La detención de Carles Puigdemont en Alemania, la no conformación de gobierno y la escalada represiva del Estado español con más presos políticos y exiliados, han hecho que la indignación desborde las calles de Cataluña. Giro autoritario del Estado La estrategia del gobierno de Mariano Rajoy de no afrontar políticamente el conflicto soberanista, y apostar […]
La detención de Carles Puigdemont en Alemania, la no conformación de gobierno y la escalada represiva del Estado español con más presos políticos y exiliados, han hecho que la indignación desborde las calles de Cataluña.
Giro autoritario del Estado
La estrategia del gobierno de Mariano Rajoy de no afrontar políticamente el conflicto soberanista, y apostar por la vía judicial y policial como solución es un error gravísimo, que profundiza en una crisis de estado de dimensiones históricas que está haciendo tambalear el régimen del 78.
Las condenas de prisión a los raperos Valtonyc y Pablo Hassel, la retirada de una exposición sobre presos políticos en ARCO o la represión a los murcianos que reivindican el soterramiento del AVE, son los ejemplos más recientes de una larga lista de ataques a la libertad de expresión y de manifestación, que acompañan a la persecución -sin tregua- del movimiento independentista. El fragante retroceso en derechos civiles y políticos, y la escalada represiva llevan al Estado español a una involución democrática preocupante.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, procesa por rebelión al núcleo duro del Procés y envía a prisión preventiva -sin esperar al juicio- a cinco consejeros más del gobierno de Puigdemont, incluido el candidato a presidente, Jordi Turull, y al exilio a la secretaría general de ERC, Marta Rovira. Así mismo, Llarena ha reactivado las euroordenes de detención contra Puigdemont y el resto de consejeros en el exilio. En este sentido, el magistrado está creando un relato judicial para justificar la represión política. Una tergiversación de los hechos y una utilización perversa de la semántica para alegar una violencia que no existe; incluso, comparando movilizaciones pacíficas con un «secuestro de rehenes con disparos al aire».
Rajoy y el Partido Popular exhiben satisfacción por la detención del President . No obstante, temen sufrir un revés internacional de gran magnitud si no la extraditan y les inquieta también la reacción popular que pueda haber como consecuencia de la posible extradición. Por otro lado, el conflicto con Cataluña dificulta la gobernabilidad del ejecutivo del PP, que tiene asegurado el apoyo de C’s para los presupuestos pero no del PNB.
Nueva hoja de ruta para un nuevo escenario
Después de la renuncia provisional de Puigdemont y del paso al lado de Sánchez se activó la vía Turull para poner fin a tres meses de incertidumbre desde las elecciones del 21-D, y desbloquear la configuración del Govern . Una apuesta exprés del independentismo hegemónico que tenía que servir para desafiar a Llarena y presionar al gobierno del PP para derogar el 155. Propuesta que se estrelló en la primera votación contra la abstención de la CUP, que consideró el programa de gobierno como autonomista; pero, que sirvió para activar el reloj y poner fecha limite al acuerdo de investidura si no se quiere una repetición electoral. Cuarenta ocho horas después, la segunda votación ya era imposible, con Turull y el resto de consejeros encarcelados o en el exilio.
Mientras tanto, el ejecutivo de Rajoy amenaza con continuar aplicando el 155 si no se elige un candidato limpio y «conforme a derecho». No obstante, el Comité de Derechos Humanos de la ONU insta al Estado español, a través de medidas cautelares, a garantizar los derechos políticos de Jordi Sànchez, mientras responde a la demanda del número dos de JxCat. Resolución de obligado cumplimiento porque el Estado firmó el protocolo adicional del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero que no tiene sanciones directas para España si no la cumple. Al respecto, JxCat, ERC y la CUP instan el Parlament a adoptar medidas que garanticen los derechos políticos de Puigdemont, Sànchez y Turull, al amparo de la resolución de Naciones Unidas.
En este contexto de represión e incertidumbre, y después de un pleno con discursos muy duros contra el Estado -donde el sobiranismo recuperó la unidad contra la represión y en el que el presidente del Parlament , Roger Torrent, hizo un llamamiento a construir un frente común, social y político, en defensa de las libertades y la democracia-, los partidos reinician las negociaciones de una investidura encallada, donde todas las opciones vuelven a estar encima de la mesa, y donde sumar solidaridades en todo el Estado e internacionalmente es más urgente que nunca.
De la revolución de las sonrisas a la primavera catalana
El juez Llarena ha encendido la mecha de la indignación. Después de 6 meses del 1 y del 3 de octubre -donde todo parecía posible-, después de las continuas dilaciones y vacilaciones institucionales y, finalmente, constatada la sed de venganza represiva de un Estado con tics autoritarios, la dignidad de un pueblo vuelve a desbordar las calles.
La ciudadanía catalana ha dicho basta y se está movilizando, de forma masiva, contundente y pacífica, para exigir la libertad de los presos políticos, la conformación de un Govern que derogue el 155 y el avance hacia la República Catalana. Los lazos amarillos y las concentraciones simbólicas ya no son suficientes para una amplia mayoría, y el activismo de calle y la desobediencia civil no violenta contra las imposiciones del régimen monárquico se imponen en esta nueva etapa, donde los CDR -al igual que Omnium y la ANC- lideran la protesta. Así, miles de personas llevan días llenando las plazas de las ciudades catalanas y realizando cortes en las principales vías de comunicación -al estilo de la huelga del 8N-, donde cada vez se escuchan más consignas contra la vergonzosa Unión Europea y llamamientos a una nueva convocatoria de huelga general. No obstante, en las movilizaciones soberanistas han aparecido, por primera vez, elementos violentos minoritarios -provocadores, infiltrados e irresponsables- a los cuales hay que aislar y rechazar, condenando, a la vez, la violencia policial injustificada y, así, seguir avanzando en la defensa de las libertades y no alimentar los intentos de criminalización del sobiranismo por parte del Estado y sus medios de comunicación afines.
Recuperar para la defensa de las libertades civiles y políticas el espíritu del 1 y el 3 de octubre -transversal, de autoorganización, profundamente democrático y que tanto recuerda al 15M-, es esencial. Una defensa que va más allá de la legítima reivindicación independentista y que apela a la democracia en sí misma.
Porque en la primavera catalana cualquier noche puede salir el sol.
Jesús Gellida, politólogo y escritor
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.