Durante los meses de abril, mayo y junio de este año se llevó a cabo la segunda ronda de encuentros del Grupo de Trabajo sobre Petróleo y otras Industrias Extractivas (GTP-IE) con comunidades de las distintas regiones del país. Estas reuniones encuadran una de las preocupaciones más acuciantes del pueblo guineense, como son las varias […]
Durante los meses de abril, mayo y junio de este año se llevó a cabo la segunda ronda de encuentros del Grupo de Trabajo sobre Petróleo y otras Industrias Extractivas (GTP-IE) con comunidades de las distintas regiones del país. Estas reuniones encuadran una de las preocupaciones más acuciantes del pueblo guineense, como son las varias explotaciones mineras que se proyectan a lo largo del país: bauxita en la región de Gabu, fosfato en la sección de Farim, petróleo en el archipiélago de las Bijagós y arenas pesadas (zirconio, ilmenita, rutilo…) en la zona de Varela. Frente a la posibilidad de que las explotaciones se produzcan realmente, y los riesgos medioambientales y sociales que conlleva toda actividad minera o petrolera, en 2005 se constituyó el GTP-IE, red que agrupa a muy diversos actores, entre los que se encuentran ONGs nacionales e internacionales, organismos gubernamentales, instituciones internacionales y coaliciones o asociaciones civiles 1
Esta segunda ronda de encuentros tuvo como objetivo reforzar los conocimientos técnicos y la participación de las poblaciones locales afectadas por las posibles explotaciones mineras, así como su capacidad de negociación frente a las empresas. Para ello, a través del GTP-IE, expertos en distintas áreas (medio ambiente, jurisdicción, geología, economía…) se trasladaron a las comunidades rurales para informar a las sociedades campesinas sobre los previsibles impactos socioambientales de las industrias extractivas, las características de los yacimientos existentes, la legislación vigente en materia de protección ambiental y las herramientas de que disponen para poder participar en el proceso de toma de decisión. Por su parte, conscientes de los peligros que conllevan las explotaciones de recursos a gran escala, algunas comunidades se han organizado y han protagonizado acciones en defensa de sus derechos e intereses. Así pues, en 2007 un grupo de campesinos y campesinas de once aldeas del Sector de Farim (región de Oio, norte del país), donde se está planeando el inicio de la explotación de fosfatos, se unieron con el fin de mejorar su posición frente a las empresas mineras y crearon la Comisión Población, Fosfato y Desarrollo Local , mejorando su capacidad negociadora frente a la empresa que actualmente está realizando las prospecciones en Farim (Guinné Bissau Minerais, empresa estatal) . Igualmente, frente a la posible explotación de bauxita en la región de Gabu, los campesinos han formado la Plataforma Horizontal, y otras comunidades están haciendo lo propio en sus regiones.
Por otro lado, con el objetivo de impulsar los esfuerzos de organización y coordinación de los campesinos que serán previsiblemente afectados por las explotaciones mineras, fue organizada una visita de intercambio a la región de Thies (norte de Senegal). Este encuentro, realizado a principios de mayo, tuvo como objetivo el intercambio de experiencias con comunidades senegalesas afectadas por la explotación de fosfatos en dicha región, en marcha desde los años 60, y la explotación de arenas pesadas, que se encuentra en su fase de inicio. La comitiva, compuesta de campesinos del sector de Farim y la zona de Varela, periodistas y otros miembros del GTP-IE, tuvo la oportunidad de conocer los impactos socioeconómicos y ambientales de las explotaciones mineras en la región de Thies y la manera en que las poblaciones locales se han organizado frente a las mismas, al mismo tiempo que aportó su propia experiencia en la materia.
Guinea Bissau es un país rico en recursos mineros que, al contrario que los países vecinos (Senegal, Guinea Conakri, etc.), no ha explotado hasta la fecha. Los minerales que distintas empresas, en su mayoría extranjeras, pretenden extraer, son de una gran demanda mundial, y su explotación podría ser beneficiosa para un país con un elevado índice de pobreza (según informe de PNUD 2011) y al que la mayoría de estados y agencias de ayuda internacional dieron la espalda tras el golpe de estado de hace un año, cuyas consecuencias recaen directamente sobre una población ya de por sí en situación de vulnerabilidad. No obstante, las zonas en que estos minerales se encuentran son de una gran fragilidad, algunas declaradas Parque Natural o Reserva de la Biosfera, como el archipiélago de las Bijagós o el Parque de las Lagunas de Cufada. Por otro lado, algunas de las potenciales explotaciones presentan complicaciones añadidas, como la extracción de fosfato en el Sector de Farim. El yacimiento de fosfato se encuentra a una profundidad de 30 ó 40 metros, mientras que el nivel freático se sitúa a unos diez metros bajo el suelo. Todavía no está claro si la tecnología que permitiría sacar el inmenso volumen de agua del suelo para acceder al recurso minero sería o no rentable, pero en cualquier caso, y según técnicos de la Célula de Evaluación Ambiental (CAIA), no haría desaparecer el riesgo de introducción de agua salada que afectaría de manera dramática a los cultivos de otras regiones. En cuanto al proyecto de explotación de petróleo en el archipiélago de las Bijagós, cualquier accidente podría tener consecuencias desastrosas. Las poblaciones de este archipiélago han vivido tradicionalmente en total armonía con la naturaleza, obteniendo de ella todos los recursos para su supervivencia. Los vertidos de petróleo nunca encuentran fácil solución, y sería aun más difícil lograrla en un país con la inestabilidad política de Guinea Bissau. Por otro lado, hay que subrayar que entorno al 85% de la población guineense vive directamente de los recursos proporcionados por su entorno natural inmediato, a través de la agricultura, la pesca, la ganadería o la recolección, y que las explotaciones mineras a cielo abierto, como serían la explotación de fosfato en Farim o de bauxita en Gabu, hacen desaparecer esos recursos, desde los animales hasta el propio suelo, pasando por las plantas. Además, la experiencia muestra que, lejos de recibir beneficios, las poblaciones residentes en las áreas donde se producen explotaciones mineras o petroleras sufren la contaminación de agua, suelo y aire, además de perturbaciones sociales, y no llegan a recibir los beneficios prometidos por las empresas mineras. Las empresas mineras suelen prometer la compensación por los daños y la restauración del entorno natural, pero tales promesas raramente se ven cumplidas.
Por todo lo anterior, la información y el empoderamiento de las poblaciones se muestran como elementos imprescindibles si se quiere tratar de evitar situaciones trágicas como las presentes en el delta del Níger o tantos otros lugares donde la riqueza del subsuelo se transformó en violencia y miseria para los habitantes del lugar.
1.- Dirección General de Geología y Minas, Dirección General del Medio Ambiente, Dirección General de los Bosques y la Fauna, Red de Parlamentarios por el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, PETROGUIN – departament del gobierno encargado de la gestión del petróleo- Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN), Instituto de la Biodiversidad y las Áreas Protegidas (IBAP), Swissaid, Tiniguena, Natinyan, Placon-GB, Célula de Evaluación del Impacto Ambiental (CAIA), KAFO, Movimiento Nacional de la Sociedad Civil por la Paz, la Democracia y el Desarrollo, Red Eco-journalistas y Coalición Publish What You Pay .
Ivanka Puigdueta, licenciada CC Ambientales, especialista en Cambio Climático y cooperante de SODEPAZ en Guinea Bissau
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.