Uno ya no se sorprende de la demagógica diplomacia internacional desarrollada sin reparos ni remordimientos por los Estados pertenecientes al llamado Mundo Occidental, pero del mismo modo que uno ha agotado su capacidad de sorpresa, no puede evitar sentir una profunda sensación de indignidad en lo más profundo de las entrañas cuando no se condena, […]
Uno ya no se sorprende de la demagógica diplomacia internacional desarrollada sin reparos ni remordimientos por los Estados pertenecientes al llamado Mundo Occidental, pero del mismo modo que uno ha agotado su capacidad de sorpresa, no puede evitar sentir una profunda sensación de indignidad en lo más profundo de las entrañas cuando no se condena, e incluso se ampara y se da pábulo, como lo hace el gobierno de España, a dictaduras tiránicas como la que lleva gobernando Marruecos desde hace décadas. El pasado Domingo, 24 de octubre, la policía marroquí asesinaba a tiros a un niño saharaui de 14 años, Elgarhi Nayem Foidal. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones del campamento Gdeim Izik, un enclave que acoge ya a mas de 20.000 saharauis habitantes de la ciudad saharaui ocupada por Marruecos de El Aiun, que han decidido salir de la ciudad y organizarse en este campamento como medida de protesta ante la situación de discriminación laboral, económica y social que sufren, amén por supuesto, de la represión, tortura y humillación constantes al que el gobierno marroquí somete a diario desde hace años a los saharauis que viven en los territorios ocupados, considerados por la dictadura de Mohamed VI como ciudadanos de segunda y «enemigos de la patria».
Desde que los saharauis adoptaron esta legítima medida de protesta, las autoridades alauitas han intentado boicotear la misma interviniendo las gasolineras para que los Lands Rovers no puedan repostar y dirigirse al campamento, han tomado la matrícula de los vehículos que llegaban a la zona intentando así intimidar a los saharauis, han impedido la entrada de médicos a la zona e incluso obstaculizan el abastecimiento de agua del que depende el campamento. Por supuesto, la entrada de periodistas en el mismo está vetada. De hecho, el 16 de octubre, sobre las tres y media de la tarde, tres coches de la MINURSO intentaron acceder al campamento y fueron interceptados por la policía, impidiéndoles la entrada. Hace solo unos días, un grupo de periodistas españoles contemplaban atónitos como sus billetes de vuelo hacia El Aiun eran anulados en el aeropuerto de Casablanca, desde donde tenían previsto volar hacia la mencionada ciudad del Sahara Occidental. Hoy mismo, se siguen sucediendo las noticias, y parece ser que otro de los heridos en el ametrallamiento que acabó con la vida de Elgarhi puede haber fallecido en el hospital. Así mismo, la policía marroquí habría procedido a enterrar el cuerpo del primero de los fallecidos a escondidas y sin el permiso de la familia, a fin de evitar altercados. Las últimas noticias que llegan desde El Aiun son estremecedoras, el gobierno marroquí ha procedido a cerrar por completo el campamento, no se permite la entrada de ninguna persona al recinto, ni siquiera para traer agua o comida, sus habitantes, entre los que se encuentran mayores y niños, llevan un día bebiendo agua no potable de un viejo pozo presente en la zona. Pero aquí no pasa nada.
La reacción de la ONU ha sido nula, el Frente Polisario ya había pedido ayuda por escrito a la ONU en varias ocasiones ante el hostigamiento que estaban sufriendo los saharauis en el campamento, como respuesta, un indecente silencio que los convierte en cómplice de todo lo sucedido.
La Unión Europea, que por ejemplo mantiene una postura de condena feroz al gobierno cubano, al que exige de forma irrevocable para volver a establecer relaciones formales con la isla, que el gobierno de los hermanos Castro respete los derechos humanos, permite en cambio, que en Marruecos se violen de manera sistemática estos mismos derechos humanos, así como asiste impávido a las torturas y los asesinatos de los saharauis por parte de las autoridades marroquíes, y consiente que un pueblo entero sea condenado a vivir en el desierto durante más de treinta años habiendo sido expulsados de forma ilegítima de su propia tierra.
El gobierno de España, antigua potencia colonizadora del Sahara Occidental, vendió a los saharauis a Marruecos, abandonándolos a su suerte mientras el ejército marroquí bombardeaba con napalm a familias enteras que huían hacía el desierto ante el avance de la temida Marcha Verde, auspiciada y ordenada por el sanguinario rey Hassan II, padre del actual dictador Alauita. Ahora, se afana por no molestar al vecino africano, aun a costa del sufrimiento saharaui. Para nuestro actual gobierno parece que vale más el color del dinero en forma de bancos pesqueros o fosfatos, que la vida humana o la solidaridad con nuestros hermanos saharauis.
Todos ellos son cómplices de la política marroquí, y no hacen otra cosa que plegarse a los intereses capitalistas en la zona. Si el capital lo impone, ya no importan tanto conceptos como «Libertad de expresión», «derechos humanos» o «Legalidad Internacional». La ONU, la Unión Europea y el Gobierno Español vuelven a manchar sus manos de sangre saharaui.
Basta Ya. La ONU debe intervenir a la voz de ya y exigir de manera inmediata a Marruecos que permita la entrada de la MINURSO en el campamento a fin de garantizar la seguridad de sus habitantes. La Unión Europea, debe bloquear y paralizar el estatuto avanzado concedido a Marruecos, todos y cada uno de los fondos europeos de los que se beneficia el País Norte Africano, así como dejar de renovar el acuerdo pesquero entre Europa y Marruecos. Por su parte, la flamante ministra de exteriores del gobierno español, Trinidad Jiménez, debiera apostar por la justicia e imponer de manera unilateral la ruptura de las relaciones de España con Marruecos mientras el reino Alauita siga sin respetar la legalidad internacional.
El Campamento Gdeim Izik, conocido como Campamento de la Justicia y la Dignidad, es un nuevo ejemplo de la dignidad y la entereza de un pueblo como el Saharaui, cuya lucha ha sido condenada al olvido y el desprecio por los medios de comunicación, los poderes económicos y los representantes políticos que vertebran el sistema capitalista imperante. Pero la sociedad civil, todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que creemos firmemente en la justicia y el compromiso social seguimos llevando a los saharauis en nuestros corazones. Porque la razón les asiste seguiremos mostrando nuestra solidaridad con el pueblo saharaui, seguiremos movilizándonos por su causa, y seguiremos denunciando de manera inquebrantable los abusos de una dictadura tiránica y sanguinaria como la marroquí, que además de tener a su pueblo sumido en la miseria, viola flagrantemente los derechos humanos en su territorio y condena al exilio a un pueblo entero ocupando sus tierras y expoliando sus recursos naturales para venderlos al capital extranjero.
Juan Antonio González Molina es licenciado en historia por la Universidad de Sevilla
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