No es la primera vez que una ola de protesta sacude Túnez desde la revolución de 2011. Estas olas de tensión regulares ¿son síntomas de una crisis profunda? Béligh Nabli: Desde el levantamiento popular de diciembre de 2010, la caída de Ben Alí y la transición democrática que siguió, en realidad Túnez no ha conocido […]
No es la primera vez que una ola de protesta sacude Túnez desde la revolución de 2011. Estas olas de tensión regulares ¿son síntomas de una crisis profunda?
Béligh Nabli: Desde el levantamiento popular de diciembre de 2010, la caída de Ben Alí y la transición democrática que siguió, en realidad Túnez no ha conocido nunca un estado de gracia. Aunque la situación securitaria haya mejorado globalmente -el estado de urgencia está en vigor desde noviembre de 2015 y el último ataque de gran amplitud se remonta a marzo de 2016-, Túnez vive bajo una tensión política y social continua, aunque latente y difusa.
Hasta ahora asistíamos a crisis ligadas a realidades locales, que daban lugar a manifestaciones o a movilizaciones y huelgas esporádicas. Se puede citar la crisis social de finales de 2016, que dio lugar a manifestaciones contra la lacra del paro que golpea a la juventud -incluso la diplomada- desocupada, y que llevó a las autoridades a decretar un toque de queda nocturno en todo el país.
La sucesión y la multiplicación de estas manifestaciones traduce un mal más profundo, más global, que hace eco al sentimiento que ya se había expresado cuando la revolución. El llamamiento a la dignidad sigue estando al orden del día.
¿El movimiento actual se diferencia de los precedentes?
Asistimos a un movimiento de una amplitud y de una intensidad más importantes. La tensión y la protesta social parecen haber alcanzado un nivel paroxístico, un punto de ruptura. Este movimiento se ha cristalizado alrededor de la adopción de la ley de presupuestos para 2018 que prevé el aumento del IVA y por tanto del coste de la vida, pero también la creación de nuevos impuestos. El gobierno amplía su política de austeridad cuando el país está sufriendo una inflación galopante que a finales de 2017 ha superado el 6 %.
Ahora bien, el gobierno está como atrapado. De un lado, la situación de las finanzas públicas ha colocado al país en una posición dependiente respecto al Fondo Monetario Internacional, que ha condicionado su última línea de crédito de 2400 millones de euros en cuatro años a la lucha contra el déficit público. Del otro, los llamamientos oficiales a la paciencia y a las restricciones ya no son audibles.
Las capas populares y la clase media no solo se ven confrontadas a un coste de la vida que degrada su condición -cuando la revolución debía mejorarla- sino que tienen la impresión de sufrir una presión fiscal en aumento de un Estado ineficaz.
A diferencia de las crisis precedentes, ancladas localmente, esta vez el movimiento es de una amplitud nacional y afecta al conjunto del territorio, desde las ciudades desfavorecidas del interior del país a ciertas ciudades del litoral, incluso a las barriadas populares de la capital, Túnez.
¿Reviste el movimiento un carácter político?
Si el movimiento ha cristalizado alrededor de la ley de presupuestos defendida por el gobierno actual, es el conjunto de la clase política la que está cuestionada. Al menos por dos razones: la impotencia de los políticos en general, y la de los sucesivos gobiernos en particular, que no han asumido el desafío de la lucha contra la corrupción y a favor de la justicia social y territorial.
Además, la clase política da la impresión de ignorar la gravedad de la situación, el grado de degradación de las condiciones de vida de la población. Una ignorancia o una indiferencia que contrasta con la atención concedida por esos mismos actores a los juegos de aparatos y demás cálculos electorales. Esta distancia alimenta el profundo sentimiento de desencanto democrático y de desconfianza política que siente la aplastante mayoría de la población tunecina.
¿Hay una desilusión en relación a las reivindicaciones defendidas durante la revolución?
Los acontecimientos actuales prueban que las reivindicaciones de progreso social expresadas con fuerza en 2010-2011 siguen sin haberse concretado. Siete años más tarde, siguen de actualidad,. La juventud sigue desocupada, -incluso quienes tienen diplomas de enseñanza superior- con una tasa de paro de alrededor del 30%.
Peor aún, el sentimiento general consiste en ver la revolución como el punto de partida, si no como el origen, de una degradación de la economía del país, así como de la situación personal. Sin embargo, la crisis actual no está animada por un movimiento reaccionario, que llama a una vuelta del antiguo régimen y de su figura tutelar, Ben Alí. La desilusión se dirige sobre todo a la ausencia de toda ecuación entre avances democráticos y progreso social.
Se trata por tanto de un recordatorio a los políticos en cuanto a los compromisos tomados durante la revolución. Y no es casualidad si el mes de enero, en torno al aniversario de la caída de Ben Alí, es tradicionalmente un período de movilización social: esto traduce claramente una decepción en relación a las expectativas que suscitó la revolución.
¿Puede este movimiento poner en cuestión el proceso de transición democrática?
El proceso de democratización sigue siendo largo y difícil y la cuestión social pesa como una espada de Damocles sobre la transición. Hasta hace poco, la prioridad de la agenda política era de naturaleza securitaria, lo que ha conducido al poder a subestimar los temas sociales. Ahora paga el precio por ello. El estado de urgencia ya no es tanto securitario como social. El poder debe redefinir su propia agenda y sus prioridades estratégicas.
Sin embargo, nadie tiene interés en que la situación se degrade. De todas formas, el movimiento de protesta no tiene ningún líder carismático, ni estructura partidaria que pueda orientarle o controlarle… La principal central sindical del país, la UGTT, permanece prudente, precisamente porque tiene miedo de que el movimiento tome una deriva anárquica incontrolable.
La situación podría envenenarse si el poder político y las fuerzas de seguridad cedieran al viejo reflejo de la represión masiva y ciega, o si el gobierno persistiera en su ausencia de diálogo: la población tunecina está exasperada por el discurso de la austeridad. Un gesto político podría consistir en proponer una ley de finanzas complementaria que corrigiera el nivel del aumento del IVA o incluso suprimiera algunos impuestos recién creados. En esto, esta crisis social representa también un test muy importante sobre el saber hacer político del poder actual.
Béligh Nabli es director de investigación en el IRIS (Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas), confundador de la página web Chronik y especialista en Túnez.
Le Monde, 12/01/2018
Traducción: Faustino Eguberri para viento sur