La tortura y otros tratos degradantes son recursos habituales en los centros de detención en Libia como método para forzar confesiones y, desde 2011, se han confirmado al menos 27 casos de muertes provocadas por tortura, de las que 11 se produjeron este mismo año. Según un informe de la Oficina del Alto Comisariado de […]
La tortura y otros tratos degradantes son recursos habituales en los centros de detención en Libia como método para forzar confesiones y, desde 2011, se han confirmado al menos 27 casos de muertes provocadas por tortura, de las que 11 se produjeron este mismo año.
Según un informe de la Oficina del Alto Comisariado de la ONU para los Derechos Humanos difundido hoy, la mayoría de estas muertes tuvo lugar en centros de detención.
Estas instituciones, aunque en teoría están bajo control gubernamental, en realidad las dirigen las mismas brigadas armadas que asumieron el control de las prisiones cuando estalló el conflicto armado en Libia en 2011.
Las once víctimas mortales contabilizadas en 2013 eran hombres de entre 24 y 56 años, que fallecieron con evidentes signos de tortura en centros de detención, fundamentalmente en Trípoli y Misrata, controlados por el Departamento de Lucha contra el Crimen y el Comité Supremo de Seguridad.
Estas instituciones están constituidas principalmente por miembros de las brigadas armadas que en 2011 se levantaron contra el depuesto régimen de Muamar al Gadafi.
Entre 2011 y 2012 se registraron 16 de estas muertes, siete en centros de detención controlados por las brigadas de Ali Ibn Abi Taleb, Al-Fursan, Ahrar Libia y Rad Al-Madalim, en la localidad de Zawiya; y cuatro en prisiones bajo la autoridad del Comité Supremo de Seguridad, formado también por brigadas, en Misrata.
Según los datos de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas a Libia (UNSMIL, en inglés), en las cárceles libias hay unas 8.000 personas recluidas por sus participación en el conflicto armado, la mayoría de las cuales son prisioneros sin las debidas garantías procesales, sin acceso a abogados ni posibilidad de contactar con sus familias.
De estos detenidos, sólo la mitad están bajo custodia de la policía judicial, mientras que el resto fueron retenidos en su día por la policía militar y permanecen bajo control del Departamento de Lucha contra el Crimen o el Comité Supremo de Seguridad.
El informe indica que «muy pocos» de estos detenidos han tenido acceso a un proceso judicial, aunque el pasado 22 de septiembre el país aprobó una ley que establece el límite de 90 días de detención sin juicio para aquellos acusados de crímenes bajo el régimen anterior.
La mayor concentración de estos detenidos por su relación con el conflicto armado alcanza la cifra de 2.700, repartidos en siete centros de detención formales o informales de la ciudad de Misrata.
Aunque la ONU no dispone de una cifra definitiva y fiable sobre el número de prisiones que hay en Libia, los datos disponibles apuntan a 37 centros custodiados por el Ministerio de Justicia hasta septiembre de 2013, pero la mayoría han sido entregadas al control de brigadas armadas.
El informe distingue tres tipos de centros de detención en Libia, como los controlados por la policía judicial y cuyo personal trabaja allí desde antes de la revolución, como el de Kuweifiya en Bengasi o el de Jdeida en Trípoli.
También hay prisiones controladas por brigadas armadas que se han unido a la policía judicial, por lo que técnicamente están bajo control del Ministerio de Justicia, como es el caso del centro de detención de Mitiga en el aeropuerto militar de Trípoli, controlado por el Comité Supremo de la Seguridad.
En el otro extremo se sitúan los centros de detención informales o improvisados en apartamentos clandestinos o granjas, que escapan completamente a cualquier control gubernamental, sin conexión alguna con las instituciones del Estado.
El informe, elaborado por el UNSMIL en colaboración con la Oficina del Alto Comisariado de la ONU para los derechos humanos, se basa en informaciones y testimonios de primera mano recogidos durante más de dos años y visitas a más de treinta centros de detención.