El 27 de abril, Al Yazira informó que la policía egipcia había atacado a unos 2.000 manifestantes que habían establecido un campamento en el exterior de un tribunal en El Cairo y arrestado a 16 de ellos. Estos manifestantes estaban mostrando su apoyo a dos jueces reformistas, Mahmud Mekki y Hisham al Bastawisi, que comparecieron […]
El 27 de abril, Al Yazira informó que la policía egipcia había atacado a unos 2.000 manifestantes que habían establecido un campamento en el exterior de un tribunal en El Cairo y arrestado a 16 de ellos. Estos manifestantes estaban mostrando su apoyo a dos jueces reformistas, Mahmud Mekki y Hisham al Bastawisi, que comparecieron ante un comité disciplinario para hacer frente a una causa por sus críticas al gobierno. Ambos jueces, miembros del Tribunal de Casación, el más alto órgano judicial de apelación del país, acusaron al sistema judicial de ayudar a manipular las elecciones legislativas de 2005, que fueron ganadas por el partido gubernamental, liderado por Mubarak. Al Bastawisi denunció entonces el bloqueo de los colegios electorales en los bastiones de la oposición por parte de la policía y la muerte de 11 personas que intentaron romper los cordones policiales. «Los responsables de estos hechos son los que deberían estar siendo juzgados. En lugar de ello, somos nosotros los atacados,» señaló. Los jueces de Egipto son los responsables de supervisar los procesos electorales. Ésta no fue la primera vez que Al Bastawisi ha participado en una protesta electoral. En 1985, otros jueces y él mismo denunciaron un fraude electoral, sin que tales denuncias tuvieran efecto alguno.
Ambos jueces crearon también un comité independiente para observar las elecciones y estudiar las quejas. Además, Mekki y Al Bastawisi han hablado abiertamente en los canales árabes de televisión por satélite, tales como Al Yazira y Al Arabiyya, que son vistos por muchos egipcios. «Nosotros insistimos en que las elecciones eran fraudulentas. El gobierno no puede soportar eso porque sabe que la gente nos creerá a nosotros y no a ellos,» manifestó Al Bastawisi a Associated Press. «Nuestra causa no es importante; lo que es importante es… el derecho del pueblo egipcio a tener un poder judicial independiente, democracia y elecciones libres.» Él añadió que el panel disciplinario, formado por siete jueces, que estaba examinando su caso era «claramente inconstitucional,» ya que no se les había permitido disponer de un abogado. Ambos jueces han advertido que la decisión de enviarles al comité disciplinario supone el principio de una campaña del gobierno para deshacerse de los jueces reformistas.
La confrontación entre el gobierno y los jueces reformistas comenzó el pasado año, cuando estos jueces intentaron conseguir su independencia amenazando con negarse a supervisar las elecciones presidenciales y parlamentarias, como la ley establece. Aunque los jueces se echaron atrás más tarde con respecto a tal amenaza, poco después de las elecciones publicaron informes en los que alegaban la existencia de amplios abusos e irregularidades e incluso de un abierto fraude en el recuento.
Por su parte, los activistas reformistas condenaron la represión policial contra los manifestantes en El Cairo y denunciaron que Hosni Mubarak ha decidido emplear una estrategia de dureza. Según algunos testigos, algunos de los manifestantes fueron golpeados con bastones. El presidente Mubarak prometió durante la pasada campaña de las elecciones presidenciales que pediría al gobierno que redactara una nueva ley que asegurara una plena separación entre los poderes ejecutivo y judicial. Sin embargo, no ha cumplido su promesa hasta ahora.
Muchos grupos pro-derechos humanos e intelectuales están apoyando a ambos jueces, que se han convertido en un símbolo de la lucha en pro de las reformas en Egipto en los últimos meses. El director del sitio web de Kifaya -el principal grupo de oposición cívica del país- Mohammed Taima fue uno de los participantes en la manifestación de El Cairo. En realidad, la «intifada» de los jueces ha unido a la oposición política y ha insuflado nueva vida en un movimiento de reforma que había decaído después de la victoria de Mubarak en las elecciones de septiembre. Los Hermanos Musulmanes, el principal grupo de oposición en Egipto, y la mayoría de los partidos de la oposición han respaldado públicamente a los jueces. Ghada Shahbandar, líder del grupo de monitoraje electoral, manifestó al New York Times: «No podemos aspirar a tener reformas sin que haya un poder judicial independiente. Éste es el primer y más importante bloque en el proceso de reformas.» Muchos egipcios ven a los jueces como un posible contrapeso a los poderes casi absolutos del presidente.
La organización Human Rights Watch, con sede en EEUU, ha realizado un llamamiento al gobierno egipcio para que investigue el fraude electoral y deje de intimidar a los jueces. Amnistía Internacional ha recordado también que las «normas internacionales referidas a la salvaguardia de la independencia del sistema judicial y a la justicia de los procedimientos, incluyendo los procedimientos disciplinarios contra los jueces, establecen que todos los procedimientos disciplinarios deben ser justos y determinados de acuerdo a estándares bien establecidos de independencia e imparcialidad. Además, los jueces, como otros ciudadanos, tienen garantizado el ejercicio de la libertad de expresión, que les está reconocido por la Constitución egipcia y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Egipto es un estado parte.» La organización ha llamado también al gobierno egipcio a extender de forma inmediata una invitación al Relator Especial de la ONU sobre Independencia de los Jueces y Abogados para que visite Egipto.
Mekki y Al Bastawisi son miembros del informal Club de los Jueces, que cuenta con 8.000 miembros y han sido activistas destacados en pro de la independencia administrativa y financiera del poder judicial. Ellos han denunciado que el Ministerio de Justicia está utilizando los salarios y procedimientos disciplinarios con el fin de influir en los jueces egipcios e impedirles criticar los fraudes electorales patrocinados por el Estado. Recientemente, el ministro de Justicia, Mahmud Abul Leil, recomendó que 10 jueces reformistas fueran sometidos a acciones disciplinarias por sus declaraciones. El ministro afirmó que estos jueces habían «ensuciado la imagen de la judicatura egipcia al acusar a sus colegas de complicidad en el fraude electoral.»
Por su parte, Zakaria Abdel Aziz, presidente del Club de los Jueces, ha manifestado que las protestas continuarán hasta que Mekki y Al Bastawisi sean exonerados de todos los cargos y vean garantizada su independencia en el desempeño de su labor. «Ya es bastante que en los últimos 52 años hayamos sido cómplices de los fraudes electorales en este país,» declaró al New York Times.
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