoritaria y monopolista de la razón de Estado. Para las derechas y las oligarquías varias era una concesión obligada ante la amenaza de cambios democratizadores más profundos y para conseguir una relegitimación de sus élites.
Las derechas cuentan con total hegemonía en los aparatos del Estado, particularmente en el poder judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad. El grueso de los grandes poderes económicos y de la patronal comparten esos intereses corporativos y regresivos. En el ámbito cultural e ideológico, la mayoría de los grandes medios de comunicación y gran parte de la educación (escuela concertada y universidades privadas) están imbricados con ese poder económico y político, y están condicionados por el pensamiento conservador, el nacionalismo españolista y las actitudes reaccionarias.
Admiten algunos rasgos mínimos del sistema democrático, en particular el sistema electoral (preconstitucional) y parlamentario, del que nace la legitimidad de los Gobiernos (estatal, autonómicos y municipales) y, por tanto, la posibilidad de la alternancia en los Ejecutivos.
Sin embargo, no soportan la ocupación gubernamental progresista y una básica gestión democratizadora y de izquierdas. En ese caso, no existe su (leal) oposición democrática, ni siquiera con el respeto a valores liberales clásicos como el reconocimiento del pluralismo político y la soberanía popular para determinar las políticas públicas. El Estado y su posesión está por encima de la democracia y la participación popular.
En los momentos más decisivos de la alternancia progresista se han lanzado a la deslegitimación frontal de los grupos políticos de izquierdas, gobernantes o con capacidad de influencia política e institucional. Las derechas españolas no garantizan la democracia y los avances sociales. Deben estar contrapesadas con una fuerte izquierda social y política y una amplia conciencia cívica. Necesitan una profunda reconversión democrática.
Estamos al final de la legislatura, con una incertidumbre respecto de las posibilidades de cambio de ciclo político. Se abre la doble alternativa: la continuidad progresista en las próximas elecciones generales, con la renovación de una nueva etapa de avance social y democrático; o bien, la amenaza de una victoria derechista, que vaticina una involución regresiva de los derechos sociales y la democracia. La incertidumbre se instala en gran parte de la sociedad. Queda camino por recorrer.
Antonio Antón. Sociólogo, politólogo y escritor.
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