La multinacional naviera MSC ha anunciado que abandona sus proyectos en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Valencia (un espacio de 68 hectáreas junto al recinto portuario, para la distribución y transporte de mercancías), con el argumento de que se “rinde” ante la burocracia; la compañía con sede en Suiza añade que buscará “otros emplazamientos en un radio de 15 kilómetros”, informó el pasado 13 de noviembre la Agencia Efe citando al diario Levante-EMV.
Fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), dependiente del Ministerio de Transportes y promotora de la ZAL, declararon a Efe que la decisión de MSC “debería servir para que se tome buena nota de lo que pasa cuando se demoran los proyectos más de la cuenta”.
El teletipo de la Agencia añadía los argumentos de la patronal, basados en la competitividad y la generación de empleo; así, según la Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos Propeller-Valencia, “la judicialización de los proyectos y la tibieza del Gobierno (central) en torno a las grandes infraestructuras”, como las del Puerto de Valencia, “pueden provocar el desvío de grandes inversiones”.
De modo similar (“una mala noticia”) se expresó -respecto a la renuncia de MSC- el equipo de Gobierno municipal (coalición del PP y Vox) a través de su portavoz, Juan Carlos Caballero; afirmó que el Ayuntamiento de Valencia trabaja en revertir las barreras que por “sectarismo”, y por su “modelo ideológico”, había establecido el anterior ejecutivo (Compromís y PSPV-PSOE) a la inversión empresarial.
“¿La burocracia?”, se preguntaba el movimiento Per L’Horta -en las redes sociales, el 13 de noviembre- sobre el abandono de MSC; el movimiento ciudadano remarcaba que el suelo ocupado por la ZAL continúa con la calificación de especial protección agrícola, si se atiende a las diferentes resoluciones judiciales; en concreto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y el Tribunal Supremo.
Sobre el recorrido judicial de la zona logística, y sus novedades, daba cuenta un comunicado de Per L’Horta en las primeras fechas de noviembre; informaba de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Valencia examinará la demanda del colectivo ecologista “que solicita la declaración de nulidad de la reurbanización de la ZAL autorizada por el Ayuntamiento de Valencia y la recepción de las obras del sector”.
¿Qué implicaría la nulidad de las citadas actuaciones por parte del Juzgado? Según Per L’Horta, “la imposibilidad de ocupación de parcelas y de la construcción de naves en una zona que ha demostrado su inutilidad al haber estado desocupada por más de 20 años, a pesar de que las expropiaciones y la expulsión del centenar de familias que cultivaban la huerta de La Punta se llevaron a cabo aduciendo una supuesta urgencia en la ocupación”.
Con el fin de desarrollar el macroproyecto de la ZAL, todavía por ejecutar, en los primeros años de la década del 2000 las excavadoras destrozaron cerca de 70 hectáreas de huerta fértil; además de la deportación de vecinos (en muchos casos personas mayores, que padecían problemas previos de salud), las máquinas derribaron 200 alquerías, casas y barracas en la pedanía de La Punta.
El comunicado recuerda el itinerario por los tribunales (y las sentencias que dan la razón al movimiento ciudadano), que se suman a las reivindicación en las calles; en concreto, un fallo favorable del Tribunal Supremo del 17 de junio de 2009; la sentencia del TSJCV del 13 de marzo de 2013, confirmada por el Tribunal Supremo en mayo de 2015, y “que anularon versiones anteriores del Plan Especial de la ZAL”.
Asimismo “la enésima versión de aquel Plan, aprobada en 2018, fue nuevamente anulada por dos sentencias consecutivas del TSJCV dictadas el 31 de marzo y el 6 de julio de 2022”, destaca el movimiento ciudadano.
Per L’Horta forma parte de la Comissió Ciutat-Port, junto a otros colectivos vecinales, ecologistas y organizaciones sindicales, como Acció Ecologista Agró, Ecologistes en Acció, El Litoral per al Poble, Juventud por el Clima o la plataforma València Saludable; constituida en 2019, la Comissió rechaza la ampliación Norte del Puerto de Valencia y en un manifiesto, al que se adhirieron más de un centenar de asociaciones, denuncia el “empeño del Puerto de Valencia en la activación de la ZAL”.
Según el miembro de Per L’Horta, Antonio Montiel, “con un cúmulo de decisiones judiciales en contra resulta inexplicable el empeño del Puerto en proseguir con actuaciones en la ZAL que son contrarias al Plan General (de Valencia) y que, de ejecutarse, podrían generar la obligación de indemnizar después a las empresas que se establecieran en un suelo que continúa siendo no urbanizable, y sólo apto para uso agrícola”.
Uno de las explicaciones aportadas es que la Autoridad Portuaria trate de establecer una “política de hechos consumados”; además Montiel subraya que la plataforma se ha dirigido en diferentes ocasiones al Ayuntamiento para solicitar que no se admitan obras nuevas de reurbanización de la ZAL, en los terrenos degradados tras décadas de abandono por parte de la APV.
Sin embargo, el movimiento ciudadano no ha logrado que, durante el mandato de la coalición progresista (Compromís y PSPV-PSOE), la institución municipal anulase la citada autorización de reurbanización.
¿Implican los últimos cambios en la Autoridad Portuaria una puerta abierta a la derogación de la ZAL? El pasado 19 de septiembre fue designada nueva presidenta de la APV, Mar Chao López, por acuerdo del Pleno del Consell.
Entre 2006 y 2009 Mar Chao ejerció como directora general de Transportes de la Xunta de Galicia y -antes que en 2017 empezara a desempeñarse como directora comercial de la APV-, ocupaba un alto cargo en la compañía privada (de servicios portuarios) Reyser; también fue, desde enero de 2022, responsable del área de transporte multimodal de la transnacional Inditex.
La asociación Propeller evaluó de modo positivo el nombramiento de Chao López, y su “perfil técnico”; la presidenta, que mantiene la apuesta por los grandes proyectos como la ZAL, se incorporó en octubre de 2023 a Propeller como socia y, en una etapa anterior, formó parte de la junta directiva de esta entidad empresarial.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP (que gobierna el País Valenciano en coalición con Vox), celebró la renovación y calificó a Mar Chao como “la mejor profesional”; Mazón ha nombrado al eurodiputado del PP, exministro de Asuntos Exteriores durante el ejecutivo de Rajoy y figura habitual en las tertulias mediáticas, José Manuel García-Margallo, miembro del Consejo de Administración de la APV.
Al gran consenso en torno a la zona logística se suman titulares periodísticos como el de la sección de Economía del periódico Levante-Emv, el 20 de noviembre: “El bloqueo de la ZAL del Puerto de Valencia contrasta con el auge en el resto de España. Cartagena y Santander proyectan nuevas áreas”.
¿Qué plantea Per L’horta frente a la expansión portuaria y el megaproyecto de ZAL, que califica de “fantasma”? Por una parte, que los terrenos vacantes se destinen a una conexión verde entre los parques naturales del Túria y L’Albufera; además, la recuperación para el uso público de los terrenos expropiados hace más de dos décadas en la pedanía de La Punta, “y que no han sido nunca usados para la finalidad industrial que justificó la violenta expulsión de sus vecinos y labradores”.
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