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La tortura en Navarra

Fuentes: Rebelión

“Nos encontramos ante una violencia negada, violencia no investigada y, en consecuencia, no sancionada”

(Informe oficial sobre la Tortura y Malos tratos en Navarra 1979-2015)

El pasado 9 de enero fue presentado oficialmente en Nafarroa el resultado de la “Investigación sobre la Tortura y otros Malos Tratos en Navarra desde 1979 a la actualidad”[1], un trabajo que había sido encomendado por el Gobierno de Navarra al Instituto Vasco de Criminología (IVAC)[2]. En éste se han aplicado los criterios de evaluación del Protocolo de Estambul, adoptado en 2001 por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para investigar y valorar los casos de tortura. Es evidente pues que la credibilidad de la investigación realizada queda fuera de toda duda.

LA TORTURA EN NAFARROA Y EL CONJUNTO DE EUSKAL HERRIA

El Informe presentado guarda a su vez relación con otro similar realizado por el propio IVAC, en junio de 2019, a solicitud también del Gobierno de Navarra, que abarcaba el período comprendido 1960-1978. Pues bien, sumando los datos de ambos estudios, resulta que entre 1960 y 2015, el número total de casos de torturas y malos tratos habido en Nafarroa asciende a 1.068, afectando los mismos a 891 personas, pues algunas de ellas los habían sufrido en más de una ocasión.

Esta investigación guarda también relación con un Informe similar realizado por el IVAC, en diciembre de 2017, pero en este caso para el Gobierno Vasco. En éste se señala que durante los años 1960 a 2014, el número de casos de tortura y malos tratos habidos en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) fueron 4.144. En resumen, en el conjunto de Euskal Herria (Sur) el cómputo total de casos, asciende a un total de 5.212. Lo anterior es, en cualquier caso, un número claramente inferior al realmente habido, ya que, como mínimo, habría que sumar a lo anterior las personas torturadas y fallecidas que no han podido denunciarlas, así como las de quienes han renunciado a hacerlo por preferir no remover de nuevo las trágicas experiencias vividas durante su detención, ni avivar las pesadillas que les han acompañado desde entonces.

Pues bien, si consideramos que las detenciones en las que se practicaron estas torturas y malos tratos pudieron durar un promedio de tres-cuatro días, se puede afirmar que a lo largo del período-suma transcurrido entre 1960 y 2015, todos los días ha habido en Euskal Herria una persona que, estando detenida en dependencias policiales o beneméritas, estaba siendo violentada en su integridad física y/o psicológica por agentes de estos cuerpos y, todo ello, en la más completa impunidad.

De lo anterior se deduce que la práctica de la tortura en Nafarroa y el conjunto de Euskal Herria ha sido una constante a lo largo de los 55 años analizados y que, si bien se ha dado con distinta intensidad según los momentos políticos vividos, ha afectado a todos los gobiernos habidos en esta época: franquismo, UCD, PSOE y PP. Así, tal como se señala en el Informe: “Nos encontramos ante una violencia negada, violencia no investigada y, en consecuencia, no sancionada”, que “ha generado en las víctimas un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones y el sistema de justicia”.

Lo primero a destacar del Informe ahora presentado es que los años en los que se dieron más casos se ubican en los últimos años de la transición y primeros de la actual democracia (gobiernos UCD y PSOE). Esto refleja en buena medida que aquella época en la que se levantó el actual régimen constitucional, presentada como modélica y pacífica, fue acompañada, no solo de una fuerte represión en la calle, sino también de malos tratos y torturas generalizadas en las comisarías y cuartelillos. Algo que, por otro lado, concuerda con los datos recogidos en el Informe realizado por el IVAC para el Gobierno Vasco, que refleja igualmente que los años en los que fue mayor el número de personas maltratadas y torturadas fueron los de la Transición.

Resulta destacable también que las dos terceras partes (66,3%) del total de los casos de malos tratos y torturas habidas en Nafarroa, se dieron en personas que contaban con una edad que oscilaba entre los 18 y los 29 años, lo cual refleja claramente cuál ha sido el sector social, la juventud, que más ha sido objeto de persecución, castigo y tortura por parte de la policía y la guardia civil en el período de tiempo considerado.

Por último, el Informe destaca también las reiteradas veces en las que el Estado español ha sido sancionado tanto por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Más en concreto, cita las diez condenas hechas por este último Tribunal (5 de ellas, se refieren a casos navarros) por no investigar judicialmente las denuncias por torturas presentadas ante distintas instancias judiciales españolas (Audiencia Nacional..), incluidas las referidas a casos en los que ha reconocido en sus propias sentencias la existencia de tratos inhumanos y degradantes.

LA RED DE PERSONAS TORTURADAS DE NAVARRA

Sin restar mérito alguno, sino todo lo contrario, al apoyo dado por el anterior Gobierno de Navarra y el actual[3] a las investigaciones realizadas por el IVAC, es evidente que la clave esencial de este logro se encuentra en la existencia y el trabajo realizado por la Red de Personas Torturadas de Navarra.

No podemos olvidar a estos efectos la importante oposición que el PSOE ha mantenido hasta la fecha (¿nos hallamos ahora ante un cambio de postura o ante un mero cortafuegos?) a la hora de posibilitar la investigación de las torturas en el Estado español. La razón tenía que ver, no solamente con las servidumbres derivadas de la política de reconciliación y el marco de impunidad sobre el cual se asentó la Transición, sino también con las responsabilidades propias de este partido, pues fue bajo sus gobiernos que se aprobaron los marcos legales que favorecieron estas prácticas, las políticas de “seguridad ciudadana” y “antiterroristas” que las propiciaron y, finalmente, la creación de instrumentos (GAL) que practicaron secuestros, torturas y asesinatos.

Así pues, el actual Informe no puede entenderse sin el largo y continuado trabajo desarrollado por lo que hoy es la Red de Personas Torturadas de Navarra. Trabajo que durante años ha ido tejiendo hilos por toda la geografía navarra (en distintos lugares como Iruñea, Altsasu, Etxarri, Leiza, Barañain…, fueron creados durante meses espacios de atención para quienes acudían allí a exponer sus casos) y que abarca hoy a más de 80 localidades navarras. Gracias a todo ello se ha podido elaborar una lista cercana a mil personas maltratadas y torturadas que ahora ha sido de extraordinaria utilidad para la elaboración del Informe realizado por el IVAC.

Este trabajo no se ha limitado, por otro lado, a la búsqueda de información y a la articulación de esta red, sino que también ha impulsado la creación de un equipo de atención y apoyo psicológico, pues no podemos olvidar que el exteriorizar las vivencias habidas durante su detención policial, suponía en muchos casos avivar unas heridas marcadas a perpetuidad por aquellas torturas realizadas en un marco de incomunicación, aislamiento e indefensión total.

Paralelo a lo anterior, se ha realizado también un importante trabajo de activación ciudadana (concentraciones y manifestaciones, reuniones con grupos sociales e institucionales, comunicación mediática…) con el fin de rescatar el tema de la tortura del olvido impuesto y situarlo en la agenda de todo tipo de grupos.

En la rueda de prensa realizada por la Red tras la presentación del Informe del IVAC sus portavoces concluyeron que “la tortura ha sido una de las expresiones de violencia política ejercida por el Estado en nuestra tierra en sus distintos contextos políticos. Un fenómeno que solo pudo darse gracias a la ocultación y negación, en la que han tomado parte políticos, jueces y periodistas, además de la propias Fuerzas de Seguridad que cometieron estos actos”.

Por último, dando continuidad al trabajo hecho hasta la fecha, en las próximas semanas, la Red va a impulsar la presentación de mociones referidas a este tema en decenas de ayuntamientos navarros, a fin de reclamar el compromiso de los mismos en la vía del reconocimiento y reparación reclamada. Igualmente, el Informe será presentado también próximamente en el Parlamento de Navarra a fin de solicitar de sus grupos un posicionamiento claro en relación a la realidad reflejada en el mismo.

MIRANDO HACIA ADELANTE

La realidad de esta tortura sistemática que ha llegado hasta nuestros días es algo que interpela hoy al conjunto de la ciudadanía. Ello es así porque no nos encontramos ante un asunto, conflicto o delito restringido al ámbito privado torturador-torturada, sino que afecta a los propios fundamentos –los derechos humanos, empezando por el de la integridad física- sobre los cuales se asienta nuestra sociedad. La mera posibilidad de que los centros de detención sean o puedan convertirse en cuevas de los horrores y no sean espacios en los que los derechos humanos más elementales sean estrictamente respetados (asistencia letrada y médica, respeto absoluto a la integridad física y psicológica, garantías para el cumplimiento de lo anterior…), es algo que, repetimos, emplaza a toda la ciudadanía, sus grupos sociales y políticos, y a todas sus instituciones sean éstas municipales, parlamentarias, gubernamentales o judiciales.

En esta dirección, aún cuando hay aún un amplio camino a recorrer por la vía de la justicia restaurativa referido a las medidas de reparación integral a adoptar en relación con las víctimas de los malos tratos y torturas, queremos hacer hincapié en este artículo en un par de aspectos íntimamente relacionados que nos parecen fundamentales: la búsqueda de la Verdad sin terrenos vedados y la apertura de las puertas de la Justicia para poder juzgar estos delitos.

a) La búsqueda de la Verdad: las Comisiones de Valoración reguladas en la ley

La exigencia de Verdad relativa a la práctica de torturas es algo que trasciende al reconocimiento público de su existencia. La cuantificación, personalización y el análisis de las mismas es algo de gran importancia, sí, pero difícilmente se podrán adoptar medidas encaminadas a asentar unas garantías de no repetición si, a la par, no se abren también vías que permitan la identificación y sanción de quienes las practicaron directamente y de aquellas otras personas que, sin mancharse directamente las manos, impulsaron desde sus superiores instancias policiales y políticas la comisión de estas prácticas.

En 1982, en plena “democracia”, antiguos miembros de la Brigada Político Social franquista (BPS), criadero de torturadores y criminales de todo tipo, dirigían nueve de las trece Jefaturas Superiores de Policía existentes en el Estado. Algo parecido sucedió con la Guardia Civil. Pues bien, visto esto, ¿quién puede asegurar que quienes practicaron de forma sistemática torturas durante los últimos diez, veinte o treinta años no se encuentran hoy mismo ostentando altos cargos en la actual Policía o Guardia Civil? Si nadie es identificado públicamente, ni tampoco sancionado, ¿cómo impedir que estos hechos vuelvan a repetirse y que la polilla de la impunidad que ha incubado durante décadas en cuartelillos y comisarías vuelva a reproducir nuevas larvas en cualquier momento?

Tanto en la CAV como en Nafarroa existen dos leyes (CAV: Ley 12/2016, de 28 de julio; Nafarroa: Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo), denominadas de “violencia policial”, que contemplan la creación de Comisiones de Valoración para el reconocimiento de las denuncias presentadas ante ellas y la adopción de distintas medidas de reparación. De ellas, la de Nafarroa está prácticamente por estrenarse en su funcionamiento, pero se cuenta ya con la experiencia de lo realizado en la CAV.

Es obligado señalar en cualquier caso que ambas leyes no son las inicialmente aprobadas por los Parlamentos Vasco y de Nafarroa, ya que éstas fueron anuladas en su día por el Tribunal Constitucional (TC). La razón aducida por éste se centró básicamente en señalar que las funciones atribuidas a estas Comisiones de Valoración invadían el ámbito competencial propio de los tribunales de justicia. Tras esto, ambos parlamentos autonómicos tuvieron que reelaborar y recortar las leyes aprobadas a fin de retirar a éstas las competencias referidas a la indagación de los hechos denunciados, la asignación de responsabilidades individualizadas y la calificación como delictivas de las violaciones de derechos analizadas. Su ámbito de actuación quedó así reducido al marco de lo básicamente administrativo, centrado en el reconocimiento del dolor ocasionado en cada caso y la vulneración de derechos cometida, pero sin poder entrar en mayores investigaciones, concreciones y calificaciones.

En los dos primeros años de funcionamiento de la Comisión de Valoración de la CAV (2020-2022) solamente fueron propuestos por ésta 81 casos de vulneraciones de derechos humanos para su reconocimiento y reparación. Es claro, pues, que de mantenerse este ritmo serán necesarias varias décadas para poder atender a las mil solicitudes que aproximadamente han sido presentadas. Pues bien, ¿cuántas personas que padecieron torturas y han solicitado este reconocimiento y reparación habrán fallecido para cuando sus peticiones hayan podido ser atendidas? Es necesario por ello incrementar substancialmente los medios humanos y presupuestarios del Gobierno Vasco para atender a las necesidades reales planteadas. De lo contrario, el derecho al reconocimiento y la reparación para todas las víctimas quedará fuertemente recortado.

En este sentido, un miembro cualificado de esta Comisión, el catedrático de la Universidad del País Vasco (UPV) y ex director de Derechos Humanos en el Gobierno Vasco, Jon Mirena Landa, señalaba en un artículo publicado en el diario Berria:

“En estas leyes, de entrada se ha rebajado el estándar de justicia: no habrá responsabilidades individuales, dejando de lado la justicia penal. Por lo tanto, desaparece de raíz el tratamiento igualitario y justo a las víctimas, puesto que solo se podrá proceder a la reparación y, la verdad, de modo parcial. Además, las leyes en Nafarroa y Euskadi, ya de por sí limitadas, están llenas de obstáculos Las zancadillas por el camino han sido incesantes…, la información para completar los expedientes no llega porque continúan ocultos, porque no se quieren sacar de las tinieblas… y no parece que se estén poniendo los recursos suficientes”.

De todos modos, si bien son encomiables estas medidas adoptadas a nivel autonómico para abordar la violencia policial cometida las últimas décadas (contratación del IVAC, reconocimiento público a las víctimas, otorgamiento a éstas de las obligadas indemnizaciones…), no podemos olvidar que la responsabilidad principal en esta materia se sitúa en el ámbito de las instituciones y gobiernos estatales, pues fue su policía nacional y su guardia civil, que no la policía foral de Nafarroa ni su Gobierno, los responsables de estas prácticas (en caso de la CAV, sin embargo, la Ertzaintza, también fue responsable de 336 de los 4.144 casos recogidos en el informe elaborado). Es por ello que los reconocimientos y reparaciones otorgadas en la CAV y Nafarroa no pueden ni deben actuar como cortina de humo que impida hacer ver las responsabilidades directas, primeras y principales de los gobiernos e instituciones estatales, aún por reconocerse.

b) El pleno acceso a la Justicia

Aunque resulto obvio decirlo, es preciso recordar que el sentimiento de justicia y su articulación a través de distintas instituciones y medios, es algo que ha atravesado todos los tiempos y todas las sociedades. Mucho más aún cuando se ha tratado de abordar las vulneraciones de los derechos básicos que deben sustentar la convivencia social, cual es el derecho a la integridad física de las personas, mucho más aún cuando aquellos son violentados por las propias instituciones encargadas de su garantía.

La exigencia de justicia, además, no puede confundirse con la práctica de la venganza, ni tampoco con el reforzamiento del punitivismo creciente que afecta a nuestro marco penal. Mucho más aún cuando vemos que la política penal y penitenciaria vigente en esta materia se basa precisamente en todo lo contrario: impunidad generalizada (Ley de Amnistía, no aplicación de la normativa internacional,…), obstáculos a su investigación (Ley de Secretos Oficiales, rechazo de las denuncias interpuestas…) y, finalmente, trato indulgente y guante de seda para los escasísimos casos en los que ha habido alguna condena (GAL, indultos,…). Esto, evidentemente, debe acabar ya sin dilación alguna.

La apertura plena de los juzgados y tribunales a las denuncias de malos tratos y torturas policiales y beneméritas (también, por supuesto, a los practicados por la Ertzaintza), es una exigencia ineludible. Por eso, si bien es plausible que los gobiernos autonómicos encarguen informes similares a los realizados por el IVAC, lo que deberían hacer a continuación (estamos hablando del delito de torturas, considerado como crimen contra la humanidad), es iniciar acciones judiciales para que estas conductas sean sancionadas. Que estos gobiernos, tan preocupados por la seguridad ciudadana (manifestaciones, piquetes de huelga, desobediencia civil, delitos de “odio”,…), miren para otro lado y guarden sin más estos informes en los cajones y estanterías de sus Servicios de “derechos humanos”, sin activarlos ante los Juzgados, es algo que clama al cielo. Al igual que también es escandaloso que los jueces, fiscales y tribunales a los que corresponde juzgar esas graves vulneraciones de derechos humanos, se llamen andana y silben de costadillo tras conocer los informes mencionados.

En este sentido, la exigencia de justicia debería necesariamente plantearse al objeto de lograr la adopción de, entre otras, las siguientes medidas:

– La inhabilitación absoluta de esas personas para el ejercicio de cualquier cargo o actividad, tanto pública como privada, relacionada con lo anterior. Conviene a estos efectos hacer hincapié en que esta medida es socialmente de mucho mayor interés que esas otras condenas tras las que, después de permanecer el condenado en la cárcel cortos espacios de tiempo, vuelve a integrarse a su anterior puesto policial e, incluso, ascendido a cargos de mayor responsabilidad. Tal pena supone, además, la privación de todos los honores que pudiera tener el responsable del delito.

– Hacer recaer sobre los causantes de estos delitos y sus patrimonios, de forma directa y principal, cuantas responsabilidades económicas (indemnizaciones por perjuicios materiales y morales, reparación de daños,…) se deriven de los mismos. La necesaria responsabilidad subsidiaria o solidaria del Estado en relación con la actuación culpable de sus funcionarios no debe ser así razón para excusar al maltratador y torturador del abono de daños e indemnizaciones correspondientes.

– La aplicación, cuando proceda, de aquellas sanciones sustitutivas de las penas privativas de libertad, cuales son la imposición de multas, la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, la sujeción a programas específicos de rehabilitación…, así como la prohibición para residir en determinados lugares…

– Y todo ello, evidentemente, sin excluir que en aquellos casos que por su gravedad o reincidencia revistan una importancia destacada, sean aplicables también las penas de prisión que correspondan. Gravedad que debe ser considerada, sobre todo, para con aquellos mandos policiales o autoridades públicas que hayan podido impulsar o consentir la práctica de estas vulneraciones a los derechos humanos más básicos.

Todo ello, evidentemente, servirá en buena medida para atajar en los medios policiales la práctica de malos tratos y torturas denunciada en los informes del IVAC, así como para acabar con la existencia de esos espacios opacos de impunidad y omertá de silencios y complicidades gremiales en los que se han convertido las comisarías policiales y los cuarteles beneméritos.

Notas:

[1] Los datos a los que nos referimos en este artículo son los contenidos en el Resumen del Informe dado a conocer por el IVAC el pasado 9 de enero. El contenido completo de éste aún no ha sido publicado, si bien esto se realizará en las próximas semanas.

[2] El IVAC es un Instituto de investigación de la Universidad del País Vasco, de carácter interdepartamental vinculado a la Sociedad Internacional de Criminología, a su vez órgano consultivo de la ONU.

[3] El anterior Gobierno “cuatripartito” estuvo presidido por Uxue Barkos (Geroa Bai) y apoyado a su vez por EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. El actual. presidido por María Chivite (PSN), cuenta también con la participación en el mismo de Geroa Bai y Podemos.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.