Las organizaciones, que según la ley deberían ser consultadas, no saben en qué se basa el ejecutivo para estar tan seguro
España ha vendido en 2009 un 44% más de armas que en 2008 y ha triplicado la cantidad autorizada en 2004. Los titulares insinúan que el Gobierno ha abierto la mano en tiempos de crisis para hacer caja y compensar la caída del 16% en la exportación de productos españoles de todo tipo. Este incremento casi del doble ha dejado de piedra a las organizaciones sociales que trabajan por el control de la venta de armamento y a los colectivos que luchan contra la represión y la violencia en países como Irán, Venezuela, Marruecos, Colombia o el sudeste asiático.
La secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, defendió ayer en el Congreso que todo el material exportado, por valor de 1.346 millones de euros, está libre de violaciones de los Derechos Humanos, que en ningún caso alimentan conflictos en curso o latentes y que tampoco han sido ni serán utilizados con fines de represión interna, tal y como fija la ley. Iranzo dice que se «analiza caso por caso y de manera completa cada operación», como también dice la ley, obteniendo todas las garantías legales del país comprador.
Sin embargo, las exportaciones se autorizan en una mesa cuyas actas y deliberaciones son secretas e Iranzo no ofreció ninguna garantía en forma de documento que alivie la sospecha pública de las organizaciones sociales y del parlamento.
En una carta remitida al Ministerio de Comercio a principios de mayo, Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam o la Fundació per la Pau exigieron al Gobierno que cumpliera la ley, que obliga al Ejecutivo a tomar en cuenta los informes internacionales de organizaciones especializadas en derechos humanos para valorar en qué casos se debe autorizar la exportación de armamento y en qué casos no.
El caso más claro es el de Israel. Tanto la mayoría de las organizaciones especializadas en derechos humanos como la siempre moderada Naciones Unidas han condenado la forma de actuar israelí e incluso han refrendado oficialmente las acusaciones de «crímenes de guerra». Sin embargo, España autorizó la venta en 2009 de material de defensa a Israel por valor de 3,5 millones de euros, incluyendo «bombas, torpedos, cohetes y misiles» compradas por el Ejército de Israel.
En la carta de las ONG, éstas se mostraban especialmente preocupadas por el acuerdo comercial desvelado por periodismohumano entre una empresa española, Aries Ingeniería, y un proveedor del Ejército de Israel, para la venta de tecnología de aviones no tripulados como los que se han utilizado en ataques sobre Gaza o Líbano.
Sólo semanas antes, conocíamos el mapa de los destinos «muy preocupantes» de las armas españolas durante el primer semestre de 2009, donde ya figuraban ventas importantes a Israel, Sri Lanka, Venezuela, Irán, Colombia o Marruecos. El año ha terminado confirmando a Tailandia, Malaisia, Flilipinas o Indonesia también como clientes de las empresas españolas de armamento.
En ese sentido, el pasado 9 de abril se producía la primera denuncia oficial a España por vender armas a Marruecos. Fue interpuesta ante el Gobierno por un buen número de organizaciones prosaharauis, que ahora critican que el propio Ejecutivo se niegue a tramitar la denuncia «por el carácter secreto de las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU)», esa de la que ya os hemos hablado.
Para el caso de Marruecos, Iranzo afirma que las autoridades españolas «han exigido» en cada solicitud «documentos de control muy estrictos» y que los 286 vehículos todo terreno, ambulancias, camiones cisterna y piezas de aeronaves valorados en 31,1 millones de euros no han sido destinads «en ningún caso» a su uso en el conflicto saharaui.
Las organizaciones prosaharauis muestran su «más profunda decepción con el pronunciamiento de la Secretaria de Estado de Comercio que se contrapone con las declaraciones de diferentes miembros del Gobierno español, y con las del presidente del ejecutivo español quien, aparentemente, pretendía convertir la defensa y promoción de los Derechos Humanos en un eje de su labor de gobierno». En la misma línea, acusando al Gobierno de «hipócrita» y «falso pacifista», se ha expresado el periodista Gervasio Sánchez, cuyo trabajo sobre el efecto «colateral» de las armas en las poblaciones en conflicto ha merecido gran reconocimiento.
Los datos definitivos de 2009 han tardado en hacerse públicos 6 meses, como suele suceder. En esto hace autocrítica el Ministerio de Comercio, que dirige la gestión de las exportaciones de armas por encima del de Exteriores o el de Defensa, que sí que aporta una novedad que mejora la transparencia del proceso: por primera vez, se han hecho públicas las operaciones de venta denegadas, entre las que destacan una solicitud de compra de materiales de descontaminación nuclear, radiológica, bacteriológica y química por parte de Siria o de vehículos de guerra por parte de Georgia.
Fuente: http://periodismohumano.com/economia/las-armas-espanolas-en-zonas-de-conflicto-cuestion-de-fe.html