El secuestro del dirigente de las FARC, Rodrigo Granda, efectuado en Caracas por agentes de la policía colombiana, agraviando la soberanía venezolana, no es el único caso de este tipo que se produce. El 29 de octubre de 1965 el líder de la oposición marroquí, Ahmed Ben Barka, fue interceptado ante las puertas del restaurante […]
El secuestro del dirigente de las FARC, Rodrigo Granda, efectuado en Caracas por agentes de la policía colombiana, agraviando la soberanía venezolana, no es el único caso de este tipo que se produce. El 29 de octubre de 1965 el líder de la oposición marroquí, Ahmed Ben Barka, fue interceptado ante las puertas del restaurante Lipp, en París, por los agentes policiacos franceses Voitot y Souchon.
Ben Barka era un prestigioso dirigente de los movimientos discrepantes dentro del Reino de Marruecos, fundador y cabeza principal de la Unión Socialista de las Fuerzas Populares, Secretario General de la Conferencia Tricontinental que estaba a punto de inaugurarse en La Habana. Era un instante histórico en que los países que recién emergían de un pasado colonial se agrupaban para plantear sus reivindicaciones sociales en un mundo peligrosamente caldeado por la Guerra Fría. Junto a Nasser, Nehru, Fidel Castro y Tito, Ben Barka era uno de los dirigentes de ese despertar en una parte discriminada del mundo. Ben Barka estaba vigilado de cerca por la seguridad marroquí que había intervenido sus teléfonos y su correspondencia en las tres oficinas operativas que mantenía en El Cairo, Argel y Ginebra.
Tras ser secuestrado Ben Barka fue conducido a la villa de Georges Bousecheiche, quien había sido colaborador de la Gestapo, durante la ocupación alemana de Francia, y era un informante de la SDECE, el servicio de inteligencia francés. Allí le aguardaba el comandante Dlimi, de la seguridad marroquí, quien había organizado anteriormente un atentado fallido contra la vida de Ben Barka. Dlimi lo interrogó con violencia y estuvo a punto de estrangularlo. Advertido en Rabat de lo acaecido el general Oufkir, Ministro del Interior, tomó un avión y llegó a París a la medianoche de ese día a la villa de Bousecheiche en estado de avanzada ebriedad y comenzó a torturar a Ben Barka. En el curso de esa madrugada el líder falleció. Oufkir y Dlimi se percataron de haberse extralimitado de las órdenes del monarca. Trataron de enterrarlo infructuosamente en los alrededores de París
Antoine Lopez, empleado de Air France en el aeropuerto de Orly y agente de la SDECE, les facilitó llevar el cadáver en una limosina con placas diplomáticas hasta un avión de la fuerza aérea marroquí donde fue conducido a Rabat. Allí fue conducido al centro de detenciones de la seguridad y sumergido en una bañera con ácido. Junto al cadáver, completamente vestido, arrojaron su sombrero y sus lentes, para desaparecer toda evidencia, método aprendido de la policía del Shah de Irán. El ácido demoró cincuenta horas en consumir completamente los restos del dirigente.
El colofón de la tragedia tuvo lugar años después. Dlimi fue ascendido por el rey Hassan II de comandante a coronel. Los agentes franceses Boucheseiche, Le Ny, Dubail y Palisse, quienes intervinieron en el crimen como cómplices de la policía marroquí, fueron premiados: emigraron a Marruecos donde se dedicaron a regentear burdeles y cabarets con prostitutas francesas. Pero a finales de los años sesenta desaparecieron misteriosamente. Nadie ha vuelto a saber de ellos.
Georges Figon se atrevió a confesar al semanario L´Express su intervención y la de la policía francesa. Poco después fue rodeada la casa en que se hallaba por agentes de seguridad y se informó oficialmente que se había «suicidado». Oufkir organizó un fallido golpe de Estado contra el monarca Hassan II, en agosto de 1972 y fue ejecutado ante los ojos del propio rey por el coronel Dlimi, quien asumió la jefatura de todos los servicios de seguridad e inteligencia marroquíes. Todo se supo, años después por la brillante indagación periodística de reporteros de Le Monde.
El escándalo internacional que despertó el secuestro de Ben Barka obligó al gobierno francés a abrir una investigación que arrojó resultados elementales, pero la incógnita que cubría aquella desaparición se ha mantenido durante cuarenta años. El propio general De Gaulle descartó, entonces, el enigma como un «asunto vulgar y subalterno», pero la opinión pública exigió la renuncia del Primer Ministro George Pompidou y Francois Mitterrand acusó al gobierno de «encubrimiento. El secuestro de Rodrigo Granda nos retrotrae a aquel episodio igualmente siniestro y criminal.