Las oganizaciones que forman la acusación popular recurren el auto de Ruz en el que se se señala sólo como imputados a los tesoreros del PP y a los empleados de Unifica. La acusación popular de la Querella Bárcenas ha recurrido el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que anunciaba el cierre […]
Las oganizaciones que forman la acusación popular recurren el auto de Ruz en el que se se señala sólo como imputados a los tesoreros del PP y a los empleados de Unifica.
La acusación popular de la Querella Bárcenas ha recurrido el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que anunciaba el cierre de la investigación sobre las donaciones en b al Partido Popular, y ha presentado un nuevo escrito de acusación contra 26 personas, entre las que se incluyen a Ángel Acebes, entonces secretario general del partido, y los directivos de las empresas que aparecían como donantes en los papeles de Bárcenas.
El auto, hecho público a finales de marzo, señalaba sólo a los tesoreros del Partido Popular Luis Bárcenas, Cristóbal Páez y Álvaro Lapuerta cómo únicos responsables dentro del partido, y a algunos empleados y al gerente de Unifica, la empresa que realizó la reforma de la sede del partido en la calle Génova, en Madrid.
Desde las entidades que presentaron la querella popular señalan que es «escandaloso que se pretenda solventar un caso tan claro imputando exclusivamente a dos tesoreros y a una empresa de arquitectura». En el escrito, las organizaciones querellantes formulan acusación por la constitución de una organización criminal que, formada al menos por los tesoreros, gerentes y secretarios generales del Partido Popular, recaudaba ilícitamente dinero para pagar las campañas electorales, sin informar al Tribunal de Cuentas de la recepción de este dinero, a empresas que presuntamente recibirían a cambio contratos de obra pública.
Las organizaciones que forman la Querella a Bárcenas -Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, la Federación Los Verdes y Justicia y Sociedad-, destacan que las empresas donantes en esos momentos mantenían contratos con la Administración y sobrepasaban los máximos permitidos para las donaciones a partidos políticos.