Las turbulencias en el comercio mundial de alimentos supondrán sin duda un problema para la nutrición y la ingesta de alimentos, sobre todo entre las personas más pobres del planeta.
En marzo de 2022, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, advirtió que se avecina un «huracán de hambre» debido a la guerra en Ucrania. Señaló que cuarenta y cinco países en desarrollo, la mayoría de ellos en el continente africano, «importan al menos un tercio de su trigo de Ucrania o Rusia, y 18 de ellos importan al menos el 50%». Rusia y Ucrania exportan el 33% de las existencias mundiales de cebada, el 29% del trigo, el 17% del maíz y casi el 80% del suministro mundial de aceite de girasol. Las y los agricultores de fuera de Rusia y Ucrania, que intentan compensar la falta de exportaciones, ahora están luchando con el aumento de los precios del combustible, también causado por la guerra. Los precios del combustible repercuten tanto en el costo de los fertilizantes químicos como en la capacidad de las y los agricultores para cultivar sus propias cosechas. Máximo Torero Cullen, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), afirmó que «una de cada cinco calorías que la gente consume ha cruzado al menos una frontera internacional, dato superior en más del 50 por ciento respecto a hace 40 años». Estas turbulencias en el comercio mundial de alimentos supondrán sin duda un problema para la nutrición y la ingesta de alimentos, sobre todo entre las personas más pobres del planeta.
Los países más pobres no disponen de muchas herramientas para frenar la ola de hambre, en gran parte debido a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que privilegian los regímenes de subvenciones para los países más ricos, pero castigan a los más pobres si recurren a la acción del Estado en favor de sus propios agricultores y de las personas que padecen hambre. Un informe reciente elaborado nada menos que por la OMC, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aportaba pruebas de estas ventajas de las subvenciones de las que se benefician los países más ricos. En la 12ª conferencia ministerial de la OMC, que se celebrará a mediados de junio, los países del G-33 tratarán de ampliar el uso de la «cláusula de paz» (establecida en 2013) para que los países más pobres puedan proteger los medios de vida de sus agricultores mediante la compra estatal de alimentos y la mejora de los sistemas públicos de distribución de alimentos.
Quienes cultivan nuestros alimentos pasan hambre y, sin embargo, sorprendentemente, apenas se habla de la pobreza y el hambre de las y los propios agricultores, campesinos y trabajadores agrícolas. Más de 3.400 millones de personas —casi la mitad de la población mundial— viven en zonas rurales; entre ellas se encuentra el 80% de los pobres del mundo. Para la mayoría de la población rural pobre la agricultura es la principal fuente de ingresos, pues proporciona miles de millones de puestos de trabajo. La pobreza rural se reproduce no porque la gente no trabaje duro, sino por la desposesión de las y los trabajadores rurales de la propiedad de la tierra y la retirada del apoyo estatal al campesinado y los pequeños agricultores.
El Instituto Tricontinental de Investigación Social (Sudáfrica) ha prestado mucha atención a la situación de las y los trabajadores agrícolas de la región, como parte de nuestro proyecto general de seguimiento del «huracán del hambre». Nuestro dossier más reciente, Esta tierra es la tierra de nuestros ancestros, es un estudio detallado de las y los trabajadores agrícolas desde su propia perspectiva. La investigadora Yvonne Phyllis viajó desde KwaZulu-Natal hasta las provincias del Cabo Occidental y Septentrional, entrevistando a trabajadores agrícolas y a sus organizaciones para conocer los fracasos de la reforma agraria en Sudáfrica y su impacto en sus vidas. Este es uno de los pocos dossieres que comienza en primera persona, reflejando la naturaleza íntima de la política que rodea la cuestión de la tierra en Sudáfrica. “¿Qué significa la tierra para ti?», le pregunté a Yvonne mientras estábamos juntos en Johannesburgo recientemente. Me contestó:
Crecí en una finca de Bedford, en la provincia del Cabo Oriental. Mi infancia me dio algunas de las mejores lecciones de mi vida. Una de ellas fue de la comunidad de trabajadores agrícolas y habitantes de la finca; me enseñaron el valor de estar en comunidad con otras personas. También me enseñaron lo que significa nutrir y cultivar la tierra y cómo crear mi propio significado de lo que es la tierra para mí. Esas lecciones han contribuido a mis creencias personales sobre la naturaleza de la tierra. Todas las personas merecen vivir de la tierra. La tierra no solo es importante porque podemos producir de ella; forma parte de la historia, la humanidad y el patrimonio cultural de las personas.
El proceso de colonialismo por parte de los holandeses (bóers) y británicos despojó a los agricultores africanos y los convirtió en trabajadores sin tierra, arrendatarios de mano de obra no remunerada o personas desempleadas rurales. Este proceso se endureció con la Ley de Tierras Nativas (nº 27 de 1913), cuyo legado se sigue sintiendo hoy en día. A los 17 años, el compositor Reuben Caluza (1895-1969) respondió a la ley con su «Umteto we Land Act» (‘La ley de la tierra’), que se convirtió en uno de los primeros himnos del movimiento de liberación del país:
El derecho por el que lucharon nuestros compatriotas
Nuestro grito por la nación
es tener nuestra patria
Lloramos por los desposeídos
hijos de nuestros padres
que no tienen un lugar
en este lugar de nuestros antepasados
La “Carta de la Libertad” (1955) del partido Congreso Nacional Africano (CNA) y sus aliados prometió a quienes lucharon contra el apartheid, que terminó formalmente en 1994, que «la tierra se compartirá entre quienes la trabajan». Esta promesa fue aludida de nuevo en la Constitución sudafricana de 1996, capítulo 2, sección 25.5, pero excluye la mención explícita a los trabajadores agrícolas.
De hecho, desde la Constitución Provisional de 1993, el nuevo sistema post-apartheid defendía los derechos de los propietarios de explotaciones agrícolas a través de una «cláusula de propiedad» en el capítulo 2, sección 28. Las diferencias en el seno del CNA condujeron al abandono del Programa de Reconstrucción y Desarrollo (RDP por sus siglas en inglés), más progresista, en favor de la estrategia neoliberal de Crecimiento, Empleo y Redistribución (GEAR), un programa de ajuste estructural autoimpuesto. Lo que esto significaba era que la voluntad política y los fondos estatales asignados a los programas de restitución de tierras, reforma de la tenencia de la tierra y redistribución de tierras eran simplemente insuficientes. Como señala nuestro dossier, a día de hoy las promesas de la Carta de la Libertad «aún no se han cumplido».
En lugar de expropiar la tierra a la clase propietaria, principalmente blanca, para compensar las injusticias históricas, el Estado ofrece una compensación a los propietarios y opera según el principio de «comprador dispuesto, vendedor dispuesto». Los trámites burocráticos y la falta de fondos han saboteado cualquier proyecto de reforma agraria auténtica. En su conferencia Ruth First de 2014, Irvin Jim, secretario general del mayor sindicato del país, el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA), señaló que el centenario de la Ley de Tierras de 1913 no fue conmemorado por el gobierno, sino solo por la huelga militante de las y los trabajadores agrícolas en 2012 y 2013. «La huelga aún está fresca en nuestra memoria», dijo Jim. “Sigue poniendo de manifiesto el hecho histórico colonial de que la tierra, y los productos que de ella se derivan, no se reparten equitativamente entre quienes la trabajan». Debido a la orientación neoliberal de la cuestión de la tierra, algunos de los programas establecidos para la restitución y la redistribución han acabado beneficiando a los grandes terratenientes en detrimento de las y los agricultores de subsistencia y los trabajadores agrícolas de toda la vida.
De hecho, desde la Constitución Provisional de 1993, el nuevo sistema post-apartheid defendía los derechos de los propietarios de explotaciones agrícolas a través de una «cláusula de propiedad» en el capítulo 2, sección 28. Las diferencias en el seno del CNA condujeron al abandono del Programa de Reconstrucción y Desarrollo (RDP por sus siglas en inglés), más progresista, en favor de la estrategia neoliberal de Crecimiento, Empleo y Redistribución (GEAR), un programa de ajuste estructural autoimpuesto. Lo que esto significaba era que la voluntad política y los fondos estatales asignados a los programas de restitución de tierras, reforma de la tenencia de la tierra y redistribución de tierras eran simplemente insuficientes. Como señala nuestro dossier, a día de hoy las promesas de la Carta de la Libertad «aún no se han cumplido».
En lugar de expropiar la tierra a la clase propietaria, principalmente blanca, para compensar las injusticias históricas, el Estado ofrece una compensación a los propietarios y opera según el principio de «comprador dispuesto, vendedor dispuesto». Los trámites burocráticos y la falta de fondos han saboteado cualquier proyecto de reforma agraria auténtica. En su conferencia Ruth First de 2014, Irvin Jim, secretario general del mayor sindicato del país, el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA), señaló que el centenario de la Ley de Tierras de 1913 no fue conmemorado por el gobierno, sino solo por la huelga militante de las y los trabajadores agrícolas en 2012 y 2013. «La huelga aún está fresca en nuestra memoria», dijo Jim. “Sigue poniendo de manifiesto el hecho histórico colonial de que la tierra, y los productos que de ella se derivan, no se reparten equitativamente entre quienes la trabajan». Debido a la orientación neoliberal de la cuestión de la tierra, algunos de los programas establecidos para la restitución y la redistribución han acabado beneficiando a los grandes terratenientes en detrimento de las y los agricultores de subsistencia y los trabajadores agrícolas de toda la vida.
Un verdadero proyecto de reforma agraria en Sudáfrica no solo respondería a los clamores de justicia de la tierra, sino que también abriría una vía para hacer frente a la crisis del hambre en el campo. Nuestro dossier finaliza con una lista de seis reivindicaciones, elaborada a partir de nuestras conversaciones con las y los trabajadores agrícolas y sus organizaciones:
- El gobierno de Sudáfrica debe consultar a las y los trabajadores agrícolas y habitantes de las fincas para incorporar sus contribuciones al desarrollo de un programa de reforma agraria que aborde sus necesidades de tierras.
- Hay que dar prioridad a las reivindicaciones sobre la propiedad de la tierra de los arrendatarios de mano de obra, para evitar una reforma agraria que solo enriquezca a las élites negras.
- El Departamento de Agricultura, Reforma Agraria y Desarrollo Rural debería facilitar el proceso de que los propietarios blancos de explotaciones agrícolas repartan parte de sus tierras de labranza a las y los empleados de toda la vida y a descendientes de familias que han trabajado en las explotaciones durante varias generaciones.
- El gobierno debe comprar fincas para las y los trabajadores agrícolas y ayudarles con capital para los costos de instalación, el equipo agrícola y las habilidades agrícolas.
- La reforma agraria en Sudáfrica debe tener en cuenta los factores sociales que contribuyen a la inseguridad alimentaria y reconocer las oportunidades de rectificarla mediante la redistribución de la tierra.
- El proceso de reforma agraria debe abordar la marginación de las trabajadoras en la industria agrícola y la falta de propiedad de la tierra por parte de las mujeres agricultoras, para garantizar la paridad de género en ambos ámbitos.
¡Loo ngumhlaba wookhokho bethu! ¡Esta es la tierra de nuestros ancestros! Ese es el lema que da título a nuestro dossier. Ya es hora de que quienes trabajan la tierra sean sus dueños y dueñas.
Fuente: https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/agricultores/