“Es una magnífica noticia para la mujer a la que se le había abierto expediente que la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana haya anulado la cita donde se le iba a comunicar la sanción. Seguiremos exigiendo que la Ley garantice el acceso a la justicia a todas las víctimas de delito”, valoró Valencia Acull el 8 de septiembre en las redes sociales.
Junto a la fotografía de un vehículo de la Policía Nacional, la ONG publicaba el enlace a una información del periodista Jairo Vargas Martín, del diario Público, con el siguiente titular: “Anulan la sanción a la mujer sin papeles que fue a denunciar el robo de su pasaporte en Valencia”.
La mujer -de 30 años y domiciliada en la capital valenciana- presentó la denuncia en la comisaría de la Policía Nacional del Distrito de Russafa, el pasado el 26 de julio; manifestó que vivía en la habitación de un piso de alquiler, en la que tenía –junto a las pertenencias- el pasaporte de su país. Unos días antes la ciudadana se percató de que le faltaba el documento.
Pero se da la circunstancia de que, también el 26 de julio, la mujer denunciante recibió una citación de la comisaría de Russafa para que compareciera, el próximo 28 de septiembre, en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, emplazada en la calle Zapadores de Valencia.
El motivo de la citación policial era “notificarle la incoación del correspondiente expediente sancionador”, por una presunta infracción de la Ley de Extranjería del año 2000.
Sellado por el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía, el escrito señalaba que la víctima tenía que presentarse con el pasaporte y que, en caso de no hacerlo, se le podría tramitar un expediente de expulsión “por el procedimiento preferente”.
La nota informativa de València Acull, difundida el 5 de septiembre, resumía los hechos con el siguiente titular: “El juzgado rechaza una denuncia de una mujer en situación irregular, la remite a la comisaría de Russafa y la policía le cita para sancionarla”-
La ONG añadía que la sanción de la que podría ser objeto la mujer víctima del delito, “por haber ido a denunciar sin tener permiso de residencia”, era la expulsión o una multa de 501 hasta 10.000 euros.
“No es la primera vez que en el juzgado de guardia rechazan este tipo de denuncias”, remarca la organización de derechos humanos; para ello, los jueces toman como referencia el Artículo 11 de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza), de 2015; la legislación establece que los titulares del pasaporte están obligados a mostrarlo cuando así lo requiera la autoridad; y de la sustracción o pérdida, se tendrá que informar “de manera inmediata” a las fuerzas de seguridad o a la representación consular.
Sin embargo, explica València Acull en la nota informativa, cuando los abogados que acompañan a la víctima argumentan que la citada especificación legal “no exime al juzgado del deber de tramitar la denuncia de un presunto delito -como es el robo o hurto de un pasaporte-, han acabado admitiéndola”.
En cuanto al Ministerio del Interior y la Policía Nacional, justifican su proceder en las sanciones por estancia irregular establecidas en la Ley de Extranjería.
Pero la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, de 2015, establece en el preámbulo que los derechos recogidos en la legislación serán aplicables a todas las víctimas de delitos cometidos en el estado español, con independencia de la nacionalidad de la víctima o de si disfrutan o no de residencia legal.
También la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de las víctimas de los delitos (2012) señala que éstas deben ser “reconocidas y tratadas” sin discriminaciones por razón de origen social, raza o etnia.
“Los gobiernos deben defender los derechos de todas las personas que viven dentro de sus fronteras, sea cual fuere su situación migratoria”, lo que incluye el derecho a la justicia, según la Recomendación 16 de la ECRI -Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia- del Consejo de Europa (sobre la protección contra la discriminación de las personas migrantes en situación irregular).
¿La actuación de Interior y la Policía Nacional responde, por tanto, a una simple mecánica de aplicación legislativa?
En una Recomendación de 2019, el Defensor del Pueblo instaba al Ministerio del Interior a que dictara las instrucciones para que las personas migrantes en situación oficialmente considerada irregular, y víctimas presuntas de un delito, pudieran denunciarlo, sin que ello tuviera como consecuencia la sanción y expulsión del estado español; el departamento de Grande-Marlaska, del PSOE, rechazó la Recomendación.
El caso hecho público en septiembre de 2023 por València Acull, respecto a la denuncia en la comisaría de Russafa, tuvo asimismo una expresión política; dos diputados del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Enrique Santiago y Nahuel González, pidieron al Gobierno en funciones que aclarara por qué continúa produciéndose el riesgo de expulsión.
Los dos parlamentarios de Izquierda Unida (IU) recordaron el precedente de una mujer de nacionalidad hondureña, que en 2019 intentó denunciar una agresión sexual en la comisaría del municipio valenciano de Xirivella, pero fue detenida, no pudo interponer la denuncia y tuvo que afrontar una propuesta de expulsión.
El caso de la mujer hondureña fue recogido en el escrito que, en marzo de 2021, más de 40 ONG del estado español remitieron al Relator de Naciones Unidas Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, Felipe González Morales, por las mencionadas sanciones.
Una denuncia más reciente de las ONG se produjo en febrero de 2023, aunque los hechos, cuyo trasfondo es similar a los señalados, ocurrieron en diciembre del año anterior; dos ciudadanos de nacionalidad colombiana se dirigieron a la comisaría de los municipios de Burjassot-Godella “a formular una denuncia por la destrucción de sus pasaportes”.
Después de plantearla, fueron citados para que se presentaran dos días después en la sección de extranjería de la sede policial; contra uno de los denunciantes se inició un procedimiento de sanción -por no contar con permiso de residencia-, mientras que con su compañero “no pudieron porque aún contaba con permiso de turismo”, informó València Acull.
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