Los vientos remunicipalizadores soplaron fuerte tras la llegada al poder de los autodenominados “ayuntamientos del cambio” a partir de 2015. Sin embargo, pocos consiguieron el objetivo final, como ocurrió en el caso de Barcelona, con Ada Colau al frente. En 2019, el Tribunal Supremo tumbó la única posibilidad de gestionar el abastecimiento de manera pública, lo que permitió que Aigües de Barcelona (participada en un 70% por Agbar) fuese quien se quedara con la concesión hasta 2047.
“Se trata de un proceso muy complejo porque normalmente la privatización está blindada. Si quieres romper el contrato por las malas, el ayuntamiento se quedaría en la ruina debido a las indemnizaciones que tendría que pagar. Por eso hay que judicializar el proceso y demostrar que la empresa privada está incumpliendo el contrato de la concesión. Es jurídicamente muy complejo”, explica Ricardo Gamaza, periodista y director del documental ¿Trileros del agua?
La privatización del suministro de agua se convirtió en la vía rápida de muchos ayuntamientos para obtener liquidez, hipotecando así el futuro de los vecinos y vecinas durante las décadas que dura la concesión. En la actualidad, según los datos recopilados por la Red Agua Pública (RAP) y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS),
31 de las 51 capitales de provincia tienen una gestión privada del agua frente a 20 públicas. Una de ellas es Valladolid. Tras la llegada de Óscar Puente (PSOE) a la alcaldía de la capital vallisoletana en 2016 de la mano de la plataforma Valladolid toma la palabra (Izquierda Unida, Equo y otros), revertir la concesión privada del servicio, en esos momentos en manos de una empresa del grupo Agbar, se convirtió en una prioridad. Y, veinte años después de la privatización del servicio, la gestión del agua volvió a ser pública en 2017.
Las multinacionales del agua
De acuerdo con los cálculos del citado documental, el 55% del abastecimiento de agua en España se encuentra en manos privadas. Dentro de ello, el 87% está gestionada por dos únicas multinacionales: Agbar, filial de la francesa Suez, y Aqualia, propiedad de FCC y de un fondo de inversión australiano. Esta segunda se presenta como “la cuarta empresa de gestión del agua de Europa y la novena del mundo por población servida”. Según los últimos datos, presta servicio a cerca de 30 millones de personas de 17 países, si bien el 66% de su facturación procede de España. Agbar ha declinado responder a las preguntas de La Marea.
Luis Babiano, director-gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), a la que pertenecen la mayoría de organismos que prestan un servicio público de suministro de agua, se queja de que, en España, existe una “invisibilización” de las diferentes problemáticas que existen con el agua: “Solo se habla cuando hay un fenómeno de sequía. Entonces sí pasa a las agendas económicas, políticas y públicas”, asegura.
Según el directivo de AEOPAS, el cambio climático “solo puede traer más sequías y de manera más recurrentes y, ahí, la planificación es fundamental”. El problema, defiende Babiano, “es que las empresas privadas solo piensan en el lucro, en la cantidad de clientes, el consumo y el beneficio. Si no da dinero, no van a acometer inversiones que permitan minimizar los efectos del cambio climático y de la sequía”.
Cambio climático
Gonzalo Marín, portavoz de la Red Agua Pública (RAP), mantiene una posición similar: “Para situaciones como la que están por venir necesitamos modelos democráticos, de participación de la ciudadanía en las tomas de decisiones. Unas decisiones que deben ser transparentes, que tengan en cuenta aspectos sociales y medioambientales en el uso del agua. Pero la privada solo tiene en cuenta la maximización de sus beneficios”.
Una de las últimas operaciones de remunicipalización del servicio de abastecimiento de aguas se llevó a cabo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el pasado 2021. Una sentencia del Tribunal Supremo confirmó que la venta de Aguas de Alcázar a Aqualia por parte del PP local en 2014 fue una operación “puramente ideológica y política”, marcada “por las prisas y por las malas formas”. Finalmente, en septiembre, la alcaldesa firmó la salida de la multinacional del capital social de la empresa pública.
La primera edil del consistorio, Rosa Melchor, califica de “bonito” el proceso de remunicipalización: “Partió de la ciudadanía y nunca estuvimos solos, y eso es muy importante”. La alcaldesa, sin embargo, subraya que la pugna se libró en los juzgados: “Lo que hicimos fue poner en manos de la justicia todos los errores de forma cometidos por la derecha cuando privatizaron el agua y eso fue lo que nos permitió ganar. En los resquicios legales está la clave”, explica.
Para Gonzalo Marín, portavoz de la Red Agua Pública, hay dos elementos esenciales a la hora de acometer un proceso de remunicipalización de la gestión del agua: “Es muy importante que el ayuntamiento tenga voluntad política de hacerlo, pero solo con eso no basta: hace falta un acompañamiento por parte de la ciudadanía, que apoye y que, si se logra, impulse un tipo de gestión democrática y participativa”.