Lo acaba de afirmar la relatora especial de la ONU, señalando que en la judicatura española existe un “patrón estructural” debido al cual las denuncias “de violencia de género contra la madre y de serias alegaciones de abuso sexual infantil no son tenidas en cuenta por los tribunales.
Al contrario, las madres que buscan protegerse a sí mismas y a sus hijos e hijas se perciben como obstáculos a la relación con el padre de éstos”. Es decir, las mujeres inventan, mienten y sobreactuan ante los tribunales para vengarse así de su ex marido o compañero.
“Perro no muerde a perro”, dice el refrán. Como en otros estamentos, la judicatura tiene un rasgo sexista importante. A pesar de que hoy en día el 54% de sus miembros son mujeres, sus más altas instancias, las que cortan el bacalao y crean jurisprudencia, están copadas por hombres. En el Tribunal Supremo, tan solo 10 de sus 81 componentes son mujeres (un 12,3%) y en el Tribunal Constitucional únicamente 3 de sus 12 miembros lo son (un 25%). Habrá quien piense que lo anterior no influye a la hora de dictar sus sentencias y que sus señorías son, en general, justos y equánimes. Si es así, ¡que Santa Lucía le conserve la vista”.
Se dice que en la mayor parte de los países la judicatura tiene una tendencia conservadora-liberal. A la del Estado español, sin embargo, esta afirmación le viene un tanto grande, pues le sobra lo de “liberal”. Es, sin más, de derechas o muy de derechas. La única asociación judicial progresista, “Juezas y jueces por la Democracia”, cuenta tan solo con un 10% de las 5.200 señorías que componen el cuerpo judicial. En el otro extremo, tal como ha señalado Joaquín Urías, ex-letrado del Tribunal Constitucional, “la Asociación Profesional de la Judicatura, la más de derechas, se hace con más del 50% de los votos en los procesos electorales de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo”.
En el sistema judicial español la criba se hace ya desde antes de que sus miembros vistan toga y puñetas. Tras terminar la carrera, es preciso pasar cuatro o cinco años enclaustrado (hace falta tener una economía personal o familiar muy saneada para ello) metiendo 8 o 10 horas al día, sin apenas contacto social alguno, pagándose cursos privados de preparación y memorizando más de 300 temas. En otros países, se prima mucho la capacidad intelectual, reflexiva y de síntesis de los aspirantes, así como su formación cultural. En el Estado español, no. Martín Pallín, ex-miembro del Tribunal Supremo, afirma así: “Es como si se le diera el control de un avión a alguien que ha acreditado conocer la ubicación geográfica de todos los aeropuertos, coordenadas, latitudes”.
Hay otra característica del sistema judicial español, aún más importante que la anterior, que viene de muy atrás. Tras finalizar la guerra de 1936-1939, la judicatura y fiscalía fue fuertemente purgada. Quedaron tan solo los más de derechas o cercanos al nuevo régimen. Los jueces (entonces no había juezas) participaron masivamente en los consejos de guerra realizados en y tras la guerra. Más tarde durante el franquismo, lo hicieron en las jurisdicciones especiales creadas para la represión política, sindical y social: Tribunales de Responsabilidades Políticas, Represión de la Masonería y el Terrorismo, Vagos y Maleantes, Magistraturas de Trabajo, Tribunal de Orden Público….
Para hacerse una idea de lo que se conformó entonces en el ámbito judicial, sirve lo dicho en 1944 por el ministro de Justicia, Eduardo Aunós, al defender la Ley de creación de la Escuela Judicial, donde se forjarían los nuevos jueces: “Pretendemos crear una milicia de la Justicia, unida a los ideales firmes del Estado Nacional (…) siempre dispuesta a seguir (…) las consignas del Caudillo y de la España Nueva”. Tan solo le faltó citar a la Santísima Trinidad como fuente del derecho. No es de extrañar así que hubiera un continuo trasvase de funcionarios judiciales y fiscales a los altos cargos ministeriales ya que, a fin de cuentas, las sentencias de unos y los discursos de los otros eran muy similares. También sus recortados bigotillos.
Como es sabido, durante la Transición el aparato franquista fue trasvasado íntegramente al nuevo régimen. Este último no solo tragó monarquía borbónica, cuerpos policiales, beneméritos y militares, sino también el personal íntegro procedente de su estructura política (Sindicato Vertical, Falange, Movimiento Nacional, Frente de Juventudes, Sección Femenina,..) y de las altas instancias ministeriales y judiciales. Entre estos últimos se encontraban muchos de los partícipes en la represión acordada en los consejos de guerra (penas de muerte, cárcel,…) y el Tribunal de Orden Público, quien en sus 14 años de existencia (1963-1977) encarceló a miles de personas. Todo fue reciclado.
A nadie puede extrañar así la condescendencia de la actual Judicatura para con el franquismo y sus crímenes. Los viejos jueces anidaron en el nuevo sistema y pusieron allí sus huevos. Y luego, ya se sabe, de padres gatos, hijos michinos: de aquellos polvos, los lodos actuales. No es casual así que ninguna de las querellas interpuestas por particulares, asociaciones, ayuntamientos y diputaciones reclamando justicia para los crímenes contra la humanidad de aquél régimen haya logrado pasar los umbrales de los denominados “Palacios de Justicia”. Todas han sido desestimadas y archivadas, sin abrir siquiera la posibilidad de celebrar juicio alguno. No es de extrañar así que se haya tenido que atravesar el océano para reclamar en Argentina la justicia que aquí se niega.
Me lo dijo “Chato” Galante, torturado por Billy el Niño, condenado en un par de ocasiones, encarcelado durante años en distintas cárceles españolas e impulsor incansable de la querella argentina: “Que no te quepa la menor duda, Sabino. Más que la policía, con todo lo que esta fue, la judicatura ha sido la peor herencia recibida de la dictadura franquista”. Sabía de lo que hablaba.
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