Un informe de la Comisión Internacional sobre Malí, enviado al Consejo de Seguridad de la ONU a mediados de diciembre, acusa al Ejército de Malí de «crímenes de guerra» y a los grupos armados que operan en el país de «crímenes de lesa humanidad».
El Ejército maliense habría cometido «crímenes de guerra» y varios grupos armados «crímenes de lesa humanidad». Así lo indica la Comisión Internacional sobre Malí establecida por la ONU en un informe enviado a mediados de diciembre a integrantes del Consejo de Seguridad. El documento de casi 350 páginas fue obtenido por AFP.
Aunque no es el único, el Ejército maliense figura en el primer rango de los imputados de esta comisión, la cual considera haber reunido «motivos razonables para creer» que dicho Ejército ha «cometido crímenes de guerra».
La Comisión Internacional sobre Malí fue establecida en enero de 2018 y está compuesta por la sueca Lena Sundh, el camerunés Simon Munzu y el mauriciano Vinod Boolell. Este grupo presentó el informe a mediados de 2020 al secretario general de la ONU, António Guterres, quien lo remitió a los 15 integrantes del Consejo de Seguridad la semana pasada.
Esta comisión aboga por la creación de una Corte especializada en crímenes internacionales. Según AFP, la ONU no se ha pronunciado oficialmente sobre el texto y este aún no se ha hecho público.
«Asesinatos» perpetrados por fuerzas de seguridad de Mali
En 2012, los militares malienses tomaron el poder tras un golpe de Estado que supuestamente representaría la victoria del Ejército frente a los grupos armados independentistas y los rebeldes yihadistas en el norte del país. Sin embargo, el resultado fue contrario a las expectativas, sumiendo a Mali en una crisis que, todavía hoy, continúa.
El texto reporta cronológicamente unos 140 delitos cometidos entre 2012-2013. Las fuerzas de seguridad y defensa son señaladas de «asesinatos contra integrantes de las comunidades tuareg y árabe», asociándolos con los rebeldes independentistas aliados de los grupos yihadistas.
Entre los casos se destaca el asesinato de tres policías tuareg el 2 de abril de 2012, de 16 predicadores árabes el 9 de septiembre de 2012 y de «al menos 15» personas sospechosas de ser miembros de un grupo yihadista el 11 de enero de 2013.
Varios signatarios del acuerdo de paz son acusados de «crímenes de guerra»
Uno de estos presuntos crímenes se cometió durante una operación conjunta en el centro de Malí entre la fuerza antiyihadista francesa denominada Barkhane y los ejércitos de Mali y Burkina Faso en 2017.
Durante esta operación, los soldados malienses debían registrar las aldeas cercanas a Mondoro, una región cercana a la frontera con Burkina Faso. Según el informe, «el 2 de mayo, alrededor de las 4:00 p.m. (…) varias personas, principalmente hombres Fulani, fueron detenidas en las aldeas de Monikani y Douna por los soldados malienses”.
Los civiles habrían sido trasladados al campamento de Sévaré y allí «severamente golpeados por soldados malienses, con palos, para obligarlos a admitir que pertenecían a grupos armados extremistas, amenazándolos con matarlos si no confesaban». Tres de estos hombres murieron en el campo.
Varios signatarios malienses del acuerdo de paz, incluidos los exrebeldes del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA) y grupos armados progubernamentales (Gatia y MAA), también serían responsables de «crímenes de guerra», según la comisión.
También acusó a otros actores del conflicto armado que se vive en el país de «crímenes de lesa humanidad». En particular a los grupos yihadistas cuya influencia y violencia continúan extendiéndose en la subregión.
También integrantes de la milicia denominada “Dan Nan Ambassagou”, la cual se estableció como defensora del pueblo Dogon, habría cometido delitos contra la humanidad.
Los miembros de esta milicia cometieron «crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra» durante los ataques de junio de 2017 en las aldeas del pueblo Fulani cerca de Koro durante los cuales al menos 39 civiles, incluidos niños, fueron asesinados», aseguró la comisión.
A diferencia de otros informes, las conclusiones de este grupo pueden proporcionar una base legal para juicios futuros contra los militares e insurgentes implicados.
Este artículo fue adaptado de su original en francés