Casi un año y medio después de su aprobación, el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual sigue creando polémica. Diversas organizaciones critican sus lagunas, tanto en la definición de la trata, como en la identificación y atención de las víctimas y la protección de sus derechos. […]
Casi un año y medio después de su aprobación, el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual sigue creando polémica. Diversas organizaciones critican sus lagunas, tanto en la definición de la trata, como en la identificación y atención de las víctimas y la protección de sus derechos.
El 24 de marzo, los ministerios de Igualdad e Interior valoraron positivamente el primer año de aplicación del Plan Integral y cifraron en 1.300 las víctimas identificadas y atendidas en 2009. Una semana antes, las organizaciones Proyecto Esperanza y Women’s Link Worldwide (WLW), integrantes de la Red Española contra la Trata de Personas, denunciaban la expulsión de una nigeriana, presunta víctima de trata con fines de explotación sexual, embarazada y amenazada de muerte en su país. La identificaron en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde solicitó acogerse al período de reflexión que permite la nueva Ley de Extranjería para migrantes en situación irregular que son víctimas de trata. No es un caso aislado. Viviana Waisman, directora de WLW, denuncia la «flagrante violación de derechos humanos por parte del Estado y su incumplimiento del deber de proteger a las víctimas, a las que se está denegando el derecho al período de reflexión porque el procedimiento carece de desarrollo reglamentario y las autoridades no saben cómo actuar».
Extranjería ‘versus’ derechos En julio de 2009, el informe de Amnistía Internacional (AI) Una vida sin violencia para mujeres y niñas: las otras víctimas de la violencia de género, violencia sexual y trata de personas recogía las denuncias de organizaciones como la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) sobre el «frecuente ingreso de víctimas de trata en los CIE, la mayor parte de las cuales son expulsadas a sus países sin garantías de seguridad». Según AI, la Policía no sigue ningún protocolo para identificarlas y les abre un expediente de expulsión desde el principio.
La nueva Ley de Extranjería ordena paralizarlo si la víctima «denuncia a los autores, coopera o colabora con las autoridades, proporcionando datos esenciales o testificando». Ello vulnera el Convenio contra la Trata de Personas del Consejo de Europa de 2005, que exige brindar asistencia integral a las víctimas de trata independientemente de si colaboran o no y de su situación administrativa. Muchas de ellas no tienen información suficiente sobre sus tratantes o no denuncian por miedo. Pero, incluso si lo hacen, eso no les garantiza protección: en mayo de 2009, el Tribunal de Justicia Europeo condenó al Estado español por no aplicar la directiva comunitaria 2004/81/CE que insta a expedir un permiso de residencia a las víctimas de trata que cooperen con las autoridades. Tampoco se les está brindando asilo por persecución por motivos de género, como prevé la Ley de Igualdad. Proyecto Esperanza considera fundamental «proporcionar una mínima seguridad a las familias de las víctimas ante las represalias de las mafias para amenazar, coaccionar y atemorizar a las mujeres en sus países de origen. En este sentido es fundamental una modificación de la Ley de Protección de Testigos».
Amnistía critica que el Plan «no contempla la trata con fines que no sean de explotación sexual ni medidas específicas para menores de edad«. También reclama una definición autónoma del delito de trata conforme a los protocolos internacionales, que distinguen el tráfico de migrantes (smuggling) de la trata (traficcking), que incluye los fines de explotación sexual, laboral, la esclavitud y la extracción de órganos. El anteproyecto de reforma del Código Penal incorpora esta acepción. AI lo valora, pero cree que debe ser un delito de derecho internacional y no ordinario.
Cifras confusas y controversia
La trata con fines de explotación sexual es la más visible y controvertida. Según el Grupo Socialista, las mafias internacionales controlan la prostitución. Según Amnistía, «incluso en la información del Instituto de la Mujer hay confusión entre trata de personas, tráfico de migrantes y prostitución». El colectivo Hetaira por los derechos de las prostitutas considera «vacías» las estimaciones de Interior e Igualdad y reclama «indicadores objetivos para identificar a las víctimas».
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-trata-una-realidad-oculta-y.html