La pérdida del trabajo y la vivienda, debido a la prolongada crisis económico-financiera, aparece detrás del aumento de los delitos en Estados Unidos, según un estudio de la población carcelaria realizado por el no gubernamental Justice Policy Institute.
a relación entre pobreza y la cantidad de personas en prisión resulta estrecha en Estados Unidos, según la investigación «Dinero bien gastado: de qué manera las verdaderas inversiones sociales reducen la tasa de encarcelación».
Cada vez son más las personas pobres detenidas y encarceladas, pese a que la cantidad de delitos disminuyeron en todo el país, señala el informe.
«La investigación concluyó que se hace menos énfasis en la protección de los pobres y más en la vigilancia, el control y las detenciones», dijo a IPS la directora ejecutiva de JPI, Tracy Velázquez.
La población carcelaria aumentó y con ella la disparidad racial en el sistema de justicia, se añade en el trabajo divulgado el jueves por el instituto con sede en Washington.
«El hecho es evidente al analizar los patrones de arrestos y las encarcelaciones por delitos vinculados al consumo de droga», señaló Sarah Lyons, una de las autoras del estudio.
Si los servicios sociales no tienen suficientes fondos es más probable que la gente tenga dificultades para subsistir y aumente el riesgo de vincularse con el mundo del delito, añadió Lyons, de la organización National Emerson Hunger.
Los afroestadounidenses, que constituyen 12,2 por ciento de la población, ya representan 44 por ciento de los presos por causas relacionadas con las drogas. Además, el consumo ahora es similar al de 2008.
El énfasis puesto en perseguir a las comunidades negras por delitos de droga desestabiliza a las familias.
La duración de la crisis llevó a muchos estados a recortar los fondos de los servicios sociales, como salud, educación y vivienda, pero no en vigilancia ni en ampliar y mejorar las prisiones.
Hay casi dos millones de presos en Estados Unidos. Además, 16 por ciento de ellos tuvieron problemas con su vivienda, señala el estudio.
«La mayoría de esas personas tienen un mayor riesgo de padecer adicciones y problemas psicológicos, y no suelen tratarse», señaló Nastassia Walsh, de JPI. En los estados con mayor cantidad de egresados de secundaria se cometen menos delitos, apuntó.
La pobreza es uno de los «factores de riesgo» que aumenta las posibilidades de tener problemas de salud mental. Además, muchas personas que quisieran recibir tratamiento no pueden pagarlo, señala el estudio.
«Más de 50 por ciento de las personas que están en la cárcel tienen algún tipo de problema psicológico», precisó Walsh. Aumentar los fondos destinados a la asistencia psicológica y al tratamiento de adicciones puede contribuir a mejorar la seguridad pública y disminuir la incidencia de la justicia penal, apuntó.
Destinar recursos a la capacitación y a la creación de empleo mejora la seguridad pública, señala la investigación. Los jóvenes que trabajan tienen menos probabilidades de cometer delitos.
«Es hora de que los funcionarios se den cuenta de que es mejor invertir para tener comunidades seguras y saludables que en más camas para las cárceles», sostuvo Velázquez. «Las comunidades de bajos ingresos y los afroestadounidenses soportan la peor carga de la recesión, así como de nuestras políticas que llevan a una encarcelación masiva», añadió.
«Si cambiamos nuestras prioridades podemos reducir las consecuencias desproporcionadas de la crisis y marcar una diferencia real, en especial para las familias y los menores», remarcó.
Invertir en vivienda accesible, educación y empleo puede contribuir a cambiar el rumbo de la vida de las personas que no tienen donde vivir, entre ellas jóvenes, niños y niñas, los más perjudicados por esa situación, indica la investigación.
«Se trata de en qué decidimos invertir», sentenció Velázquez. «Hasta que no dejemos de canalizar el dinero de los contribuyentes a las cárceles y las prácticas de vigilancia y control que empujan a una gran cantidad de personas a prisión, muchas de las cuales no suponen un peligro para la seguridad pública, no debería sorprendernos que aumente la taza de encarcelación», añadió.
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó el año pasado su preocupación por la falta de avances en la materia en la justicia de Estados Unidos y urgió a Washington a tomar medidas prácticas para poner fin a las acciones policiales contra las personas pobres y las minorías.
El organismo identificó numerosos casos que muestran que, en muchas ciudades, la policía tenía actitudes que violaban la Constitución de Estados Unidos y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Los autores de la investigación urgen al gobierno de este país a tomar medidas para cumplir con el tratado internacional de derechos humanos.