Los relatores especiales de la ONU han emitido un durísimo informe contra las leyes de concordia de Castilla y León, la Comunitat Valenciana y Aragón. Aseguran que “podrían afectar a la obligación del Estado Español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos, que se cometieron durante la dictadura franquista”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido un informe en el que reprueba sin ambages las leyes de concordia que PP y Vox están desarrollando en Castilla y León, la Comunitat Valenciana y Aragón. “Podrían afectar a la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos, que se cometieron durante la dictadura franquista”, argumenta.
El documento está firmado por los relatores especiales sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Se lo han enviado al Gobierno de España, al que insta a adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos”.
Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León
El informe hace un repaso detallado de las tres leyes de concordia en ciernes. Respecto a la Proposición de ley de Concordia de Castilla y León, destaca que “suprime la palabra ‘dictadura’ para referirse al periodo histórico del franquismo. Y no incluye una condena expresa a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1936 y 1978. Amplía el alcance histórico de la normativa vigente, que actualmente se circunscribe a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, extendiéndolo a todas las víctimas políticas del periodo comprendido entre 1931 y 1978”.
Este proyecto, concluyen, “invisibilizaría las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al negarse a nombrar y condenar al régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad en las mismas”.
Asimismo, “no facilitaría la participación ni otorgaría un rol consultativo a organizaciones de víctimas e instituciones de sociedad civil o académicas en el trabajo de la Comisión de Exhumaciones; no reconoce el otorgamiento de subvenciones para la realización de actividades en el ámbito de la memoria histórica; y podría obstaculizar con ello el derecho a la verdad por parte de víctimas y de la sociedad civil respecto del destino y paradero de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo a las desapariciones forzadas, el cual debe ser respetado sin perjuicio de lo establecido por las leyes para la protección de datos personales”.
Proposición de Ley sobre Concordia de la Comunitat Valenciana
Sobre otra de las leyes de concordia, la de la Comunitat Valenciana, los relatores especiales de la ONU resaltan que “amplía el periodo de alcance de la ley a los años de profunda crisis, incluyendo: la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo etarra e islámico, y establece el reconocimiento de todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa. Esta propuesta reconoce el mismo régimen de protección a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo etarra e islámico que a las víctimas del franquismo. Lo cual a nuestro entender desvirtúa el objetivo de atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la Guerra Civil”.
Por lo anterior, añaden, “esta ley podría llevar a asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España. Quitándole, así, el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista”.
Derogación de la ley de memoria democrática de Aragón
Aragón no se sumará a las leyes de concordia, sino que el Ejecutivo autonómico prepara un “plan de concordia”. De momento, PP y Vox han aprobado la Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón.
Sobre la legislación derogadora, los relatores de la ONU inciden en que “no hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista (1939-1975), sino que se refiere a las ‘atrocidades cometidas por un bando durante la Guerra Civil’. Pero sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada Segunda República que le antecedió”.
Suprime también “un gran número de entidades y actividades de memoria histórica previstas en la legislación anterior. Entre ellas, el Censo de memoria democrática de Aragón, las Rutas de memoria democrática de Aragón, el Inventario de lugares y rutas democráticas de Aragón, el Centro de Investigación de la memoria democrática de Aragón, el Registro de entidades de memoria democrática de Aragón, las actuaciones en el ámbito educativo, y los elementos de identificación, interpretación, señalización y difusión”.
Subrayan que “sujeta las subvenciones de proyectos públicos de memoria histórica a condicionamientos, haciendo su sostenimiento incierto”.
En resumen, la ley de Aragón “invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al no hacer referencia explícita ni condenar el régimen, su carácter dictatorial, o su responsabilidad por los crímenes cometidos en este periodo”, aseveran.