Un año después de la muerte de Gaddafi, la transición en Libia hacia la democracia sigue un proceso lento y costoso. La economía del país se encuentra bloqueada por el vacío institucional y por la incapacidad de las autoridades de controlar todo el territorio. Ante la cantidad de reformas pendientes, el sentimiento general de los […]
Un año después de la muerte de Gaddafi, la transición en Libia hacia la democracia sigue un proceso lento y costoso. La economía del país se encuentra bloqueada por el vacío institucional y por la incapacidad de las autoridades de controlar todo el territorio. Ante la cantidad de reformas pendientes, el sentimiento general de los libios se debate entre la satisfacción por haber derrocado al dictador y la inquietud por comprobar el resultado de la revolución.
El 20 de octubre de 2011, Muammar el-Gaddafi fue asesinado por los rebeldes libios en su ciudad natal, Sirte. Con su muerte se puso fin a 40 años de dictadura y control férreo de la población, y se abrió paso la esperanza de los ciudadanos que demandaban la democratización del país. Sin embargo, los nuevos líderes no han conseguido articular un nuevo sistema político efectivo que dirija el país y ponga fin a la violencia incontrolada de las milicias armadas.
Aun así, la mayoría de los libios todavía confía en el cambio democrático: «A pesar del deterioro de la situación económica de algunos ciudadanos, en particular los desplazados y los profesionales que se vieron demasiado afectados por la guerra, el sentimiento de libertad tras más de 40 años de esclavitud fue algo sensacional», asegura Suad Naser, periodista del diario As-Saha.
Uno de los mayores problemas de seguridad nacional está relacionado con la ausencia de autoridad policial y con el tráfico incontrolado de armas. Este último factor ha facilitado la proliferación de milicias en todo el país, cuyos miembros son los mismos combatientes civiles que lucharon en la guerra y consiguieron derrocar a Gaddafi. Otros son mercenarios extranjeros al servicio de la yihad, o de las franquicias regionales que se le atribuyen a Al-Qaeda. Además, las tribus no árabes del sur controlan esta zona, que se ha convertido en el área más incontrolada del país. El contrabando de petróleo y otras mercancías -incluidas personas y armas- se produce a través de esta frontera. Estos grupos operan en algunas zonas desérticas del país de forma incontrolada, con sus propios recursos y leyes. Se han convertido en una preocupación constante para los líderes políticos que aspiran a la transformación democrática de Libia.
Por otro lado, Amnistía Internacional ha presentado un informe en el que se denuncian los abusos que sufren los inmigrantes y refugiados subsaharianos en el país. Durante la era Gaddafi, podían ser detenidos de forma arbitraria por la policía, pero ahora la situación es incluso más grave. La creencia generalizada de que el líder libio recurrió a mercenarios subsaharianos para sofocar la guerra es una de las razones que sustenta este odio. A esto se añade la incapacidad para controlar a los grupos armados y el aumento de la inseguridad. La organización proderechos humanos «ha advertido de forma reiterada y constante a las autoridades libias de la amenaza que representan las milicias en el país. Les pedimos de nuevo que pongan freno a estas milicias y que hagan que rindan cuentas».
La coyuntura institucional en Libia tampoco es demasiado alentadora. Tras la caída del régimen gadafista se han sucedido diferentes Gabinetes interinos liderados por el Consejo Nacional de Transición -coalición creada por los rebeldes para copar el poder político del país- que han sido incapaces de formar un Gobierno sólido y eficaz. El día 7 de julio del 2012 se celebraron las primeras elecciones parlamentarias libias en 60 años y en ellas resultó vencedora, con el 48 % de los votos, la Alianza de Fuerzas Nacionales (una coalición compuesta por grupos liberales y prooccidentales). El hemiciclo quedó compuesto por una amalgama de partidos diferentes y esto ha dificultado la formación de un Gobierno fuerte.
Las negociaciones para nombrar un nuevo primer ministro que sustituyese a Mahmud Yibril -que ocupaba este cargo en funciones y lidera el partido ganador de las elecciones- se prolongaron desde que se derrocó al dictador hasta septiembre de 2012. Finalmente, los miembros del Congreso Nacional eligieron tras varias votaciones al número dos de la Alianza de Fuerzas Nacionales, Mustafa Abu Shagur, nuevo primer ministro. Sin embargo, su paso por el Ejecutivo fue breve y no tuvo consecuencias notables, ya que no logró formar Gobierno. Apenas un mes después de su nombramiento, el Parlamento aprobó una moción de censura.
El día 1 de octubre de 2012, la cámara legislativa otorgó su confianza a Ali Zeidan, que es actualmente el primer ministro. Dos semanas después propuso los miembros de su Ejecutivo; de las 30 personas que lo componían, la Comisión de Integridad -órgano nacional encargado de comprobar que ninguno de los ministros ocupó cargo alguno durante el antiguo régimen- dio el visto bueno a 24.
Estos cambios de liderazgo incrementan el vacío de poder institucional que sufre Libia y dejan al país en una extrema debilidad interna que se traduce en enfrentamientos violentos en las calles. El pasado 11 de septiembre, el asesinato de Christopher Stevens -embajador de Estados Unidos en Bengasi- y tres de sus asistentes supuso uno de los momentos de mayor tensión internacional desde la revolución. El atentado se atribuyó a una milicia islamista contra la que protestaron miles de personas durante los días posteriores como muestra de rechazo a la violencia. Pero no parece un hecho aislado; lo cierto es que los cargos públicos libios sufren una inseguridad constante, ya que los atentados y ataques contra las instituciones se producen con frecuencia. El último tuvo lugar el día 21 de noviembre de 2012 cuando el director de Seguridad Nacional de Libia, Faray ad-Darsi, murió a consecuencia de un ataque perpetrado por un grupo armado.
Pese a esto, los ciudadanos aún confían en la transformación democrática del país y así lo reflejan las protestas que se produjeron tras el asesinato del embajador estadounidense. Además, el jefe de la Misión de Apoyo de la ONU en Libia, Tariq Mitri, ha destacado en un informe presentado al Consejo de Seguridad los avances que se han producido en el país y ha advertido de los retos a los que tiene que hacer frente el nuevo Gobierno. A pesar de todo, la redacción de la nueva Constitución y la renovación del Ejército son dos de las grandes metas que el Ejecutivo se ha propuesto alcanzar.
La comunidad internacional se muestra dispuesta a ayudar a las autoridades libias a tomar el control de las calles. A mediados de noviembre del 2012, el Gobierno francés hizo pública su intención de ayudar a Libia mediante una «asociación estratégica» de defensa y seguridad. Por su parte, Rusia ha anunciado recientemente que reanudará el entrenamiento militar del ejército libio; esta colaboración empezó en la década de 1980 pero se suspendió tras la guerra civil del pasado año-. No queda claro si las iniciativas de cooperación están al servicio de la nueva Libia o solo protegen los intereses de los Gobiernos de los países que ofrecen la ayuda. Del mismo modo, tendrá que pasar algún tiempo para que se pueda comprobar si la asistencia internacional sirve para estabilizar el país y revitalizar la economía.
Fuente original: http://www.aish.es/index.php/es/component/content/article/112-claveslibia/4004-libia-12122012-la-transicion-democratica-se-ralentiza